Tratos preferenciales para algunos y propuesta para reducir la corrupción

El pasado 14 de mayo del año en curso, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) convocó a seis de los candidatos presidenciales —dejando fuera a Mulet y Parisi— a una actividad proselitista llevada a cabo en el Centro de Eventos Metropolitan, en la comuna de Vitacura. El acto fue profusamente cubierto por la prensa. En la cita, llena de ministros, parlamentarios y altas autoridades del Estado, la organización les entregó a esos candidatos un elegante manual en donde se detallan sus demandas sectoriales «para que el país pueda salir del letargo en que está» (sic), según su página web.

Cinco días después, el lunes 19 de mayo, la Cámara de Diputados, obedeciendo rigurosamente los dictados de la CChC, despachó el proyecto de ley que crea un subsidio al dividendo del crédito hipotecario que pagarán los futuros compradores de viviendas nuevas. Es decir, con ingentes recursos públicos se reduce la tasa de interés de esos créditos que otorgan los bancos. Esta propuesta fue impulsada por la misma CChC, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y el Ministerio de Hacienda, siendo aprobada por 129 votos a favor, con una sola abstención.

Nos preguntamos: ¿cuál habrá sido el motivo para excluir a los necesitados de viviendas usadas y más baratas de esta regalía monetaria? Recordemos que este subsidio sale del bolsillo de todos los contribuyentes.

La razón es simple: esas dos asociaciones gremiales empresariales y el propio ministro Marcel buscaron que el subsidio tuviera como único propósito reducir la sobreoferta en el mercado de viviendas nuevas. Por lo tanto, esta es una mera política de salvataje al más influyente de los poderes fácticos, sin perseguir realmente ayudar a todos los adquirentes de viviendas. Si los diputados también apoyaron esa inicua iniciativa, quiere decir que estaban de acuerdo con este trato discrecional y arbitrario, o bien no leyeron la ley.

Aprovechamos de señalar al presidente y directores de la CChC —tan exigentes en la certeza jurídica y tan críticos de la «permisología»— que deben exigir a sus asociados el respeto a la Ley N° 19.878, la cual establece un procedimiento de publicidad para permisos de edificación, incorporado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y reglamentado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Eso se llama transparencia, de la que tanto se habla, pero tan poco se practica.

Según esa ley, los Directores de Obras Municipales (DOM) deben informar a las Juntas de Vecinos y al Concejo Municipal respectivo sobre los permisos de edificación. Sin embargo, esto sucede en muy pocas ocasiones, lo que vulnera la legalidad y convierte los permisos en actos enigmáticos.

Un ciudadano, apelando a la ley N° 19.878 y representado por el abogado Rodrigo Avendaño, ha exigido al DOM de Quillota la invalidación de un permiso otorgado en 2019 a un establecimiento sanitario, ya que violó el procedimiento legal y el uso de suelo no era el idóneo.

Con recursos públicos se subsidian intereses bancarios para salvar a inmobiliarias, mientras se ignoran las necesidades reales de miles de ciudadano

Llama la atención que la prensa dominante solo dé tribuna a quienes buscan eliminar normas ambientales, sin dar espacio a criterios más equilibrados. La demora en los trámites no se debe solo a la burocracia, sino también a la falta de profesionalismo de funcionarios públicos y privados.

En la municipalidad de Colina, el DOM, por presiones externas, se niega sistemáticamente a cursar un anteproyecto que cumple con la normativa vigente, demostrando así la necesidad de reformar estas funciones.

Proponemos que los cargos de DOM se accedan a través del Sistema de Alta Dirección Pública, con permanencias limitadas, para así combatir el amiguismo y la corrupción que imperan.

Este comentario, por razones obvias, está dirigido a Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo.

0

13

Contenido enviado por

Patricio Herman

Ver perfil completo

Otros contenidos del autor

En Las Condes hay un edificio de 22 pisos en una zona que permite una altura de 6 pisos El ex juez Sergio Muñoz y el grupo Angelini dueño de Copec Nuevamente la Contraloría «ordenando la casa», ahora en el ámbito territorial Digamos la verdad: la corrupción siempre ha existido Un feliz matrimonio de la municipalidad de Iquique ejerce con vocación inmobiliaria