¿Chile es un país digitalmente avanzado? A simple vista, los números parecen confirmarlo. Según el Speedtest Global Index de OOKLA (2025), Chile ocupa el 6º lugar a nivel global en velocidad de banda ancha fija, con un promedio de 276,77 Mbps. La ciudad de Valparaíso lidera el ranking mundial, superando a ciudades tecnológicamente avanzadas como Pekín y Abu Dhabi, con 321,85 Mbps de velocidad promedio (Prensario TILA, 2024). Además, el 72,4% de las conexiones de internet fijo en el país corresponden a fibra óptica, posicionándolo como líder en América Latina (SUBTEL, 2024).
Pero si Chile tiene la infraestructura, ¿Por qué seguimos viendo filas interminables para realizar trámites que podrían hacerse en línea? ¿Por qué, mientras saturamos las redes con videos en TikTok o Instagram, todavía no hemos logrado digitalizar procesos básicos que nos ahorrarían tiempo y recursos? Aquí se revela la paradoja de nuestra era: la de un país hiperconectado, pero con una ciudadanía que aún no ha desarrollado las habilidades digitales necesarias para aprovechar el potencial de esa conectividad.
¿Estamos ante un problema tecnológico o un problema de capital humano? Zeynep Tüfekçi (2017) advierte sobre este fenómeno en «Twitter and Tear Gas», donde analiza cómo el acceso a la tecnología no garantiza su uso efectivo para el empoderamiento ciudadano o la transformación social. En Chile, esta advertencia cobra fuerza: tenemos la infraestructura, pero no siempre la cultura digital para usarla productivamente.
Esta situación está estrechamente vinculada a la «brecha digital cognitiva», un concepto que describe la diferencia entre tener acceso a la tecnología y contar con las habilidades para usarla de manera eficaz. Según la OCDE (2024), solo el 13% de los docentes en América Latina, incluyendo a Chile, posee competencias digitales avanzadas. Esta debilidad educativa impacta el desarrollo de capital humano y limita nuestra capacidad de participar en la economía digital del conocimiento.
¿Y qué implica esto para el futuro de nuestra sociedad? Este fenómeno no es exclusivo de Chile, pero su contraste es más evidente por el nivel de desarrollo tecnológico alcanzado. La advertencia de la OCDE subraya la necesidad de mejorar las competencias digitales en el sistema educativo para evitar que el capital humano necesario en una economía basada en el conocimiento se vea comprometido.
A esta paradoja se le suma un riesgo adicional: el de construir una sociedad hiperconectada pero pasiva. El peligro radica en que la población se limite a ser consumidora de contenidos digitales, sin desarrollar competencias para crear, innovar o participar activamente en la economía digital. La falta de habilidades digitales avanzadas podría limitar la empleabilidad de miles de personas, dificultar el acceso a servicios de gobierno electrónico y restringir el potencial de inclusión financiera de los sectores más vulnerables.
¿Qué nos enseñan los académicos sobre esta problemática? Manuel Castells (2001), en «La Galaxia Internet», sostiene que la infraestructura digital no basta para reducir desigualdades si no se acompaña de educación y acceso significativo. Castells introduce el concepto de «brecha digital de segundo nivel», que se refiere a las diferencias en habilidades y usos avanzados. Chile encarna este fenómeno: pese a tener una de las mejores autopistas digitales de la región, le faltan conductores capacitados.
La situación es aún más preocupante si consideramos lo que plantea Jan van Dijk (2020) en «The Digital Divide». Él distingue entre la brecha de acceso, habilidades y uso, pero subraya que el gran desafío es la «brecha de uso eficaz»: la capacidad de aplicar la tecnología para mejorar la empleabilidad, la educación o la participación ciudadana. En Chile, buena parte del tráfico de datos se destina al entretenimiento, y mucho menos al uso productivo o formativo.
Paul DiMaggio et al. (2004), en «From the Digital Divide to Digital Inequality», refuerzan esta crítica: argumentan que la tecnología puede amplificar las desigualdades si solo los grupos privilegiados acceden a un uso productivo. En Chile, el riesgo es que las herramientas digitales sigan reforzando las brechas socioeconómicas existentes, en lugar de cerrarlas.
Chile ha dado pasos importantes para reducir la brecha digital y avanzar en inclusión tecnológica. Iniciativas como el Plan Brecha Digital Cero, cuyo objetivo es garantizar la conectividad en las zonas más remotas del país, y el programa Conectividad para la Educación 2030, que busca asegurar redes de alta velocidad en todos los establecimientos educativos públicos, son ejemplos concretos de esta estrategia. A ello se suman los programas de alfabetización digital dirigidos a adultos mayores y mujeres rurales, que promueven el acceso y la participación de grupos históricamente excluidos del ecosistema digital (SUBTEL, 2024).
Es imperativo que las políticas públicas no solo se enfoquen en aumentar la cobertura, sino también en garantizar que la ciudadanía cuente con las competencias necesarias para participar de manera efectiva en la sociedad digital
Sin embargo, estos avances, aunque significativos, siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del desafío. La Subsecretaría de Telecomunicaciones por sí sola no puede cerrar la brecha digital. Se requiere un esfuerzo conjunto que involucre a todo el Estado, a la sociedad civil, al mundo privado y a la academia. La transformación digital es un proceso que demanda colaboración multisectorial y visión de largo plazo.
El desafío es doble. Por un lado, está la modernización del Estado, que debe avanzar hacia la digitalización de sus servicios y procesos, promoviendo plataformas accesibles, inclusivas y usables, que aseguren el ejercicio de derechos y el acceso a bienes públicos en el entorno digital. Por otro, está la formación de la ciudadanía, que debe adquirir competencias digitales reales, que le permitan navegar, crear, participar y desarrollarse en la nueva sociedad digital. No se trata solo de acceso a la conectividad, sino de acceso significativo, que se traduzca en oportunidades de desarrollo personal, social y económico.
Entonces, ¿Qué necesita Chile para cerrar esta brecha? Una estrategia integral y sostenida, que ponga a las habilidades digitales en el centro de la política pública. La conectividad debe ir más allá de la infraestructura: debe ser un acceso útil y significativo, traducido en competencias digitales que impacten positivamente la vida de las personas. De lo contrario, corremos el riesgo de convertirnos en un país con autopistas digitales ultrarrápidas, pero sin conductores capacitados para transitarlas.
El reto no es solo garantizar el acceso a Internet, sino lograr que ese acceso tenga un impacto real y sostenible en la calidad de vida de las personas. Es imperativo que las políticas públicas no solo se enfoquen en aumentar la cobertura, sino también en garantizar que la ciudadanía cuente con las competencias necesarias para participar de manera efectiva en la sociedad digital.
Propuestas concretas para avanzar incluyen la actualización del currículo educativo, incorporando habilidades digitales críticas y creativas desde la educación inicial; la capacitación masiva de docentes en herramientas tecnológicas y metodologías innovadoras; y el desarrollo de un Plan Nacional de Alfabetización Digital, que no se limite a los sectores rurales, sino que se extienda a toda la ciudadanía. Asimismo, es necesario fomentar la innovación digital en el sector público, simplificando y digitalizando los trámites administrativos, para reducir la brecha entre la oferta tecnológica y su uso efectivo.
Chile tiene hoy una oportunidad histórica para transformar su liderazgo en conectividad en liderazgo en inclusión y desarrollo digital. Pero para lograrlo, es fundamental pasar de los cables y las antenas a las personas.
No basta con ser los más rápidos. Debemos ser los mejor preparados. La verdadera transformación digital será aquella que mejore la vida de las personas y garantice una ciudadanía plenamente conectada y empoderada.
Referencias:
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