La violencia en las escuelas: autoridad, legitimidad y crisis del orden educativo

En el debate contemporáneo sobre la crisis de la convivencia escolar, la preocupación pública se ha centrado, con justificación, en la protección de los estudiantes. No obstante, dicha focalización ha tendido a invisibilizar una dimensión igualmente determinante: la creciente exposición de los docentes a diversas formas de violencia en el ejercicio de su profesión. No se trata únicamente de un problema empírico, sino de un fenómeno que interpela el propio estatuto de la escuela en la sociedad democrática. La evidencia internacional confirma la persistencia de agresiones verbales, psicológicas y físicas contra el profesorado (UNESCO, 2019), pero reducir esta realidad a un asunto disciplinario resulta insuficiente desde el punto de vista analítico. Lo que está en juego es una transformación más profunda: la erosión de la autoridad pedagógica y la crisis de legitimidad de las instituciones modernas.

Desde una perspectiva sociológica, esta transformación puede entenderse a la luz de las ideas de Max Weber (2002) sobre los fundamentos de la autoridad, quien señala que si la dominación legítima se basa en la creencia en la validez de un orden, la inestabilidad actual en el rol del docente refleja precisamente la fragilidad de dicha creencia. En este contexto, el docente deja de ser percibido automáticamente como portador de autoridad racional-legal y su posición queda sujeta a un cuestionamiento constante. De manera análoga, François Dubet (2006) ha explicado la transición de una escuela-institución, fundamentada en normas internalizadas, hacia una escuela centrada en la experiencia, en la que las reglas deben negociarse de manera continua. Esto provoca un debilitamiento estructural de los marcos regulatorios que, a lo largo de la historia, han organizado la vida escolar.

Esta mutación se inscribe, además, en un proceso cultural más amplio. Byung-Chul Han (2017) ha caracterizado la sociedad contemporánea como un espacio de desregulación emocional, en el que los individuos externalizan sus tensiones sin mediaciones normativas sólidas. Desde otra perspectiva, Michel Foucault (2002) permite comprender cómo las formas tradicionales de disciplina han sido desplazadas por configuraciones más difusas de poder, en las que el control ya no opera de manera centralizada, sino de manera fragmentaria y, muchas veces, inestable. En el espacio escolar, esta convergencia de procesos se traduce en una intensificación de los conflictos interpersonales y en la exposición del docente como receptor de malestares que trascienden el ámbito educativo.

El caso chileno ofrece una expresión particularmente nítida de esta tendencia. En los últimos años, diversas agresiones contra docentes, incluyendo episodios de violencia física por parte de estudiantes y apoderados, han cobrado visibilidad pública, dejando en evidencia que la vulnerabilidad del profesorado ya no es una percepción, sino un hecho verificable. A ello se suma el incremento sostenido de denuncias por maltrato contra docentes reportadas por organismos oficiales, así como los resultados del estudio TALIS 2018 de la OCDE, que sitúan a Chile por encima del promedio en la percepción de la indisciplina y del deterioro del clima de aula. Estos antecedentes, lejos de ser anecdóticos, configuran un patrón estructural que afecta directamente el bienestar docente y la calidad del proceso educativo.

El análisis es incompleto si no considera la influencia del sistema educativo en estas condiciones. En las últimas décadas, el sistema escolar chileno ha experimentado una expansión de políticas, programas y mecanismos de control que, en conjunto, han saturado la institución y ahogado la vida escolar. Desde una perspectiva bourdieusiana, esta sobreintervención genera tensiones al imponer lógicas externas que diluyen la autonomía docente y erosionan su capital simbólico, además de multiplicar las exigencias administrativas, las iniciativas superpuestas y la falta de una política coherente, lo que crea una sobrecarga que limita el tiempo pedagógico, debilita la autoridad del docente y reduce la gestión de conflictos. Por ello, la violencia escolar no solo es episodios disruptivos, sino también una violencia sistémica, donde la organización del trabajo escolar, fragmentada y que externaliza las demandas sociales, configura un entorno de desprotección. Se ampliaron los marcos normativos de protección, pero no se consolidó un sistema sólido que reconozca al docente como sujeto de derechos, lo que afecta su bienestar y pone en riesgo la viabilidad del proyecto educativo.

La cuestión de fondo, por tanto, no es únicamente cómo responder a la violencia, sino qué tipo de orden educativo se está configurando. Siguiendo a Hannah Arendt (1996), educar implica introducir a las nuevas generaciones en un mundo común, tarea que requiere de adultos investidos de autoridad y respaldados por instituciones legítimas. Cuando estas condiciones se debilitan, la autoridad se vacía de contenido y la convivencia se precariza; así, la violencia contra los docentes no constituye una anomalía, sino el síntoma de desajustes más profundos en la relación entre la escuela, el Estado y la sociedad.

Por lo tanto, la respuesta no puede consistir en la simple intensificación de medidas disciplinarias ni en la proliferación de nuevos dispositivos normativos que continúan recargando a las escuelas. Lo que se requiere es una reconfiguración sistémica que restituya las condiciones de legitimidad institucional, reconozca efectivamente al profesorado como sujeto de derechos y reorganice las responsabilidades en el sistema educativo. Ello implica revisar críticamente la sobrecarga estructural derivada de la expansión desarticulada de políticas públicas, fortalecer mecanismos de apoyo que no recaigan exclusivamente en la gestión escolar y reconstruir la autoridad pedagógica como un principio constitutivo de la vida democrática, lo que en última instancia significa proteger a quienes enseñan y no en añadir nuevas capas de intervención, sino en restablecer las condiciones estructurales que hacen posible el ejercicio de la docencia en un marco de reconocimiento, resguardo y legitimidad.

Referencias

La violencia contra los docentes no constituye una anomalía, sino el síntoma de desajustes más profundos en la relación entre la escuela, el Estado y la sociedad

Arendt, H. (1996). Entre el pasado y el futuro. Península.

Dubet, F. (2006). El declive de la institución. Gedisa.

Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Siglo XXI.

Han, B.-C. (2017). La sociedad del cansancio. Herder.

UNESCO. (2019). Behind the numbers: Ending school violence and bullying. UNESCO Publishing.

Weber, M. (2002). Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica.

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Carlos Delgado Álvarez

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