La alcaldesa de Las Condes llora sobre la leche derramada

El viernes 16 de mayo del año en curso, la prensa informó que la Municipalidad de Las Condes concretó el pago de US$ 10 millones a la Inmobiliaria Nueva El Golf SpA, dando cierre a una larga disputa judicial que se arrastra desde 2016. La actual alcaldesa, Catalina San Martín, confirmó la transferencia de los fondos y apuntó directamente a la gestión de su antecesor, Joaquín Lavín (UDI), como responsable de la condena que afecta hoy las finanzas municipales.

Ella manifestó: «Es un daño enorme al patrimonio de los vecinos de Las Condes. Esto va a tener un grave impacto en las finanzas de la comuna y podría condicionar la ejecución de proyectos muy relevantes para nosotros como la construcción del nuevo Cesfam», tras concretar el desembolso ordenado por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago. Recordemos que por ese Cesfam la Fiscalía ya está investigando a la anterior alcaldesa Peñaloza, quien autorizó un desproporcionado pago por la compra de un inmueble que se debía demoler.

En síntesis, los medios que se refirieron al caso sostuvieron que «el origen del conflicto se remonta a 2016, cuando bajo la administración de Lavín se ordenó la paralización de las obras del proyecto “Vespucio 345”, en el sector de El Golf, pese a que contaba con permisos de edificación. Según argumentó en ese entonces el municipio, existían discrepancias en el metraje del terreno informado por la inmobiliaria, lo que habría afectado el cálculo de la constructibilidad.

Teniéndose en cuenta que la situación es muy distinta a lo que se dice —lo cual podría ser comprensible pues la prensa reproduce al pie de la letra lo que expresan las autoridades en sus comunicados—, manifestamos que estamos ante una situación grotesca, demostrativa, una vez más, de la corrupción existente en nuestro país y en especial en Las Condes. De partida, al contrario de lo que aduce la prensa, no hay discrepancias en el metraje del terreno.

La Inmobiliaria Nueva El Golf SpA había comprado a la Universidad Mayor varias antiguas casas que se emplazaban entre la Av. Américo Vespucio Sur, Renato Sánchez y Asturias, con el propósito de demolerlas, fusionar los predios y construir torres habitacionales, equipamientos y estacionamientos.

Tan pronto se inscribió la fusión predial en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, la inmobiliaria ingresó en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes una solicitud de permiso acogido a los beneficios urbanísticos de los Conjuntos Armónicos, afirmando que el terreno tenía 7.505,21 m², superando apenas el mínimo de 7.500 m², necesario para obtener beneficios constructivos. Así se otorgó el permiso para construir dos torres.

Pero el terreno no tenía la superficie declarada por la empresa, aceptada irresponsablemente por la DOM. Un levantamiento topográfico del IDIEM concluyó que la superficie real era de 7.371,54 m².

Es grotesco que una inmobiliaria obtenga una doble ganancia gracias a errores municipales, y que la alcaldesa actual se niegue a defender el interés público

La Seremi del Minvu ordenó invalidar el permiso, instrucción que la DOM no acató. El entonces alcalde Lavín, sin atribuciones, firmó la invalidación del permiso, lo que dio pie a la demanda judicial. El privado recurrió a la justicia solicitando indemnización por «falta de servicio». Los abogados municipales actuaron negligentemente y Lavín y Peñaloza no cautelaron los intereses municipales.

En este escenario, junto a Isidora Alcalde y el abogado Gabriel Muñoz, solicitamos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que se hiciera parte en el juicio. Se nos indicó que la petición debía ser realizada por la alcaldesa San Martín. Pese a nuestros ruegos, ella se negó a recurrir al CDE, permitiendo el pago de una cuantiosa e injustificada indemnización.

Es hasta risible que la inmobiliaria haya tenido una doble ganancia al margen de la ley: primero por construir más de lo permitido, y luego por recibir una indemnización, pagada como un regalo por la actual alcaldesa San Martín.

¿Por qué Lavín, Peñaloza y San Martín no recurrieron al CDE en este litigio que favoreció al privado? Esta es una legítima pregunta que nadie del establishment responderá, pues los US$ 10 millones son muy apetitosos.