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¿Qué pasa con la prevención en Chile?

03 de marzo, 2026

En Chile, las emergencias parecen haberse normalizado como parte del día a día. Incendios que arrasan viviendas en cuestión de minutos, accidentes de tránsito con saldos fatales, incendios forestales que amenazan zonas habitadas, inundaciones que devastan barrios enteros. La cuestión ya no es si ocurrirán, sino cuándo y dónde tendrán lugar.

A pesar de esta realidad, el país sigue enfrentando cada contingencia bajo un enfoque predominantemente reactivo. Cada desastre moviliza un impresionante despliegue de recursos humanos y técnicos: ambulancias, patrullas, carros bomba, coordinación interinstitucional. Las imágenes reflejan compromiso y dedicación. Sin embargo, tras el momento crítico, el análisis frecuentemente se queda en la superficie: error humano, negligencia o mala suerte; rara vez se profundiza sobre las fallas estructurales que permitieron que el riesgo se materializara.

En los accidentes de tránsito, por ejemplo, las discusiones suelen centrarse en la responsabilidad individual del conductor. Pero pocas veces se abordan temas como la inseguridad en el diseño vial, la fiscalización insuficiente, la informalidad en el transporte o la falta de educación vial desde edades tempranas. Mientras se sancione la infracción sin modificar el entorno que facilita su ocurrencia, el problema persistirá.

En cuanto a los incendios domiciliarios, el análisis tiende a señalar la sobrecarga eléctrica o el uso indebido de estufas; no obstante, las causas subyacentes suelen incluir viviendas precarias, instalaciones eléctricas deficientes, hacinamiento y ausencia de inspecciones preventivas. Las emergencias exponen desigualdades profundamente arraigadas, pero las políticas públicas siguen tratando los incidentes como casos aislados.

Lo mismo sucede con los incendios forestales: el discurso oscila entre la intencionalidad y los efectos del cambio climático, dejando en segundo plano aspectos cruciales como la planificación territorial o la expansión urbana en zonas de alto riesgo.

El factor común en estas problemáticas es una cultura social e institucional que reconoce —y legítimamente valora— la capacidad de respuesta frente a los desastres, pero que invierte una energía mucho menor en abordar las vulnerabilidades estructurales que los propician.

La creación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres significó un avance conceptual clave hacia una gestión del riesgo más integral, alineada con el marco propuesto por Naciones Unidas y el Marco de Sendai. Sin embargo, la implementación de esa transición sigue siendo parcial y deficiente. La prevención no puede limitarse a campañas estacionales o recomendaciones sin seguimiento; requiere una acción consistente mediante regulaciones efectivas, fiscalización constante, planificación urbana enfocada en seguridad y una educación sostenida a largo plazo.

En este contexto, instituciones como Bomberos de Chile personifican lo mejor del sistema de respuesta nacional: entrega, profesionalismo y compromiso comunitario. Pero resulta insostenible seguir dependiendo del esfuerzo y sacrificio de voluntarios para cubrir carencias estructurales que deberían ser prioritarias en la agenda del Estado.

Lograr una cultura preventiva genuina implica acciones concretas como:

Incluir la educación en gestión de riesgos desde las primeras etapas escolares.
Implementar fiscalización permanente y no solo reactiva.
Diseñar infraestructura con criterios claros de seguridad frente a riesgos naturales y humanos.
La emergencia no debería ser el punto de partida para el debate, sino una eventualidad cuya ocurrencia podamos evitar
Vincular efectivamente la planificación urbana con el análisis de amenazas.
Realizar evaluaciones públicas frecuentes para reducir vulnerabilidades a largo plazo.

La emergencia no debería ser el punto de partida para el debate, sino una eventualidad cuya ocurrencia podamos evitar.

Chile posee la experiencia técnica acumulada y ha aprendido lecciones que le permitirían dar un salto cualitativo significativo. El reto no radica en el diagnóstico; lo que falta es decisión política y coherencia institucional para priorizar soluciones estructurales por encima de respuestas inmediatas.

Mientras sigamos actuando en forma reactiva, perpetuaremos esta cultura de la emergencia permanente que ya no puede seguir siendo considerada como algo inevitable.

Cristian Pareja Diaz

Bombero Voluntario

Ingeniero en Administración

Diplomado en Gestión de Riesgo de Desastres Comunal

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