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La expresión “cómplices pasivos” fue utilizada por el expresidente Sebastián Piñera para referirse a sectores civiles de la derecha política que, durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973–1990), omitieron denunciar o enfrentar los crímenes sistemáticos de lesa humanidad cometidos por el aparato represivo del Estado. Sin participar directamente en ellos, dichos actores eludieron su responsabilidad política y moral, contribuyendo a su continuidad mediante el silencio o la inacción.
Durante ese período, Chile vivió una de las dictaduras más represivas de América Latina, marcada por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura sistemática, exilio masivo y la imposición violenta de un modelo económico ultraneoliberal. Tras el retorno a la democracia en 1990, el país inició un largo proceso de reconstrucción institucional, recuperación de la memoria histórica y ampliación gradual de derechos civiles, sociales, políticos y económicos.
En los últimos cincuenta años, los sectores de derecha han accedido en dos ocasiones al gobierno mediante elecciones democráticas. Sin embargo, diversos analistas sostienen que el escenario actual es cualitativamente distinto: no se trataría solo del retorno de actores vinculados pasivamente al pasado dictatorial, sino del ascenso de fuerzas políticas que reivindican explícitamente el régimen de Pinochet o relativizan sus crímenes. Desde esta perspectiva crítica, la llegada de la neoultraderecha a La Moneda representa la normalización de discursos que justifican o minimizan violaciones graves a los derechos humanos, como el más importante, la conservación de la vida.
El fenómeno del auge de la neoultraderecha chilena se inscribe en un contexto internacional marcado por el enorme incremento global de esta ideología que, pese a presentarse como “antisistema”, promueven los ya viejos modelos económicos ultraneoliberales, una mayor concentración del poder económico-financiero y tendencias autoritarias en lo político. A diferencia de los golpes de Estado del siglo XX, su acceso al poder se produce hoy mediante mecanismos electorales, lo que plantea nuevos desafíos para las democracias contemporáneas, y pone en alerta la poca capacidad del sistema democrático —principalmente partidos políticos democráticos pero también organizaciones de la ciudadanía— para percibir, prevenir y articular un plan de acción que impida el progreso de esta ideología históricamente autoritaria.
Las críticas se centran también en el programa político de estos sectores, particularmente en su oposición sistemática a la regresión y, obviamente, a la ampliación de derechos, tal como se refleja en el historial legislativo del Presidente electo, José Antonio Kast, durante sus cuatro períodos como diputado (2002–2018): votó en contra de todo tipo de derechos, incluyendo contra la ley que criminaliza el maltrato animal. A ello se suman posiciones negacionistas frente al cambio climático ―que, sostiene la evidencia científica, de consolidarse esta ideología, crearían un auténtico ecocidio―, y una visión aún más marcadamente privatizadora de derechos sociales fundamentales.
En rigor, no regresarían únicamente los “cómplices pasivos”, sino también los cómplices activos y herederos orgullosos del legado autoritario de la dictadura
Desde esta mirada, el ascenso de la neoultraderecha interpela no solo a las fuerzas progresistas, sino también a la derecha liberal democrática, a la que se responsabiliza de haber facilitado este escenario mediante alianzas y apoyos estratégicos. Lo que estaría en juego no sería únicamente una regresión en materia de derechos, sino una regresión endémica que pondría fin al concepto esencial progresivo del sistema democrático: ampliar el bien común.
Finalmente, se advierte sobre el rol central de la desinformación en el debate público contemporáneo. El uso intensivo de redes sociales y campañas digitales coordinadas de bots habría contribuido a instalar narrativas distorsionadas, fomentando la polarización emocional y debilitando ―más bien degradando― el debate democrático en favor de esta ideología.
En este contexto, quienes hoy acceden a La Moneda ya no serían vistos solo como herederos pasivos de un pasado autoritario, sino como representantes activos de un proyecto político que reabre debates fundamentales sobre memoria histórica, derechos humanos y la calidad y futuro de la democracia en Chile. En rigor, no regresarían únicamente los “cómplices pasivos”, sino también los cómplices activos y herederos orgullosos del legado autoritario de la dictadura.
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