Después de 10 meses de devaneos, el Presidente de la República ha dado a conocer lo que será el proyecto de reforma tributaria. Como se esperaba, la propuesta hace permanente el aumento del Impuesto de Primera Categoría de 17 a 20%; reduce las cargas a los tramos del impuesto de segunda categoría, permite descontar gastos en educación a los grupos de mayores ingresos, introduce cambios menores al impuesto específico a los combustibles y toma medidas tímidas para reducir la elusión y evasión tributaria. Todo ello para recaudar entre US$ 700 y 900 millones o 0,3 puntos del PIB.
Lo positivo es que se proponga una reforma tributaria. Lo negativo: un discurso altisonante para una reforma que recauda poco y que por tanto no resuelve la desigualdad del sistema educativo, que favorece a los más ricos y que no aborda el gran problema del sistema tributario chileno, los pobres pagan proporcionalmente más impuestos que los ricos.
1.000 millones de dólares no alcanzan para cubrir los requerimientos básicos en materia de educación. Pero además, al mantener la precaria propuesta de duplicar la subvención escolar preferencial en un plazo de 8 años y, al mismo tiempo, proponer que los que pagan impuesto a la renta (entre un 12 y un 18% de los contribuyentes) puedan descontar de la base tributaria hasta un millón de pesos de gastos en educación profundiza las inequidades del sistema tributario y con ello como ha señalado Mario Waissbluth el “apartheid educativo”, lo que genera nefastos resultados educativos, y separa aún más a las ya separadas y mutuamente desconfiadas clases sociales en Chile.
Generar las condiciones de una efectiva igualdad de oportunidades, como ha estimado Educación 2020, implica destinar US$ 1.250 millones para lograr una cobertura de 100% en educación preescolar; US$ 4.000 millones adicionales para duplicar la subvención general para educación básica y media de los $48 mil actuales a $100 mil por alumno; requiere US$ 4 mil millones de aporte fiscal adicional; y US$ 2.000 millones para alcanzar la gratuidad en la educación superior para aquellos alumnos provenientes de la educación municipal y particular subvencionada.
A esto se suman requerimientos en previsión: los problemas del sistema de AFP sugieren que el Estado va a tener que aportar cuantiosos recursos para asegurar pensiones dignas. En salud hay que mejorar la gestión, hay que dejar de seguir comprando servicios caros al sector privado pero es inevitable aumentar los ingresos públicos para enfrentar las inversiones requeridas y aumentar el número de médicos, en particular los especialistas para garantizar buena y atención oportuna. Desarrollar la I&D y apoyar en serio a la PYME para transformarla en un pivote de una economía moderna, requiere también importantes recursos.
La reforma tributaria no sólo mantiene la injusta situación de que el quintil más pobre de la población paga proporcionalmente más impuestos (25,7% de sus ingresos) que el quintil más rico (que paga en promedio sólo 22,1% de sus ingresos) sino que profundiza la injusticia del sistema tributario. En efecto, tanto la reducción de los tramos del impuesto de segunda categoría como la posibilidad de descontar de la base tributaria los gastos en educación, favorece fundamentalmente al 10% más rico. Para favorecer efectivamente a los más pobres y a los sectores medios de verdad sería necesario aumentar el nivel exento del impuesto a la renta hasta 750 mil pesos (ya pagan mucho por concepto de IVA) y aumentar los ingresos sujetos a las tasas mayores de este impuesto.
En materia de impuestos a las empresas es positivo que al menos se mantenga la tasa de 20%, pero el impuesto debe aplicarse a las utilidades devengadas y se debe eliminar gradualmente el FUT, esencial para terminar de verdad la evasión y la elusión tributaria que protagonizan las personas de mayores ingresos. Sólo así se lograrán los recursos necesarios para enfrentar los desafíos que debemos superar para alcanzar el desarrollo sustentable. La experiencia internacional y también la nuestra deja en evidencia que esta política no afecta la inversión. Ello debido a que la carga tributaria seguirá siendo menor que la de nuestros competidores y la inversión en la gente y en la pequeña y mediana empresa que permitirían los nuevos recursos, tendría un efecto importante en la inversión y el empleo.
La propuesta presidencial queda también al debe pues su iniciativa en materia de impuestos verdes es demasiado inocua y no pone en la discusión el royalty sobre los recursos naturales.
Es por esto que la reforma propuesta no contribuirá a reducir la desigualdad y hacer realidad la promesa incumplida de la igualdad de oportunidades.
* Eugenio Rivera es director del Programa Económico de la Fundación Chile 21
** Sobre este mismo tema te invitamos a leer las entradas de Elías Bravo, «¿A quiénes favorece la reforma tributaria de Piñera?» y Ricardo Lagos, «Respeto por las palabras».
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Foto: www.fotopresidencia.cl
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