Chile: Ley de inclusión educacional

A cuatro años de la dictación de la Ley de Inclusión Educacional, los datos son dramáticos y preocupantes, se observa una paradoja: “mientras más se habla de la educación pública (estatal) en Chile, mayor es el porcentaje de matricula privada”. “Mientras más se radicaliza la defensa de la educación pública, peor es su cobertura, calidad y equidad”.  El llamado es para que la política deje los ideologismos y se ocupe en serio de tan importante tema, con objetivos y metas claras, poniendo por delante los millones de educandos a los que se afecta, quienes constituyen en futuro de Chile.  Quienes creemos en la educación como la más potente palanca de promoción socio-económica, nos declaramos en alerta.

Los datos:

• La evolución de los colegios públicos (municipales) fue a la baja, antes de la ley eran 5.279 y a cuatro años de dictada la ley han bajado a 4.925, es decir 354 menos.
• Los colegios subvencionados antes de la Ley de Inclusión Educacional eran 6.060 y en 2018 esa cifra bajó a 5.665 (baja de 395)
• El único sistema que subió post dictación de la Ley de Inclusión Educacional fue el particular pagado, que creció de 592 a 678 (86 más).
• De estos 71 corresponden a Particulares Subvencionados que se transformaron en privados y los 16 restantes nacieron luego de la implementación de la Ley.
• La creación de nuevos colegios subvencionados cayó abruptamente, desde casi 200 al año, antes de la reforma, a sólo 24 en el cuatrienio 2016-2019, existiendo 5 regiones en que no se creó ningún colegio.
• Según las estadísticas, en los últimos tres (3) años en diez (10) regiones no se creo ningún centro educativo.

La Ley diseñada bajo prejuicios y presupuestos errados, sólo provocó que se profundizaran aún más las brechas en materia de educación. El escenario post Ley de Inclusión Escolar, es que ya no se crean colegios municipales ni subvencionados, solo crece la oferta educacional privada.  El abordaje legislativo del tema, tanto del Parlamento como del Ejecutivo, estuvo marcado por el sobre ideologismo, la desconfianza, el prejuicio y un enfoque de cálculo electoral.  No existió disposición al diálogo y la busqueda de acuerdos, sino posiciones radicalizadas, lo que ha terminado por dañar la calidad, equidad y cobertura del sistema educacional chileno.

La Ley de Inclusión se basó en un relato político que afirmaba que todos (o la inmensa mayoría) de los sostenedores particulares subvencionados eran empresarios inescrupulosos cuyo único fin era obtener lucro de su actividad educacional. En esa lógica, se pensó que la acción semántica de quitar la expresión lucro, tales sostenedores saldrían del sistema.  La demostración empírica da cuenta que de los 6.060 sostenedores subvencionados, solo 71, aproximadamente el 1% del universo de sostenedores se transformaron en particulares privados. Mientras que el 99% de los gestores educacionales no tuvieron problema en transformarse en entidades sin fin de lucro para continuar su labor.

A cuatro años de la dictación de la Ley de Inclusión Educacional, los datos son dramáticos y preocupantes, se observa una paradoja: “mientras más se habla de la educación pública (estatal) en Chile, mayor es el porcentaje de matricula privada”. “Mientras más se radicaliza la defensa de la educación pública, peor es su cobertura, calidad y equidad”. 

Hacemos un llamado a la búsqueda de consensos para avanzar en el logro de alcanzar la calidad, equidad y cobertura en educación.  Es necesario que uno y otro sector dejen de lado los ideologismos y los intereses subalternos.  Por otro lado, el Ministerio debe pasar a la búsqueda de acuerdos, a promover el diálogo, la Ministra y el Subsecretario deben bajar su rol político e ideológico, para centrarse en la calidad de la educación.  Si no se da un impulso a este sector, en pocos años más tendremos serios problemas de cobertura escolar, pues la opción mayoritaria de la población para educar a sus hijos, no va a poder ser cubierta con la actual oferta educacional subvencionada.

Se requieren políticas públicas que permitan racionalizar el uso de los recursos para ampliar cobertura y calidad; evitar los abusos y las faltas a la probidad y la sana administración en la educación municipal; las instituciones debe ser controladas y fiscalizadas en el cumplimiento de sus funciones administrativas.  El Estado de Chile, debe definir si consolidará el sistema mixto, generando las confianzas para que los recursos fluyan y permitan ampliar la cobertura y la calidad.  Se requiere señales claras y el clima de confianzas para que los colaboradores de la educación puedan seguir trabajando en paz.

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Carlos Cantero

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