Los vecinos honestos no quisiéramos ver más adelante que haya alguna relación entre empresas beneficiadas por el no cobro de patentes u otorgamiento de concesiones y algún aporte a alguna candidatura política.
Participación Ciudadana
Ha habido una larga cadena de incumplimientos legales por parte de esta Municipalidad, tanto respecto a la ley 20.500, como al reglamento de organizaciones de la sociedad civil de la comuna, a la constitución mediante elecciones del Consejo correspondiente y finalmente a la redacción de la Ordenanza municipal de participación ciudadana. Se requirió la intervención de Contraloría, la que nos encontró la razón, pero lamentablemente la ley no estableció sanciones para las municipalidades que incumplen la ley.
No hay duda que el desamor de la municipalidad por varias juntas vecinales viene desde que hizo una consulta vecinal para aprobar su proyecto de conversión de la Plaza Los Dominicos en un mini Mall que la ciudadanía rechazó por abrumadora mayoría. Después de eso, el año 2011, presentamos los primeros reclamos contra la eliminación de áreas verdes en el Parque Araucano, debido al proyecto del llamado Parque Acuático y al intento de construir un nuevo edificio para la Dirección del Tránsito. En ellos intervino Contraloría que inicio investigaciones que aún no terminan y además la SEREMI de Vivienda y Urbanismo se opuso a la construcción de otro de edificio en el interior del Parque. En estos casos la municipalidad ya no se atrevió a hacer consultas vecinales.
Actualmente está en curso una denuncia hecha ante la Superintendencia del Medio Ambiente, debido a que la empresa concesionada (Entretenciones Boetsch) no hizo inicialmente un «estudio» de impacto ambiental sino que solo emitió una «declaración», lo que fue aceptado calladamente por la municipalidad.
Con este escenario de oposición ciudadana a las acciones provenientes de la ilustre corporación, se ha llegado ahora a otro hito. En el orden de las cosas, primero fue la ley, después (cuando se hizo el reglamento) se aprobó una mala copia del “reglamento tipo” que había hecho la SUBDERE y que oportunamente fue cuestionado por Contraloría. Cuando se hizo la elección de Consejo se hizo mediante votación, pero el Vicepresidente no se eligió sino que se “aclamó” una proposición del Alcalde a favor de una persona que no representa ninguna organización social, sino que opera como abogado de una empresa de telecomunicaciones. Pero la Ordenanza municipal no había sido hecha.
En el orden natural de las cosas debió haberse hecho primero una Ordenanza municipal de participación ciudadana (para lo cual existía plazo hasta el 16 de agosto del 2011) y no se hizo oportunamente, hasta el día de hoy. Después de eso debió hacerse el reglamento, pero se creó una mala copia de otro reglamento cuestionado, por lo que debe hacerse uno nuevo que sea aceptado por Contraloría. Después del reglamento copiado se hizo una “elección” dudosa, en la cual se dejó afuera incluso a nuestra junta vecinal “debido a errores administrativos”.
Aparte de las desprolijidades señaladas, si uno va al sitio web de la municipalidad, aparece la Ordenanza de participación N° 2460, del 24 de septiembre de 1999 y no aparecen modificaciones posteriores. ¿Por qué no aparecen? Porque el Concejo municipal comenzó a discutir las modificaciones “por partes”. La primera se hizo en la sesión del Concejo N° 342 del 24 de junio de 2013 (casi dos años después de vencido el plazo) y la segunda se continuó en la sesión del 22 de julio recién pasado (que aún no ha sido publicada).
Debe entenderse entonces que la nueva ordenanza está en proceso de redacción y, en resumen, no hay una ordenanza publicada sino solo retazos de textos incompletos. ¿Les parecerá a los concejales que esa sea una forma prolija de hacer las cosas?
Patentes morosas desde el 2009
Por otra parte, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó una decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó a la Municipalidad de Las Condes entregar el listado de morosos con deudas anteriores a 2009 por concepto de patentes municipales. El caso se originó en una solicitud presentada por un particular en junio del año pasado, la que había sido denegada por el municipio.
Este había argumentado que los antecedentes pedidos afectaban la honra y derechos económicos de los deudores. Ante ello, el particular recurrió al Consejo, el cual resolvió unánimemente en su favor, estableciendo que la información sobre el pago de derechos municipales es de carácter público, al igual que la identidad de los deudores y el monto adeudado.
Frente a ello, la municipalidad presentó un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, la cual, sin embargo, ratificó los criterios del Consejo. Así, hizo notar que “la información requerida es pública, en tanto forma parte del acto municipal, a través del cual se persigue el cobro de las obligaciones morosas o su castigo, así como por tratarse de información elaborada con presupuesto público”. Teniendo, además, un origen legal –estimó-, no corresponde aplicar a ella las normas sobre protección de datos personales.
En el razonamiento del tribunal y tratándose de una deuda de carácter tributario, ella “constituye un reflejo de las cargas públicas, e involucra un evidente interés público que justifica su publicidad”.
La decisión fue adoptada por unanimidad de los ministros.
Premio
A la inversa de todo lo anterior, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) declaró que «Las Condes encabeza ranking de buena gestión comunal».
Se toman en consideración 5 indicadores: el cumplimiento en la entrega de información que se debe reportar anualmente a Contraloría, la eficacia en el cobro de patentes municipales, nivel de endeudamiento previsional, cómo es la gestión de ingresos en relación a los gastos internos y la gestión de proyectos durante el último año.
Las Condes es la comuna con mejor gestión municipal, según el ranking que desde al año 2012 elabora la Subsecretaría de Desarrollo Regional y que entrega un premio en dinero como incentivo.
De esta manera, la municipalidad recibirá 357 millones de pesos, fondos que se pueden destinar a proyectos, infraestructura o equipamiento.
«Es un incentivo para el trabajo de los municipios y un indicador de que las cosas se están haciendo bien, de que los recursos están bien empleados, que existe un orden, una planificación», dijo el alcalde Francisco de la Maza al recibir la noticia.
¡Exigimos una explicación!, diríamos junto a Condorito. Los vecinos honestos no quisiéramos ver más adelante que haya alguna relación entre empresas beneficiadas por el no cobro de patentes u otorgamiento de concesiones y algún aporte a alguna candidatura política.
* El autor es actual representante de la Junta Vecinal Plaza Valenzuela Llanos en la Mesa de Seguimiento de la Implementación de la ley 20.500 y en los Consejos de la Sociedad Civil de las Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones.
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