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Permisos para la inversión: ¿Seguridad o Libertad? ¿Más o menos inversión?: El gran dilema del siglo XXI
En la década de los setenta, mi amigo y profesor francés Gérard Destanne de Bernis nos explicaba que, en el desarrollo del sistema capitalista, siempre ha existido una tensión entre las opiniones sobre el rol que podría jugar el mercado actuando libremente o en forma regulada.
En ese contexto, estudiamos que en el siglo XVIII en Europa —con una producción fundamentalmente agrícola— François Quesnay y otros pensadores llamados fisiócratas acuñaron la expresión laissez-faire, laissez-passer para promover una economía sin impuestos ni permisos, en la que el mercado sería naturalmente más eficiente.
Todo esto, antes de que en Chile se introdujera en los años 80 —casi 100 años después— el pensamiento pro libre mercado de los Chicago Boys, que curiosamente hoy se ve muy bien complementado por el enfoque woke, básicamente de consignas negativas, que en 2025 satura la discusión política y las estrategias económicas bajo un supuesto halo de “economía moderna del libre mercado”.
Desde Quesnay y los fisiócratas hasta hoy, la economía política ha sufrido muchos cambios e interpretaciones, producto esencialmente de la propia realidad.
Así, por ejemplo, en el siglo XX se logró salir de la crisis de 1929 gracias a la incorporación de políticas regulatorias inspiradas en los principios de John Maynard Keynes y el enfoque de los economistas del desarrollo, que promovieron una regulación que permitiera expandir los sectores productivos, especialmente la industria. Este sector fue la base del éxito de las economías alemana, inglesa y norteamericana a principios del siglo pasado.
Sin embargo, a pesar de todo, sigue existiendo cierta ilusión sobre los poderes mágicos del mercado para fortalecer el desarrollo.
A fines de esa década, viajando a Buenos Aires con un conocido dirigente gremial de empresas mineras, me comentaba que Sudáfrica observaba con interés a los mineros de las minas de esmeraldas por su capacidad de trabajar a gran profundidad con una resistencia incalculable. Eso generaba excelentes utilidades para la empresa. Sin embargo, también señalaba que esos trabajadores no tenían una esperanza de vida superior a los 40 años.
En la misma época, trabajé en una consultoría para Bolivia, específicamente para una empresa pública encargada de la explotación minera, equivalente a lo que es Codelco en Chile. La productividad no era baja, pero las condiciones laborales eran muy difíciles, con escasa seguridad, lo que hacía que la esperanza de vida del trabajador formal no superara los 35 años, y la de los trabajadores independientes no pasara de los 30.
Pensar que la libertad de emprendimiento sin cumplir con permisos sanitarios, laborales y ambientales haría más eficiente nuestra economía es, simplemente, una falacia.
Podríamos seguir con otros ejemplos, como las condiciones del grupo de los 33 mineros de la mina San José, quienes estuvieron a punto de perder la vida por graves deficiencias en seguridad. A esto se suman los daños provocados por la generación de residuos sólidos (relaves), líquidos y atmosféricos, que han sido parcialmente mitigados gracias a los estándares actuales.
En todos estos casos se comprueba que las condiciones de trabajo no cumplían los estándares mínimos de seguridad, ni tampoco los de calidad ambiental. En este contexto, es natural y necesario que se exijan permisos y estándares que aseguren la calidad de vida de los trabajadores y del entorno.
Hoy lo que está en riesgo es la salud de la población, de los trabajadores, de los pueblos aledaños y del medio ambiente.
Algunos sostienen que si en Chile se eliminaran estas prácticas restrictivas, las inversiones serían más rápidas. Pero la realidad es más compleja: las empresas mineras —incluso sus propias filiales en Chile— saben que si bajan la calidad de su producción aplicando menos restricciones, no podrían competir en el mercado mundial. Serían acusadas de dumping.
Por eso, son las propias empresas, sus sindicatos y la ciudadanía quienes exigen mayores restricciones al libre mercado. Pensar que la libertad de emprendimiento sin cumplir con permisos sanitarios, laborales y ambientales haría más eficiente nuestra economía es, simplemente, una falacia.
Hernán Durán de la Fuente
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Mauricio Díaz Castillo
Interesante punto de vista presenta el autor. Concuerdo en su planteamiento en el sentido de que «la libertad de emprendimiento sin cumplir con permisos sanitarios, laborales y ambientales haría más eficiente nuestra economía es, simplemente, una falacia».
No obstante, el sistema de permisos en Chile francamente está sobredimensionado, no sólo afectando la libertad de emprendimiento, sino que francamente asfixiándola y haciendo inviable cualquier iniciativa de inversión en el país.
Indudablemente que las empresas más que «querer», necesitan para su sostenibilidad en el largo plazo un marco regulatorio claro y con alcance acotado, junto con una institucionalidad clara y autoridades criteriosas, que permita gestionar todos los permisos que requiere un proyecto para ejecutarse en plazos adecuados y definidos, de modo que sea un real aporte al desarrollo del país, aportando al bienestar de su población y el cuidado respetuoso del medio ambiente.