Con Dorothy Pérez, como contralora, no se habría materializado un millonario negocio ilegal

Con motivo de la fiscalización realizada por la Contraloría, bajo la mano conductora de Dorothy Pérez, se han podido conocer las trampas de las licencias médicas utilizadas por miles de funcionarios públicos, razón por la cual, para demostrar que años atrás no existía un riguroso apego a la ley en dicha Contraloría, a continuación describimos un caso muy indecoroso que goza de absoluta impunidad, generado en la dictadura cívico-militar y materializado en plena democracia dentro de la comuna de Vitacura.

Pues bien, en el año 1988, después del plebiscito que perdió el gobierno militar, se desafectaron 5 hectáreas fiscales del área verde riberana al río Mapocho, sector oriente de Santiago, que formaban parte del proyectado Parque Las Américas, y para ello se publicó en el Diario Oficial un Plan Seccional, con normas urbanísticas acotadas que admitían solo la construcción de viviendas de hasta 2 pisos y en ciertos sectores minoritarios edificios con alturas máximas de 4 pisos.

Antes del término de la dictadura, el Ministerio de Bienes Nacionales le vendió directamente a la recién conformada Inmobiliaria Parque Las Américas Limitada ese extenso predio, ahora en calidad de urbano, denominado Lote 2-C, localizado en aquella época en la comuna de Las Condes. Esa operación público-privada fue autorizada por el decreto supremo N° 886 del 14 de noviembre de 1989, “por orden del general de Ejército y presidente de la República Augusto Pinochet Ugarte”. Como el negocio entre las partes ya estaba acordado, en dicho decreto se estipuló que la empresa compradora se debía regir por el aludido Plan Seccional Parque Las Américas para construir su proyecto inmobiliario.

Dicho terreno de 50.327 m² está ubicado, según la transferencia, entre las calles Isabel Montt, Narciso Goycolea, sitio municipal y avenida Parque Las Américas, territorio que actualmente forma parte de la comuna de Vitacura. El 30 de enero de 1990, pocos días antes de que asumiera el gobierno democrático de Patricio Aylwin, se firma la escritura de compraventa entre el Fisco de Chile y la señalada inmobiliaria en la notaría de Raúl Undurraga, fijándose un precio de UF 81.566 que la compradora paga al contado. Enseguida se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, dejándose establecido que el amplio terreno está exento de pagar el impuesto territorial (sic).

La Inmobiliaria Parque Las Américas posteriormente vende el terreno al Fondo de Inversión Cimenta, que en el año 1998 obtiene de parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Vitacura el permiso de edificación N° 202 por 18 torres habitacionales de entre 13 y 25 pisos de altura, vulnerándose abiertamente las restringidas normas urbanísticas del mencionado Plan Seccional. Los vecinos perjudicados tomaron contacto con este columnista, con el entonces diputado y arquitecto Patricio Hales y con la arquitecta Israela Rosenblum para que analizáramos la situación.

Llegamos a la conclusión de que ese acto administrativo municipal era contrario a derecho y por ello se hicieron las denuncias de rigor ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo, quien, confirmando la ilegalidad, emitió un oficio dirigido al DOM de Vitacura, expresándole que “procediera en consecuencia”. Como el funcionario municipal no quiso entender aquello, se posibilitó que la inmobiliaria iniciara las obras de los mega edificios.

Ante esta desobediencia, la Seremi del Minvu, en su oficio N° 359 del año 2000, le solicita a la Contraloría que disponga la sustanciación de un sumario administrativo con el objeto de que se investigue la situación derivada del otorgamiento del permiso de edificación N° 202. En paralelo, los vecinos llevaron el caso a la Contraloría, cuyo titular era Arturo Aylwin, quien derivó la resolución al subcontralor Jorge Reyes.

La reciente fiscalización de la Contraloría, liderada por Dorothy Pérez, ha revelado graves irregularidades en el uso de licencias médicas por funcionarios públicos. Este contexto da pie a recordar un caso aún impune de corrupción urbana en Vitacura, originado en dictadura pero consumado en democracia

Los funcionarios de la Contraloría detectaron cinco causales de ilegalidades, pero Jorge Reyes, en su dictamen N° 44.492 del 20 de noviembre de 2000, optó por ignorarlas, argumentando que aplicar la ley “podría comprometer la responsabilidad civil extracontractual del órgano administrativo”.

Frente a esto, 41 vecinos interpusieron recursos de protección contra el subcontralor Reyes, por negarse a anular o revocar el permiso de edificación. La Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de Reyes en 2007, cuando ya la mayoría de los edificios estaban construidos, y la Corte Suprema ratificó el fallo, validando también el dictamen N° 44.492.

Recomendamos revisar ese inicuo dictamen en la web de la Contraloría. Copia del mismo fue entregada posteriormente al contralor Ramiro Mendoza, quien, al no tener explicación, respondió que el caso estaba prescrito.

En conclusión, estamos convencidos de que si Dorothy Pérez hubiera sido contralora en aquella época, los ejecutivos del Fondo de Inversión Cimenta solo habrían construido proyectos permitidos en el Plan Seccional, respetando densidades bajas y medias. Para evitar hechos tan corruptos, el Estado debe entregar más recursos a la Contraloría.