En nuestra historia reciente, hemos sido testigos de cómo personas que cumplen un rol público, o incluso aquellas que destacan por ser influyentes dentro de nuestra sociedad, han debido enfrentar a la justicia por diversas situaciones, desde la colusión del papel higiénico hasta el caso de farmacias populares, pasando por los escándalos de los pollos, el milicogate, Corpesca, Torrealba y Barriga, por nombrar algunos. Al principio, estas situaciones nos sorprendían y nos llenaban de incredulidad.
Con la llegada de la reforma procesal penal, adoptamos una nueva forma de justicia en nuestro país, dejando atrás un sistema en el que el juez tenía la tarea de indagar, procesar y dictar sentencia. La ciudadanía depositó su confianza en este nuevo sistema, con la legítima aspiración de que todos quienes enfrenten la ley sean juzgados por igual, sin distingo ni privilegios de ninguna especie. No obstante, esta misma ciudadanía manifiesta su descontento cuando la justicia no actúa como ella espera, llegando a calificarla de todas las maneras negativas posibles.Es esencial entender que la prisión preventiva no debe ser utilizada como un castigo anticipado, especialmente en casos políticos. La justicia debe ser imparcial y basada en la ley, sin ceder a presiones sociales o mediáticas
La prisión preventiva como satisfacción ciudadana
La frustración de la sociedad se ve mitigada cuando una figura pública es sometida a prisión preventiva. Este hecho deja un buen sabor de boca porque se asume —muchas veces de manera equivocada— que todos los casos «quedarán en nada». Esto demuestra que nuestra sociedad está tan ansiosa de penas que cada vez que vemos algo de esa índole nos aferramos a ello con voracidad, como si se tratara de una presa de cacería.
Una parte importante de nuestra sociedad ve la prisión preventiva como una forma de escarmiento para el político y la figura de renombre, olvidando que una medida cautelar no puede ser concebida como una pena adelantada. Esta desinformación provoca una gran desazón cuando un tribunal no concede la prisión preventiva y, en su lugar, impone otras medidas menos gravosas. Este malestar debe ser abordado por diferentes actores de nuestra sociedad, entre ellos los medios de comunicación, quienes tienen el deber de informar de manera exacta las cuestiones jurídicas, y los encargados de administrar justicia, quienes deben esforzarse por explicar los tecnicismos jurídicos que los llevan a tomar una u otra determinación.
La Defensoría Penal Pública ha concluido que un número significativo de personas sometidas a prisión preventiva luego no resultan condenadas, lo que amplía la idea de que esta medida, lejos de tener una finalidad únicamente cautelar, se acerca a la lógica de una pena anticipada o de un escarmiento por las dudas. Esto reviste particular importancia, ya que una medida cautelar no debería ser utilizada como una forma de castigo.
Más allá de si la prisión preventiva es una forma anticipada de condenar a una persona, no podemos ignorar la percepción negativa que la población tiene de la clase política de nuestro país. Este desprestigio socava la confianza en el sistema político y en las instituciones del Estado. Los políticos están llamados a ser un ejemplo de rectitud y probidad en una sociedad. Cada vez que su actuar violenta estos principios, la institucionalidad se debilita, se altera la convivencia social y se sitúa peligrosamente al país en un escenario pernicioso como el de la corrupción, que puede incluso dar una estocada mortal a la democracia.
Conclusión
En conclusión, es esencial entender que la prisión preventiva no debe ser utilizada como un castigo anticipado, especialmente en casos políticos. La justicia debe ser imparcial y basada en la ley, sin ceder a presiones sociales o mediáticas. La información precisa y la educación sobre el sistema judicial son cruciales para cambiar la percepción pública y garantizar que la justicia se administre de manera justa y equitativa. Solo así podremos fortalecer nuestras instituciones y preservar la democracia en nuestro país.
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