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En las últimas semanas, Chile ha presenciado una serie de graves hechos de violencia protagonizados por estudiantes de enseñanza media. Estos sucesos, altamente mediatizados, han generado alarma pública y motivado reflexiones sociales, muchas de las cuales apelan a la conciencia de padres, madres, docentes y adultos en general. Sin embargo, una mirada más profunda revela que estos episodios no son hechos aislados, sino expresiones sintomáticas de un problema estructural: el deterioro del tejido social y la crisis de sentido en nuestras instituciones educativas. En este contexto, urge abandonar las respuestas reactivas y moralizantes, para construir una política pública de convivencia escolar que aborde la violencia desde una perspectiva de justicia educativa, equidad social y formación ciudadana. En este desafío, las universidades pedagógicas están llamadas a cumplir un rol estratégico.
Los hechos recientes en liceos de Melipilla, San Pedro de la Paz, Coronel y Osorno no pueden entenderse como simples desbordes de conducta juvenil, ni como manifestaciones individuales de falta de valores. Por el contrario, deben ser interpretados como síntomas visibles de una violencia estructural más profunda, que atraviesa a la escuela como institución moderna: segregación social y territorial, precarización de la vida familiar y comunitaria, erosión de los vínculos intergeneracionales, deslegitimación del Estado y crisis de autoridad pedagógica.
Desde la teoría política educativa crítica, la escuela no es un espacio neutro ni aislado, sino un microcosmos de las relaciones de poder presentes en la sociedad. La violencia que irrumpe en sus aulas es reflejo de un orden social que produce frustración, exclusión y silenciamiento, especialmente en contextos de pobreza, racismo, machismo o discriminación estructural. En lugar de reforzar discursos culpabilizadores hacia docentes o familias, se requiere interpelar las condiciones institucionales, culturales y materiales que producen subjetividades violentadas y violentas.
Una política pública efectiva para enfrentar la violencia escolar debe estar anclada en una visión de justicia educativa, entendida no solo como igualdad de oportunidades, sino como reconocimiento, redistribución y participación. Esto implica asegurar condiciones dignas de aprendizaje, fortalecer los equipos de apoyo psicosocial, promover pedagogías críticas y restaurativas, y garantizar la participación activa de estudiantes en la gestión de la convivencia.
La violencia no puede combatirse solo con más control o vigilancia; debe ser abordada mediante culturas escolares democráticas, que valoren la diferencia, gestionen el conflicto con diálogo y favorezcan una ciudadanía activa y deliberativa. Ello requiere formar sujetos capaces de comprender y transformar su realidad, no solo adaptarse a ella.
En este proceso, las universidades pedagógicas tienen un papel insustituible. No solo por su responsabilidad en la formación docente, sino por su potencial para generar conocimiento situado, ético y transformador. Es indispensable que:
Rediseñen la formación docente para integrar competencias en justicia educativa, educación emocional y ciudadanía crítica.
Desarrollen programas de investigación-acción junto a comunidades escolares, especialmente en territorios vulnerados.
Impulsen programas de Vinculación con el Medio que conecten a estudiantes de pedagogía con escuelas y liceos.
Constituyan observatorios regionales de convivencia y justicia educativa.
Así, las universidades pueden pasar de ser meras formadoras técnicas a actoras públicas comprometidas con la transformación social desde la educación.
La violencia escolar no es una anomalía, sino una señal de alerta sobre las profundas fracturas de nuestra vida colectiva
Una política pública integral debería contemplar al menos cinco componentes estratégicos:
Diagnóstico participativo y territorializado, que reconozca las múltiples violencias en las escuelas.
Fortalecimiento de capacidades institucionales, con profesionales psicosociales y formación docente continua.
Currículo para la ciudadanía democrática, incluyendo derechos humanos, género, interculturalidad y medioambiente.
Red de apoyo intersectorial, articulando escuelas con servicios sociales y comunitarios.
Alianzas con universidades pedagógicas, como centros de formación, investigación y producción de conocimiento.
La violencia escolar es una señal de alerta sobre las fracturas de nuestra vida colectiva. No bastan discursos punitivos ni llamados individuales. Se requiere una respuesta política, estructural y pedagógica, que reconozca la educación como derecho social. Las universidades pedagógicas tienen hoy el deber de liderar esta transformación, formando docentes como intelectuales públicos y agentes de justicia educativa.
Como dijo Hannah Arendt:
“La educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él…»
Referencias
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Carlos
Gracias Loreto, definitivamente, hay que restaurar la autoridad parental y docente, no sobre la base de la coerción, sino a partir de la racionalidad y competencia de los roles sociales que se cumplen.
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Loreto
Si bien se consideran diversos factores que son generadores de violencia en la cultura actual… el gran punto es como se va. A detener a corto plazo, las faltas de respeto, los golpes y las amenazas recibidas por los profesionales, quienes producto de estos a ataques continuos están perdiendo la vocación… creo que el estado está en deuda con la seguridad docente y del conjunto de profesionales que han intentado poner freno con cada una de las estrategias que se nombran en el artículo….