Justicia e Impunidad: una crítica estructural

La llegada al poder hace cuatro años del gobierno de Gabriel Boric Font estuvo acompañada de expectativas inéditas en materia de derechos humanos, sustentadas tanto en su trayectoria política como en su identificación con las demandas surgidas tras el estallido social de 2019. Sin embargo, al final de su mandato, el balance en esta materia resulta deficitario. La distancia entre el discurso oficial, el funcionamiento del sistema de justicia y la experiencia concreta de las víctimas de violaciones a los derechos humanos evidencia que la impunidad continúa operando como un rasgo estructural de la democracia chilena.

Lejos de impulsarse una política decidida de justicia transicional, el saliente gobierno optó por administrar el conflicto heredado, privilegiando la estabilidad institucional por sobre los derechos de las víctimas. La mayoría de las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del estallido social permanece sin sentencia firme. La lentitud del Ministerio Público, la fragmentación de las investigaciones, las dificultades probatorias y la ausencia de una estrategia integral de persecución penal han consolidado un escenario donde la impunidad se normaliza. Este fenómeno no puede atribuirse exclusivamente al Poder Judicial, sino que responde también a la falta de voluntad política sostenida desde el Ejecutivo.

Esta ausencia de justicia efectiva tiene efectos directos sobre los procesos de memoria social. La falta de verdad judicial no solo vulnera derechos individuales, sino que debilita la capacidad colectiva de elaborar críticamente el pasado reciente. En este vacío, proliferan narrativas fragmentadas, discursos negacionistas y lecturas conciliadoras que relativizan la gravedad de las violaciones a los derechos humanos. El Estado, lejos de promover una política activa de memoria crítica, ha tendido a despolitizar el conflicto, reduciendo la memoria a gestos conmemorativos vaciados de contenido histórico y sin proyección transformadora.

Resulta preocupante que, en paralelo a este escenario, el gobierno saliente haya promovido reformas legales orientadas a ampliar las facultades de las fuerzas policiales, sin que se hayan esclarecido plenamente las responsabilidades por violaciones pasadas. Estas decisiones introducen una señal política ambigua en materia de garantías de no repetición, tensionan el principio de subordinación de la fuerza pública al control civil y debilitan los estándares internacionales de derechos humanos que el propio Estado de Chile ha suscrito.

En este contexto, las organizaciones de derechos humanos tampoco han estado exentas de responsabilidad. Una parte significativa de ellas ha experimentado un proceso de institucionalización que ha erosionado su autonomía política y su capacidad de interpelación crítica. Al privilegiar la gestión técnica, la interlocución estatal y el acceso a financiamiento público, han ido abandonando progresivamente su rol histórico de denuncia y movilización, transformándose en administradoras de reparación parcial más que en actores políticos orientados a la exigencia de verdad, justicia y no repetición.

La distancia entre el discurso oficial, el funcionamiento del sistema de justicia y la experiencia concreta de las víctimas evidencia que la impunidad continúa operando como un rasgo estructural de la democracia chilena

Un síntoma claro de esta deriva es la insistencia en categorizar ciertos procesos judiciales como “casos emblemáticos”, jerarquizando unas violaciones por sobre otras. Desde una perspectiva de derechos humanos, esta lógica resulta ética y políticamente insostenible. Toda vulneración —ya sea homicidio, mutilación ocular, tortura, prisión arbitraria o violencia sexual— posee igual gravedad jurídica, moral y política. La noción de lo emblemático contribuye a invisibilizar a cientos de víctimas cuyos casos no alcanzan visibilidad mediática ni prioridad institucional, reforzando una impunidad selectiva que también fragmenta la memoria social.

Asimismo, el desplazamiento del énfasis desde la justicia penal hacia políticas de reparación administrativa ha operado como un mecanismo de cierre institucional prematuro del conflicto. La reparación, cuando no va acompañada de verdad judicial y sanción efectiva, se convierte en un sustituto de la justicia y no en su complemento, consolidando una lógica de gestión del daño que debilita tanto los derechos de las víctimas como la construcción de una memoria colectiva fundada en la responsabilidad estatal.

En este sentido, la impunidad bajo el gobierno de Gabriel Boric no puede ser entendida como una anomalía coyuntural ni como un simple incumplimiento programático, sino como la expresión de los límites estructurales del modelo político-institucional, reproducidos incluso por gobiernos que se autodefinen como progresistas. Superar este escenario exige romper con la lógica de la administración del conflicto, recuperar la dimensión política de los derechos humanos y asumir que una democracia real se mide por su capacidad de garantizar justicia y memoria a todas las víctimas, sin jerarquías ni concesiones al poder.

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Andres Vera Quiroz

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