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Durante una reciente cita que sostuvo con el equipo económico del Presidente electo José Antonio Kast, la plana mayor de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) planteó 382 medidas a aplicar en el marco de la Ley de Autorizaciones Sectoriales. El fin, “eliminar trámites redundantes y transformar otros en mecanismos más ágiles, sin rebajar estándares regulatorios”.
Ya a principios de enero, se había reunido con el propio Kast el gremio que reúne a la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad de Fomento Fabril, la Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. El organismo actualmente es liderado por la exsubdirectora del think tank de derecha Libertad y Desarrollo.
El listado propuesto es exhaustivo. Intenta representar los intereses de los principales sectores productivos de Chile, con el objetivo de destrabar la inversión, dicen.
La Ley 21.770 de Autorizaciones Sectoriales, impulsada por el actual gobierno y aprobada en 2025, es el proyecto que abordó esa idea inventada por quienes buscan la desregulación del Estado (y, de paso, el interés público): el neologismo llamado “permisología”.
El cuerpo legal incorpora un concepto inexistente en la legislación chilena, el de “técnica habilitante alternativa”. El artículo 5° de la ley señala que éstos son los “instrumentos que habilitan el desarrollo de un proyecto o la ejecución de una actividad sin exigir la dictación de un acto administrativo favorable previo”. En concreto, muchas acciones que requieren de una autorización expresa de los organismos públicos para ser ejecutados, ahora podrían materializarse sólo emitiendo una declaración jurada o avisando la realización de ésta.
Fue el mundo ambiental el que cuestionó fuertemente, durante su tramitación, los riesgos que involucraba aprobar una normativa de este tipo. Ya sabemos del hambre que tienen ciertos proyectos extractivos, que han puesto la regulación ambiental como su enemiga por excelencia.
Pero al revisar la lista, queda claro que la naturaleza no es el único adversario del gran empresariado. En muchos casos, su disconformidad se dirige hacia muchos acuerdos que hemos logrado para contar con un país más seguro para todos y todas.
El problema es que los costos de esta visión normalmente no los pagan los ejecutivos y dueños de estas corporaciones, los paga la sociedad
De muestra algunos ejemplos de los permisos de los órganos del Estado sobre residuos peligrosos que el gremio propone eliminar, transformándolos en simples avisos o declaraciones juradas:
Bonus track:
No, dijeron, no queremos reducir el estándar regulatorio. Claramente los hechos muestran lo contrario. Incluso en materias tan sensibles como residuos que ponen en riesgo la seguridad o salud de la población.
Al parecer la máxima de la CPC es la de “prefiero pedir disculpas a pedir permiso”. El problema es que los costos de esta visión normalmente no los pagan los ejecutivos y dueños de estas corporaciones, los paga la sociedad.
Por eso, cuando un camión con material radiactivo pase frente a su casa o instalen un botadero de residuos peligrosos frente a su hogar, no se pregunte quién lo autorizó. Sepa, desde ya, que se concretó gracias a un simple aviso que tuvo su origen en favorecer cierto interés particular.
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