Quien siembra huracanes… cosechas vacaciones indefinidas o peor aún, vacaciones indeseadas. Nadie en su sano juicio desea o invoca un fenómeno natural que causa efectos indeseados o inesperados; tan inesperados como afectar al propio invocador que al respaldar métodos represivos propios de organismos como la STASI o la DINA, contribuye muy poco a la solución de fondo que aún, luego de 27 años de gobiernos democráticos, espera el asunto indígena en nuestro país. Sí, nótese: nuestro país.
La fórmula de represión condimentada con acciones como el uso de instrumentos jurídicos ilegítimos, testigos sin rostros, allanamientos masivos, investigaciones sostenidas en pruebas débiles o inventadas y operativos mediáticos sólo constituyen el repertorio básico de un sector político y económico de la derecha anti democrática que bajo el alero de la retórica del miedo y la inseguridad, sólo busca ganar réditos electorales (de ahí que se crea un “ambiente” de supuesta inseguridad e ingobernabilidad en períodos como el actual) con la entusiasta participación de sectores políticos supuestamente más democráticos, plurales y culturalmente más inclusivos.
Respaldados por organismos internacionales especialistas en la materia lo diremos una y mil veces: en Chile, y especialmente respecto de la demanda indígena, no se dan las condiciones para calificar como “terroristas” a actos violentos y puntuales que, obviamente, deben ser investigados y juzgados respetando el Estado de derecho lo que implica trato justo, igualitario y no discriminatorio para todos y el respeto irrestricto de la legislación nacional y, especialmente, de la legislación internacional referida a pueblos indígenas.
Esperaríamos que este y futuros gobiernos anuncien con la misma fuerza que anuncian una operación policial claramente discriminatoria, un programa social destinado a enfrentar definitivamente la condición de pobreza y vulnerabilidad que aqueja históricamente a nuestra región de La Araucanía
Esperaríamos que este y futuros gobiernos anuncien con la misma fuerza que anuncian una operación policial claramente discriminatoria, un programa social destinado a enfrentar definitivamente la condición de pobreza y vulnerabilidad que aqueja históricamente a nuestra región de La Araucanía (donde conviven chilenos mapuche y no mapuche) y esperaríamos que todas las investigaciones se ajusten a los principios de juicio justo, presunción de inocencia y proporcionalidad de las condenas y de las medidas cautelares y no estemos dando el espectáculo de un juicio mediático, basado en supuestos mensajes (que perfectamente pueden ser “creados”) para sostener una supuesta asociación “terrorista”. Hasta ahora la única asociación terrorista que ha operado en Chile fue la DINA que ejecutó la peor manifestación del terrorismo; el terrorismo de Estado del que, paradojalmente, hemos sido víctimas históricamente los mapuche.
Esperamos que nunca más un político con aires de vaquero o soldado universal propicie, ampare o fomente una operación que sólo se aplique a indígenas y no a otros que causan verdadero terror en la sociedad como las redes de corrupción en la policía, los copy paste en el Congreso, las empresas de servicios básicos o productos de consumo masivos coludidas o las industrias irresponsables que obtienen pingües ganancias con financiamiento público a costa de la pobreza de las comunidades y el deterioro ambiental
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