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En las últimas tres décadas, Chile ha logrado avances significativos en infraestructura pública mediante el sistema de concesiones y asociaciones público-privadas (APP). Desde la licitación del Túnel El Melón en 1993, se han adjudicado más de 505 concesiones, con una inversión acumulada que supera los 29.107 millones de dólares, abarcando transporte, edificación pública, infraestructura hidráulica, telecomunicaciones, salud, justicia y vivienda (Dirección General de Concesiones [DGC], 2024). Este modelo ha sido fundamental para el desarrollo económico y social del país, permitiendo la inyección de capital privado, la creación de empleo y la modernización de servicios clave.
El impacto económico de las concesiones es innegable: se estima que han generado más de 400.000 empleos directos e indirectos en las últimas dos décadas, fortaleciendo sectores como la construcción, tecnología y servicios (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2022). Un informe del BID (2022) destaca que por cada 100 millones de dólares invertidos en infraestructura concesionada, se crean alrededor de 1.500 nuevos empleos, impulsando economías locales y regionales.
No obstante, surge la pregunta: ¿es suficiente el modelo actual para abordar los desafíos de equidad y desarrollo sostenible? Chile se encuentra en una encrucijada: avanzar hacia un modelo inclusivo que reduzca las desigualdades históricas o correr el riesgo de perpetuarlas. La metodología de Rentabilidad Social, aunque útil, simplifica el impacto social a una ecuación costo-beneficio, omitiendo dimensiones humanas esenciales. Urge un enfoque que evalúe no solo la eficiencia económica, sino también el impacto transformador en las comunidades y la calidad de vida desde una perspectiva multidimensional.
Un modelo de valor compartido, donde las concesiones financien infraestructura y promuevan bienestar social y crecimiento económico, es indispensable. El despliegue de 5G en Chile, en sus dos licitaciones, ha permitido que los operadores de telecomunicaciones adjudicatarios logren cubrir 366 localidades vulnerables beneficiando a 300.000 personas que anteriormente carecían de acceso adecuado a internet. Este enfoque no solo mejora la infraestructura tecnológica del país, sino que también reduce la brecha digital, facilitando el acceso a oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal en comunidades previamente desatendidas.
¿Por qué no replicar esta lógica en otros sectores? Se podría imaginar hospitales o CESFAM concesionados que brinden atención gratuita las 24 horas del día, generen empleo local y promuevan la equidad en el acceso a la salud. Asimismo, en el sector vial, las concesiones pueden ir más allá de la mera construcción y mantenimiento de carreteras principales. Al incorporar cláusulas que obliguen a las empresas concesionarias a pavimentar rutas rurales y mejorar caminos secundarios, se facilitaría la integración de zonas rurales al desarrollo nacional. Esta mejora en la conectividad terrestre no sólo reduciría los tiempos de desplazamiento y los costos de transporte, sino que también impulsaría las economías locales al facilitar el acceso de productos agrícolas y artesanales a mercados más amplios. Además, una infraestructura vial de calidad es esencial para garantizar el acceso oportuno a servicios básicos como educación y salud, especialmente en regiones apartadas.
La crisis habitacional que enfrenta Chile es otro ámbito donde las asociaciones público-privadas (APP) pueden desempeñar un papel crucial. El desarrollo de proyectos de vivienda social cofinanciados mediante concesiones permitiría abordar de manera más efectiva la escasez de viviendas adecuadas. Estos proyectos no solo proporcionarían soluciones habitacionales dignas para familias de bajos ingresos, sino que también generarían una cantidad significativa de empleos formales en el sector de la construcción y áreas relacionadas. Al involucrar al sector privado en la financiación y gestión de estas iniciativas, se podría acelerar la entrega de viviendas y garantizar estándares de calidad más altos.
La experiencia china, donde un porcentaje importante de sus proyectos benefician a comunidades vulnerables (World Bank, 2013), evidencia el potencial de alinear inversión privada, generación de empleo y desarrollo social. Chile debe exigir que cada nueva concesión contribuya a cerrar brechas. Según datos actualizados a diciembre de 2022, la red vial nacional cuenta con más de 77.000 kilómetros, de los cuales un 25% están pavimentados, un 15% tienen soluciones básicas y un 60% no están pavimentados (Ministerio de Obras Públicas de Chile, 2023). Regiones como La Araucanía presentan un porcentaje menor de caminos pavimentados en comparación con la Región Metropolitana.
Repensar el modelo de concesiones en Chile significa ir más allá y abordar directamente los desafíos cotidianos que afectan a los ciudadanos. Un ejemplo claro son los peajes en autopistas congestionadas: ¿por qué pagar tarifas altas cuando la experiencia del usuario es deficiente?
Para materializar esta visión, es fundamental reducir las barreras burocráticas y fortalecer la institucionalidad. Crear una Superintendencia de Concesiones, transversal a diversas carteras ministeriales, podría ser una solución eficiente. Esta entidad no solo debería promover y fiscalizar las cláusulas de impacto social y económico, sino también coordinar y proyectos entre ministerios como Obras Públicas, Salud, Vivienda y Telecomunicaciones. De este modo, se garantizarían estándares de calidad, se cumplirían plazos y se facilitarían procesos administrativos, atrayendo inversiones sostenibles y generando un impacto positivo en la calidad de vida de la población.
Ejemplos internacionales, como las concesiones hospitalarias en Reino Unido que reinvierten el 10% de ingresos en salud pública y generan miles de empleos en el sector sanitario, muestran un camino viable. Chile podría destinar ingresos de concesiones a educación, infraestructura rural y sostenibilidad ambiental, asegurando al mismo tiempo la creación de nuevos empleos. Harvard Business Review (2023) afirma: “Las concesiones que crean valor compartido son más resilientes, innovadoras y rentables”. No se trata solo de construir infraestructura, sino de generar oportunidades, crecimiento económico y equidad.
Repensar el modelo de concesiones en Chile significa ir más allá y abordar directamente los desafíos cotidianos que afectan a los ciudadanos. Un ejemplo claro son los peajes en autopistas congestionadas: ¿por qué pagar tarifas altas cuando la experiencia del usuario es deficiente? Los contratos de concesión deben exigir contraprestaciones sociales concretas, vinculando cada inversión privada a beneficios tangibles para la comunidad. Por ejemplo, una concesionaria vial debería invertir en mejorar la infraestructura del transporte público en las zonas afectadas por la congestión, así como en iluminar cada carretera con energía e integrar cobertura de internet móvil. Incorporar cláusulas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en cada contrato no solo aseguraría infraestructura de calidad, sino también un impacto directo en el bienestar social, transformando cada proyecto en una oportunidad de desarrollo y equidad. Además, contribuiría a mejorar la reputación de las empresas que inviertan en el país, generando un verdadero valor compartido en beneficio de toda la sociedad.
Como dijo Amartya Sen (1999), “El desarrollo debe medirse no solo en crecimiento económico, sino en libertades y bienestar”. Las concesiones deben ser alianzas estratégicas sostenibles, con reglas claras que protejan el interés público, generen empleos y promuevan el crecimiento inclusivo. La pregunta es clara: ¿Estamos listos para exigir que el progreso económico vaya de la mano con la equidad social? Este debe ser el desafío para el próximo Gobierno. Bienvenido sea el debate con experiencias y no de ideologías.
Referencias
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launion delrazonamiento detodas lastribus
«505 concesiones, con una inversión acumulada que supera los 29.107 millones de dólares»
(¡Qué poco, en comparación a lo que es el Presupuesto Nacional desde 1993 hasta ahora!)
———
No «Estamos listos para exigir que el progreso económico vaya de la mano con la equidad social»…
¿Nosotros, exigir?
Nosotros, ¿quiénes?
Exigir, ¿cómo, con qué, de qué forma, cuándo, dónde, a quién, por qué?
Para que haya un «Nosotros», que al menos yo estime válido, debe haber una Organización Civil que represente a ese «Nosotros»… ¿Esta Organización Civil existe?
Para que ese «Nosotros» pueda «exigir», debe ser algo, con atribuciones, con habilidades, derechos, recursos, legislación de respaldo, capacidades ¿O estoy equivocado?…
Me parece bien el planteamiento de la columna y lo celebro, pero, solo apunto a ese nosotros y a ese exigir… Yo al menos no me siento con capacidad de decir que soy parte de un nosotros que haya por ahí, y que pueda firmar un petitorio o algo así, por lo tanto, mucho menos me siento con la habilidad de sostener que me gustaría exigir…
Esto porque siento que nuestra partidocracia nos ha dado feo en la nariz con un portazo que cerró completamente la alameda de entrada a la democracia… No hay debate de ideas con la población civil. Ya lo vemos todos: Es casi unánime en la población la petición de que sean cerradas nuestras fronteras y que haya una disminución de la delincuencia, pero, eso no sucede, porque no hay un tal nosotros que firme la petición con un capacidad concedida en nuestra Constitución o nuestras leyes.
Somos una masa rayante de votos que solo tiene la obligación –más que el derecho– de ir a las urnas cuando se nos indique; mientras tanto, esperamos y vemos tele; harta tele, comiendo palomitas, si podemos o queremos, diciendo ¡oh, cuántos extranjeros entraron ilegalmente este año o el día de hoy!, o bien, ¡Oh, qué terrible cómo mataron a esas personas!…
Por ellos, nos toca rayar, y no exigir, creo…
Distinto sería si aplicásemos en el país las ideas de la Versión 2.3 de Poder Civil punto ce ele, ya que sí habría de esa forma un «Nosotros», y una capacidad de solicitar, indicar, pedir y hacer ver, más que propiamente exigir… Por cierto las propuestas de esa web debieran abrir numerosas puertas a todo sentido de justicia social y creación de riqueza en poder del pueblo chileno, tanto como ampliar las perspectivas de nuestra democracia con mejores herramientas, así como posicionarnos de cara a un futuro con mayores capacidades y territorios con una población más organizada y preparada…