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A cinco años de la revuelta social en Chile, suceso histórico que fue originado precisamente por niños, niñas y adolescentes, pareciese que todo sigue igual.
Desde las derechas hasta las izquierdas, ningún sector político ha podido sostener y hacer efectivas las demandas que se reclamaron en dicho periodo. Exigencias mínimas pero necesarias, al menos una nueva Constitución Política de la República.
No, no hubo ese cambio urgente para mejorar las condiciones de niños, niñas y adolescentes. Hoy seguimos conviviendo con los pilares constitucionales estructurales del pinochetismo y de los grupos conservadores de la elite económica. Ello en salud, educación, pensiones, nulo reconocimiento a los pueblos indígenas y otros temas.
¿Y las víctimas que reclamaron por otro Chile? El INDH consignó un total de 3.777 víctimas, cuyo promedio de edad es de 26 años. 591 corresponden a niños, niñas y adolescentes, y 959 a mujeres. Del total de víctimas, 3 mil 581 personas (94,8%) sufrió algún tipo de lesión física. Siete personas fallecieron.
De la misma manera la Defensoría de la Niñez indicó en su momento, que 2.178 niños, niñas y adolescentes sufrieron violaciones a sus derechos humanos durante el estallido social en Chile entre octubre de 2019 y marzo de 2020.
¿Qué podemos decir a los niños post estallido social en Chile? Responder que las multitudinarias marchas por cambios, propiciados por todos los sectores e iniciados por el pueblo, fueron estériles; resultaron en un recuerdo y se quedaron en la utópica mente de algún historiador.
Que el Estado sigue violando derechos esenciales de la niñez, a pesar de que existen “mejoras” y “transformaciones” en el Servicio Mejor Niñez y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
A pesar de la nutrida legislación de infancia y adolescencia, como la Ley 19.968 de Tribunales de Familia; Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia; Convención de los Derechos del Niño y sus Observaciones emanadas del Comité de Derechos del niño y otros cuerpos normativos relevantes. Se ha quedado en un verdadero formalismo jurídico. Ahí están las normas, principios y procedimientos.
Hay una verdadera saturación de causas para exigir justicia restaurativa para niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos, tanto en sedes de familia proteccional y en Fiscalías. Muchos de los procesos transitan en largos tiempos de revisión proteccional o derechamente son cerrados por el ente persecutor, sin una condena efectiva.
Contarles, que, desde el pre ingreso de una causa judicializada a favor de niños, la protección y promoción de sus derechos se ve mermada por listas de espera interminables, que hacen imposible la reparación de sus derechos conculcados. En temas tan sensibles como el derecho a la terapia reparatoria a la infancia.
A pesar de la separación de las áreas de adolescentes en conflicto con la ley y niños y niñas víctimas, a la fecha, se mantienen índices altísimos de vulneraciones de derechos. UNICEF ha sido claro en sus informes, a vía ejemplar: en la 2° Encuesta Nacional de Polivictimización señala que, si bien se mantiene el nivel de violencia a niños y adolescentes hombres, entorno al 27%, en el caso de las niñas y adolescentes mujeres aumentó de 43% en 2017, a 52% en 2023.
Indicarles que los hogares o residencias no tienen cupos o derechamente no participan de las licitaciones públicas, en determinados rangos de edad, dejando a la infancia sin una atención integral con enfoques de derecho. Olvidada y dejada a su suerte.
A los niños, niñas y adolescentes post estallido social en Chile les debemos mucho. Y, lo mínimo es alentarles, que no claudiquen en participar de lo social y utilizar su derecho a reclamo por lo que justo, juntamente, al menos valorar y repensar lo que ocurrió
Y, los tribunales de justicia han profundizado la impunidad de los abusadores y agresores sexuales de niños y niñas, como el caso Macaya, quien hoy goza de esa inoperancia y mala interpretación de las normas protectoras, que tanto nos ha costado posicionar a nivel jurisprudencial y doctrinario. Los mismos que defendieron a Paul Schäfer, Spiniak y Karadima, mantienen su apoyo a Macaya, profundizando la inseguridad de la infancia.
Sí, inseguridad. Porque de esta “seguridad, bienestar y protección” poco se habla en los medios. La seguridad personal y el buen vivir que son necesidades básicas para un gran grupo de la sociedad que son los niños y niñas, no son objetivos abordables de las esferas del poder.
Para que pronunciarse de los delitos de cuello y corbata, el caso Hermosilla, nos ha manifestado que la elite política empresarial es hegemónica y ha permeado de manera humillante las profundas capas de la disputa política, judicial y de los medios de comunicación. Es alarmante.
Que los graves datos de inseguridad, han generado discursos extremos en especial del mundo conservador. Creando un clima de miedo, sin proponer otras medidas que populismo penal. Quiénes pagarán este escenario catastrófico, son precisamente los más vulnerables. La infancia y adolescencia.
Pedir disculpas a los niños post estallido, con vergüenza, de no haber sorteado este molino. Un molino grande y fuerte; conservador y reaccionario; que no gusta de los cambios profundos. La mantención de ese status quo, les favorece y se benefician de la “normalidad” de un sistema injusto, desigual y avasallador. Cualquier alternativa a este sistema, es tildado de “delincuencia o subversión”.
Tal vez, hacernos “los tontos” y decir: que quede todo igual. ¡No luchen niños, niñas y adolescentes post estallido social!. No. Esa ruta del descontento no es buena. Ese espíritu de rebeldía no les hace bien y no les pertenece.
Pero la esperanza y lo caminado permite decirles: “Sigan, van bien niños, niñas y adolescentes post estallido social” Hay un capital social y cultural, que ha disputado fuertemente los espacios de participación y que sirven de puente para que sus demandas puedan ser escuchadas.
Indicarles que hay psicólogos, trabajadores sociales y abogados militantes pero despojados de las viejas escuelas políticas conservadoras y que están comprometidos con su causa. A pesar de los bajos sueldos; burocracia estatal y privada; políticas públicas desfinanciadas; nivel excesivo de procesos judiciales y carga de trabajo; precariedad laboral y otros tantos males. Han abrazado ser ductos confiables en este vínculo de confianza social con los niños, niñas y adolescentes. Ese “capital garante” es salvaguarda para las fases de diseño, ejecución y sistematización de las políticas de infancia.
Que la comunidad se mantiene viva como un espacio que requiere mayor abordaje en lo social y que enfocado en la prevención y promoción de garantes de derechos, es una carta que todavía pervive, para dar solución a tanta glotonería neoliberal, como decía Lemebel. Ser un espacio que pueden y deben ocupar porque les pertenece.
A los niños, niñas y adolescentes post estallido social en Chile les debemos mucho. Y, lo mínimo es alentarles, que no claudiquen en participar de lo social y utilizar su derecho a reclamo por lo que justo, juntamente, al menos valorar y repensar lo que ocurrió. Porque a cinco años de este suceso histórico y social, invitar a que no sea parte del pasado, más bien fuerzas para instalar nuevas demandas, otras conciencias y formas de participación en pro de los más débiles.
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Luis Cortés Olivares
Estimado señor o señora:
Le agradezco el interés por la columna de opinión. Apartando sus descalificaciones y ataques a quien escribe, no al contenido, aporta al debate y posiciona a la infancia y adolescencia en un ideal transversal.
No soy comunista ni participo de partido político alguno. Mi vida académica y laboral ha sido siempre desde los ddhh y las organizaciones a favor de los más débiles. Eso hace ya más de 20 años.
Atte,
El autor.
PD. Ojalá podamos conocer su nombre y a qué se dedica a parte de descalificar de forma anónima.
launion delrazonamiento detodas lastribus
Estimado defensor de los ddhh de los más débiles:
Espero que si sigues en la misma actividad por otros 20 años podamos llegar a ver que:
– Las necesidades de los huérfanos y las viudas sean cubiertas, ya que hoy tenemos a un Gobierno que se gasta la plata en sus huestes y no alcanza para esos más débiles.
– Los estudiantes ya no son adoctrinados políticamente por la izquierda y sus locuras sexuaterroristoides, ya que en los colegios los vacunan y les hacen leer lectura poco apropiada a su niñez, despertando más bien al hombre carnal, en vez de al hombre espiritual que todo lo puede en Cristo que lo fortalece.
kjhvjfkhgdjkhQuiero ahorrarme la lista…
Siendo sincero, mi concepto de un defensor de los ddhh es bastante bastardo. Los ddhh en Chile, para mí, son brazos armados que persiguen a Carabineros de Chile con y de todas las formas posibles.
También, no veo tu trabajo en ninguna parte. Debieran ser DDHH:
1.- Poder acceder a un sistema de creación de riqueza colectiva dirigida por El Centro Técnico Nacional que propone PoderCivil .cl sin la administración de políticos corruptos o instituciones corruptas de ddhh.
2.- Poder acceder a participar civilmente en una Organización Nacional que represente a los ciudadanos de Chile, de manera que podamos velar por el fiel cumplimiento a sus deberes de los funcionarios de Los_Tres_Poderes_del_Estado, de manera de poder destituirlos, si practican la barbarie de arrancárseles la cacharra para el monte destruyendo el país…
jkhf
Paola
He leído con atención su punto de vista. Si bien valoro su esfuerzo por exponerlo con convicción, discrepo de la mayoría de sus planteamientos. A continuación presento mis razones, formuladas desde el análisis y no desde la descalificación personal:
1. Más que una “revuelta social”, lo ocurrido fue un estallido de carácter marcadamente delictual, cuyo objetivo, en la práctica, fue desestabilizar y eventualmente derrocar a un presidente democráticamente elegido. La magnitud y sistematicidad de los actos violentos desbordan la noción de protesta social legítima.
2. Coincido en que se trató de un hecho histórico; sin embargo, deberíamos reconocerlo también como un episodio profundamente vergonzoso, cuyo legado —según muestran diversas encuestas— es ampliamente rechazado por la mayoría de los habitantes del país. El balance es claro: dejó destrucción, caos y un enorme costo económico y social.
3. A cinco años del llamado “estallido social”, no podemos omitir que un segmento importante de quienes iniciaron los hechos fueron niños, niñas y adolescentes, algo que debiese generar reflexión y preocupación más que romanticismos retrospectivos.
4. No es cierto que “todo siga igual”. Una parte significativa de la población comprendió que la violencia jamás conduce a buenos resultados, y que legitimar la destrucción como vía para el cambio político constituye un grave error ético y cívico.
5. La redacción de una nueva Constitución no era una necesidad real del país. Así lo confirmaron dos procesos electorales, cinco comicios vinculados al tema constitucional, 229 constituyentes, un año y medio de deliberaciones y más de $150 mil millones gastados sin resultados. Es, objetivamente, uno de los fracasos institucionales más costosos de la historia reciente.
6. Concuerdo plenamente en que este gobierno no priorizó la protección ni el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Cerca de 50.000 estudiantes abandonaron la escuela, el sistema de protección no mejora y hoy ingresan más niños vulnerados al sistema del SENAME/Mejor Niñez que el número total de nacimientos anuales. Esta tendencia es alarmante.
7. Si bien el presupuesto público en salud ha aumentado alrededor de un 79% en una década, los resultados no corresponden a dicho crecimiento. Es revelador que muchas veces a Fonasa le resulte más barato financiar una intervención en el sector privado que realizarla dentro de su propia red.
8. El hecho de reclamar no otorga la razón por sí mismo. La legitimidad de una demanda no se define por su volumen, sino por la solidez de sus fundamentos, su legalidad y su coherencia con el bien común.
9. Las marchas masivas no fueron espontáneamente “del pueblo” en sentido amplio. Fueron promovidas e impulsadas principalmente por sectores de izquierda, que supieron canalizar el descontento existente.
10. A los niños y adolescentes del período posterior al estallido deberíamos transmitirles un mensaje claro: la violencia nunca es una consejera válida. El camino es estudiar, formarse, construir, participar en actividades sanas, aportar al entorno y desarrollar talentos, no destruir.
11. En ese sentido, lo que les debemos no es indulgencia, sino una seria advertencia y una formación cívica responsable. Decirles que no claudiquen en caminos que derivan en destrucción —y que afectan su propio futuro educacional— no es protección, sino abandono. Muchos fueron manipulados políticamente, incluso por actores presentes en órganos del Estado, fundaciones, ministerios y organismos internacionales. Sin embargo, ello no exime la necesidad de educar en responsabilidad personal.
12. La seguridad personal y el derecho a vivir en paz son necesidades básicas de todos, no privilegios de un sector.
13. Hoy, lamentablemente, una parte del pueblo teme más a los sectores radicalizados de izquierda y a la cultura “woke” que a los conservadores. Los conservadores, en general, no saquean, no incendian, no agreden ni promueven violencia; simplemente representan una forma distinta de ver el mundo, que no es ilegítima ni negativa en sí misma.
14. En mi propia experiencia de estudiante universitaria, pese a años de sacrificio, nunca dejé de pagar mi pasaje. La responsabilidad personal era parte de la formación ética básica.
15. Son los “niños del estallido” quienes deberían pedir disculpas al país, y no al revés. La destrucción no puede transformarse en un mérito ni en un derecho adquirido.
16. Ni Chile ni el mundo necesitan más luchas intestinas, sino trabajo serio, cooperación y capacidad de construir. El progreso nace de la disciplina y la unión, no del conflicto permanente.
17. Incentivar la participación social de niños y jóvenes es valioso, pero en actividades formativas y creativas: voluntariados, reforzamientos escolares, actividades culturales en barrios vulnerables, recuperación de espacios públicos, etc. Eso sí construye comunidad.
Comentarios finales
a. En mi infancia y juventud, el deber de estudiar era incuestionable. Ante hechos de violencia, mis padres me habrían protegido y mantenido en casa; jamás alentado a quemar buses, atacar profesores o destruir colegios. También me habrían pedido —con razón— hacerme responsable de mis actos.
b. Cuando alguien participa en desmanes, se sitúa voluntariamente en un contexto de riesgo y debe comprender que la acción policial, en un Estado de derecho, no es opcional.
c. Hoy observamos con preocupación que un número creciente de niños y adolescentes participa en delitos graves, incluso homicidios. Este fenómeno era impensado hace dos décadas.
d. La familia se ha debilitado; la paternidad y la maternidad, en muchos casos, no se ejercen con responsabilidad. Las consecuencias están a la vista: futuros adultos carentes de disciplina, cultura del esfuerzo, tolerancia a la frustración y respeto por el otro. Ningún servicio público puede reemplazar al hogar.
e. Existe un fuerte desequilibrio entre derechos exigidos y deberes olvidados. Ninguna comunidad funciona bajo esa lógica.
f. La violencia infantil y adolescente está estrechamente vinculada al entorno familiar, social y digital. Mientras tanto, se incrementa el presupuesto en áreas que no atienden la urgencia real, dejando de lado los ámbitos donde el país más lo necesita.
g. Finalmente, no solo la infancia carece de atención integral. Los adultos mayores, las personas con discapacidad y quienes padecen enfermedades graves se encuentran igualmente abandonados. Ellos no marchan, no queman buses, no gritan consignas; simplemente sobreviven.
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launion delrazonamiento detodas lastribus
Estimado comunistoide:
Me cuesta aceptar tu columna desde el título en adelante, porque no hace honor a la verdad histórica, ya que en Chile no hubo un «Estallido Social», sino que un intento de golpe de Estado patrocinado por terroristas descerebrados como Nicolás Maduro y llevado a cabo por las fuerzas chilenas de izquierda que tienen el cerebro achicharrado por falta de razón y falta de amor a la patria, junto a todos los mercenarios de Madurito, personaje que alaban dirigentes de la izquierda chilena que nos quieren racionar la comida con una tarjeta, como la que usan los cubanos, o a la que son sometidos los venezolanos por el intelecto entenebrecido del súper bigote de los terroristas latinoamericanos.
No conozco en realidad el daño que sufrieron las huestes de la izquierda que terroristearon a Chile, pero, si entiendo que hubo unos 4.000 carabineros lesionados producto de que había unos monos locos con navaja que deseaban quemarlos vivos en sus patrullas, o asesinarlos en sus cuarteles…
Es inaceptable que los zurdos sigan promoviendo su falso estallido social como una medida de razón y justicia, ya que la razón y la justicia no pueden basarse en la violencia inaudita.
También es inaceptable que los zurdos adoctrinen estudiantes y los quieran usar como carne de cañón por su falta de capacidad intelectual para gobernar bien al país, ya que en vez de mejorar educación, salud, vivienda y pensiones ahora que gobiernan, solo llegaron a desfalcar y a endeudar al Estado.