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La tragedia que hoy enluta al Gran Concepción con más de una decena de fallecidos y cientos de hogares en cenizas no fue un evento de la naturaleza, sino un fracaso de la gestión política. El reportaje de BBCL Investiga deja al descubierto una verdad incómoda: el fuego encontró el camino libre porque nuestras instituciones decidieron que era más importante cumplir un decreto administrativo que salvar vidas.
Es incomprensible que, teniendo sobre la mesa una advertencia técnica detallada con nueve meses de antelación, el aparato estatal haya respondido con la lentitud de un trámite rutinario. Mientras la biomasa se secaba en los cerros de Florida, Penco y Tomé, transformándose en un polvorín de 4 mil hectáreas, los expedientes que pedían permiso para eliminar ese combustible «descansaban» en las oficinas de Santiago.
El argumento ambiental de proteger la calidad del aire mediante el Plan de Descontaminación Atmosférica (PPDA) es, en teoría, noble. Sin embargo, aplicarlo con una rigidez que impide prevenir un incendio forestal masivo es un error de criterio monumental. El humo de una quema controlada en agosto es una molestia sanitaria gestionable; el humo de cientos de casas quemándose en enero es una catástrofe humanitaria. El Estado falló al no entender la jerarquía de riesgos.
Por otro lado, la responsabilidad de las empresas forestales no es menor. El hecho de que existieran residuos acumulados por seis años sugiere una desidia histórica en la limpieza de sus propios predios. Confiar ciegamente en que el Estado autorizaría quemas —que son la vía más barata para ellos— en lugar de invertir en procesos mecánicos de trituración (chipeo), fue una apuesta arriesgada donde los que terminaron perdiendo fueron los vecinos de la interfaz urbano-rural.
Hoy, las autoridades se escudan en la legalidad de sus actos: «no podíamos autorizar porque la norma lo prohíbe». Pero esa es la respuesta de un administrador de oficina, no de quien quiere liderar a cargo de la seguridad pública. Cuando la norma se convierte en el facilitador de una tragedia anunciada, la norma debe ser cuestionada y modificada con urgencia.
La lección es amarga. Mientras no exista una coordinación real que ponga la prevención de incendios por encima de la rigidez burocrática y el ahorro de costos privados, los cerros del Bío Bío seguirán siendo una bomba de tiempo. Esta vez, el sistema no falló por ignorancia, falló por negligencia administrativa. Y el costo, lamentablemente, se pagó en vidas.
El fuego encontró el camino libre porque nuestras instituciones decidieron que era más importante cumplir un decreto administrativo que salvar vidas
Cristian Pareja Diaz
Diplomado en Gestión Riesgo de Desastres Comunales
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cristián barría jara
Aquí en Chile, muchos desastres cómo los incendios y terremotos, podrían haber sido evitado, enfrentado correctamente y oportunamente reparados, si los políticos de mie..a de este país fueran cultos y no militaristas. 1) Cultos la protección civil hace muchos años que está regulada por ley; en 1945 se creo la Defensa Civil de Chile y tiene atribuciones LEGALES (por ley), para enfrentar estas situaciones pero por lo que se expondrá más adelante se dejó en el ámbito militar. Para enfrentar estas situaciones existieron 2 organismos clave la Onemi y el ministerio de Economía, Fomento y RECONSTRUCCION. La Onemi se creo en el gobierno del presidente Frei Montalva y se transformó en organismo público en la dictadura(se hace presente que en el 11-9-73, había un proyecto de ley presentado y en tramitación en el congreso, que le daba rango legal). Hasta 2009 era OBLIGACIÖN LEGAL del ministerio de economía el de DIRIGIR y COORDINAR, las reconstrucciones, pero el estupido 1º gobierno de bachelet lo suprimió, todo Chile es testigo de esa ESTUPIDES. 2) El militarismo se vió con la creación de la Defensa Civil, que a pesar de ser una copia del sistema de protección civil británico, se dejó en el ministerio de defensa(el sistema británico en la 2º GM y el actual son absolutamente civiles). Los militares NO estaban involucrados en protección civil hasta 1939, con ocasión del terremoto en Chillán de ese año, ahí los milicos vieron la oportunidad de «congraciarse» con los civiles ayudando en la emergencia(se recuerda que en esa época a los milicos se les escupía en la calle, por el 1º gobierno de ibañez y las dictaduras militares de izquierda de 1932). Este militarismo se enquistó en la clase política, llevando a su culmine con la constitución del 80 que le entrega a los milicos el manejo de la emergencia, pero no la reconstrucción .Se hace presente que el antiguo texto de la ley 12927, que contemplaba estas situaciones entregaba a los milicos sólo el orden público y los asuntos de protección civil era responsabilidad de los intendentes y gobernadores. Mientras exista este militarismo en asuntos de protección civil, va a ser imposible enfrentar y prevenir correctamente estos eventos.
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Rene Alarcon
Muy bueno..conecta las causas de la tragedia con lo que realmente ocurrió. Me ha tocado asistir a reuniones en línea, donde algunos funcionarios celebran Que en un periodo de tiempo no hubieron incendios como un logro..prefiero este tipo de análisis crudos pero verdaderos para avanzar en la prevención…