Nuevo gobierno, mismas obligaciones en derechos humanos

Los derechos humanos son responsabilidad de los Estados y no dependen del gobierno de turno. No se trata de retórica, sino de un principio jurídico consolidado en el derecho internacional de los derechos humanos. Velar por estos derechos no es un privilegio ni un ‘favor’, es una obligación de los Estados que no admite regresividad.

Como tal, el Estado de Chile tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar estos derechos en base a la Carta de Naciones Unidas de 1945 y a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Por tanto, la continuidad de los derechos humanos con independencia del gobierno de turno no es solo una aspiración política: es un principio estructural del Estado de derecho y del derecho internacional.

Un cambio de gobierno no puede extinguir tratados, ni suspender obligaciones, ni mucho menos permitir retrocesos arbitrarios. Es importante destacar que todos los organismos del Estado tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos. Todos tienen responsabilidades para proteger los derechos humanos. Éstos existen precisamente para limitar mayorías circunstanciales, contener posibles abusos de poder y proteger a minorías y grupos vulnerables. Si cada gobierno pudiera redefinirlos libremente, dejarían de ser derechos y pasarían a ser concesiones políticas.

El gobierno saliente ha mostrado voluntad política y un discurso de justicia en general; sin embargo, esto no ha sido suficiente para lograr un verdadero cambio. El ínfimo porcentaje de sentencias condenatorias relacionadas al estallido social lo demuestra, con menos de un 2%, dejando una herencia de impunidad y desesperanza en una ciudadanía que cada vez desconfía más de las autoridades. Chile sigue en deuda con una reparación integral y con garantías de no repetición.

Asimismo, destaca positivamente el impulso del proyecto de ley que regula el uso de la fuerza y que crea el Ministerio de Seguridad Pública; sin embargo, esto no reemplaza la reforma estructural de Carabineros que junto a varios organismos de derechos humanos recomendamos y que el gobierno se comprometió a llevar a cabo, pero que finalmente no cumplió. La nueva administración deberá tener en cuenta esto para seguir avanzando al respecto.

Una de las políticas públicas más destacables fue la implementación de un Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, orientado a esclarecer las circunstancias de desapariciones forzadas y fortalecer el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas. El reciente avance en la tramitación legislativa que permitiría su institucionalización es una muestra más de que este tipo de proyectos deben ser parte de las responsabilidades del Estado y no sólo de un gobierno.

Además, es tremendamente desolador el manejo que se ha tenido respecto a la situación migratoria. Debe quedar claro que se trata de un tema de derechos humanos que no puede reducirse a un problema de seguridad. Nadie discute cuán ideal es contar con una migración ordenada y regular, pero para eso también es necesario garantizar a las personas posibilidades reales de regularización. En la última carta al presidente lo dijimos fuerte y claro: existe una falta de responsabilidad política y ética en temas de regularización migratoria.

Los derechos humanos son responsabilidad de los Estados y no dependen del gobierno de turno

Sin duda, cuatro años no han sido suficientes para avanzar en todos los compromisos iniciales del gobierno de Boric. Ahora le toca el turno a una nueva administración, la del presidente electo José Antonio Kast, quien deberá tomar la posta de estos asuntos. Un presidente cuyo programa de gobierno preocupa especialmente por la manera en que aborda temas fundamentales como la migración, la educación, el medioambiente, la seguridad y el gasto en materia social.

Amnistía Internacional Chile pide al futuro presidente y a su administración que cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos en todas sus políticas y planteamientos de gobierno. Para ello, es fundamental que mantenga la coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos con los que Chile se comprometió, que aborde la situación país desde el diálogo y la transparencia y, ante todo, que cumpla con el principio de no regresividad, es decir, sin retroceder en ninguno de los derechos adquiridos. También hacemos un llamado a todas las personas que integren el nuevo Congreso Nacional a legislar siempre con el marco de derechos humanos como norte.

El tiempo se acabó para la administración del presidente Boric; ahora comienza un nuevo ciclo no exento de incertidumbre. Cuando se trata de gobernar, la voluntad política no es suficiente: hay que lograr aterrizar los compromisos y llevarlos a cabo. Como organización internacional dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos no nos quedaremos de brazos cruzados; seguiremos vigilantes, documentando, denunciando y movilizando a la ciudadanía por la defensa irrestricta de los derechos humanos.

Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile

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