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Recientemente, José Joaquín Brunner (El Líbero, 28 enero) puso en la atención lectora un tema a menudo soslayado, pero que se vive en la política permanente; me refiero a la relación ambigua entre una parte del mundo intelectual de izquierda y la política real, aquella que cambia las cosas. Su diagnóstico, detallado y deliberadamente provocador, apunta a un fenómeno reconocible, aquel de una izquierda que escribe mucho, piensa con sofisticación, denuncia con radicalidad, pero que se mantiene a prudente distancia de la acción política efectiva.
De este modo, Brunner describe una sensibilidad intelectual situada en los márgenes de la política efectiva, intensamente volcada a la producción de textos y a la crítica del sistema existente, pero poco interesada en traducir esa mirada negativa en proyectos políticos reales. Se trata de una izquierda que privilegia la interpelación discursiva por sobre la construcción política, que desconfía del Estado y de la democracia liberal realmente existente, y que concibe la crítica radical más como gesto moral que como estrategia de poder. Desde esa posición, este tipo de intelectual observa con dureza a las izquierdas que gobiernan o aspiran a gobernar mediante reformas, sin que su propia intervención logre articular mayorías, políticas públicas y, finalmente, mejorías concretas para el pueblo que dicen convocar. Brunner los llama “intelectuales de las belles lettres” porque, a su juicio, ponen el acento en una escritura pulida y bien elaborada, más preocupada de sí misma que del efecto político que puedan tener. Para no personalizar, habitualmente evito citar nombres, pero de haberlos, los hay.
No se trata de una polémica nueva, pienso que tampoco se trate de una querella personal. Es, más bien, una discusión de fondo sobre el lugar de los intelectuales en sociedades democráticas complejas y su relación con la política, asunto de vieja data en el debate social. Esto en el cuadro actual, atravesado por desigualdades persistentes, incertidumbre acumulada y un evidente desgaste de los lenguajes políticos tradicionales, de lo cual Chile no es una excepción.
La pregunta, entonces, no es si los intelectuales deban criticar; naturalmente que deben hacerlo (y es saludable que lo hagan), la interrogante es qué ocurre cuando la crítica se emancipa por completo de la responsabilidad política, cuando se vuelve autosuficiente, autorreferencial, y empieza a operar como un fin en sí mismo.
Ese tipo de intervención intelectual desconfía profundamente de la política institucional, del Estado, del sistema. Desde esa posición, gobernar equivale a contaminarse; reformar es claudicación de ideales puros que, a decir verdad, no se sabe bien dónde están. La crítica se instala así en una zona moral desde la cual todo intento de transformación gradual aparece como insuficiente, sospechoso o directamente cómplice del orden dominante.
Brunner lo formula con particular claridad cuando observa que: “Pese a su aversión al poder, esta izquierda textual y literaria suele adoptar un tono de superioridad moral e intelectual al juzgar a las izquierdas que sí participan en la política institucional”. La frase es significativa porque condensa una paradoja central: el rechazo del poder no conduce necesariamente a la modestia, sino, en ciertos casos, a una forma refinada (más que la de Giorgio Jackson) de superioridad moral.
Esta postura tiene una seducción evidente, pues permite conservar la coherencia, evitar los costos del poder y sostener una identidad radical sin exponerse a la prueba de los hechos. El intelectual no se equivoca porque no decide, tampoco es responsable porque no gobierna. Y a veces, la responsabilidad del intelectual radical arriesga resultados que, en contextos de alta polarización, pueden contribuir a dinámicas de violencia y destrucción, incluso de vidas, como mostró de modo controvertido el debate en torno al ideólogo Toni Negri y el clima ideológico de los llamados “años de plomo” en la Italia de la década de los 70.
La crítica se instala así en una zona moral desde la cual todo intento de transformación gradual aparece como insuficiente, sospechoso o directamente cómplice del orden dominante
Es cierto que la crítica contra el sistema cumple una función indispensable en la pluralidad democrática, revela lo que el sentido común no percibe, desnuda relaciones ocultas del poder, amplía el horizonte del examen político. Pero cuando no se traduce en políticas públicas o al menos en orientación estratégica, corre el riesgo de convertirse en un puro ejercicio estético: brillante e inofensivo a veces, negativo cuando los lectores politizados lo interpretan según sus anteojeras ideológicas.
En el Chile reciente vimos algo de esto, un periodo de movilización social cargado de energía y creatividad discursiva, de impugnación total del orden existente. Sin embargo, cuando llegó el momento de convertir esa negatividad en construcción institucional, el discurso quedó fragmentado e incapaz de articular mayorías estables. El resultado es conocido.
Entendámonos, no se trata de culpar a los intelectuales de los fracasos políticos, sería absurdo e injusto. Pero sí de preguntarse por la eficacia histórica de ciertos modos de intervención, especialmente cuando estos influyen en el clima cultural de la izquierda. Aún más, cuando los intelectuales rompen su aproximación con la política práctica, su crítica puede conservar radicalidad discursiva, pero pierde capacidad transformadora y, en ciertos contextos, termina favoreciendo a las fuerzas que dice combatir. Como cuando, en palabras de Brunner, esa crítica se reduce a “interpretar el mundo” sin interés real en transformarlo; de paso, recordando una vieja acepción de Marx.
Nada de lo anterior implica exigir a los intelectuales que se conviertan en burócratas, operadores o propagandistas. Tampoco renunciar a la autonomía crítica ni al pensamiento conflictivo; implica, modestamente, reconocer que las ideas tienen efectos, que los climas culturales influyen en las correlaciones de fuerza, y que la crítica también debe hacerse cargo de sus consecuencias. Porque el intelectual no está obligado a gobernar, pero sí a preguntarse para quién habla y con qué efectos posibles. No basta con declarar ilegítimas las instituciones; hay que imaginar cómo se las transforma sin destruir las condiciones mismas de la vida democrática.
Digamos finalmente que la política democrática es, por definición, ajena a las narrativas grandiosas (aunque hay momentos en que sí lo es). Avanza a trompicones, se equivoca, retrocede, negocia con aliados y adversarios, ¿y para qué? Para producir reformas tras reformas, siempre revisables. Eso la vuelve ingrata para quienes buscan gestos absolutos o rupturas totales. Pero también es el único terreno en el que, históricamente, se han ampliado derechos, reducido desigualdades y construido avances concretos de justicia social.
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Rodrigo Karmy
Para repetir los argumentos de Brunner no hace falta escribir una nueva columna. Pienso que el autor de esta columna no ha leído las diversas columnas críticas a Brunner y, por eso no contribuye a potenciar el debate sino a clausurarlo. El debate sigue en punto 0.