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La semana pasada estuvo plagada de declaraciones impactantes sobre seguridad. Estos discursos extremos no solo sirven para generar posicionamiento y visibilidad fácilmente en el contexto de las presidenciales, sino también para lograr impacto mediático y viralidad en redes sociales. Sin embargo, el costo de esta estrategia es alto. La escalada de violencia en las narrativas actuales que instrumentalizan los miedos y necesidades de la ciudadanía sin respetar acuerdos mínimos civilizatorios es grave.
Observamos, por ejemplo, cómo la candidata Matthei invitaba a “reabrir la conversación en torno a la pena de muerte”, mientras el candidato Kast, se distanciaba de ella indicando que “la pena de muerte es la salida más fácil para los asesinos” y que su propuesta es “encerrarlos y aislarlos de por vida, en las condiciones más duras posibles” para que vivan “una muerte en vida”. En paralelo, Kayser, habló de indultar a uniformados condenados en el marco del estallido social y de “revisar todos los casos para atrás”, mientras que la candidata Tohá habló de “las penas del infierno para los delitos más violentos”.
Esta estrategia no es original: figuras como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Javier Milei han recurrido a la polarización como herramienta política ya que la indignación vende, y en un ecosistema de información saturado, los discursos más agresivos logran captar la atención de la audiencia y los titulares.
Vemos con alarma cómo algunos candidatos y candidatas han convertido el populismo y la desinformación en herramientas de posicionamiento, sin respetar la evidencia ni las normas vigentes. La verdad y la razón no están del lado de quienes gritan más fuerte ni de quienes dicen las peores barbaridades. Al simplificar los debates y escalar en violencia con el propósito de obtener más visibil idad en una campaña, se socava el propio objetivo de construir seguridad y estabilidad y sobre todo se socavan la gobernabilidad y la democracia.
Dicho esto, es bueno aclarar que no existe evidencia de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio en la prevención de los delitos, más aún, esta pena es el mayor ejemplo de crueldad, inhumanidad y degradación. Haberla derogado en el 2001 es un avance civilizatorio para Chile y bajo ningún punto de vista podemos permitirnos retroceder 24 años en derechos.
Nuestra historia también es un factor importante: en un país que ha vivido el horror de la desaparición, la tortura y el terrorismo de Estado, cada declaración tiene peso. Cada frase inescrupulosa puede ser una puerta hacia la barbarie.
Entonces, al aproximarnos al debate sobre seguridad y violencia con la seriedad necesaria resulta al menos paradójico que quienes dicen estar más preocupados de ellas sean precisamente quienes enarbolan las consignas más violentas y disparatadas, legitimando la violencia como estrategia e instrumentalizando el miedo y la inseguridad de las personas para obtener visibilidad y réditos personales de corto plazo. Esto no es más que populismo.
La seguridad no puede transformarse en un botín político manipulado sin consideración por las consecuencias. Si las autoridades legitiman la violencia, ¿cómo pretenden luego combatirla?
Resulta fundamental enfatizar que la seguridad y los derechos humanos no son opuestos, al contrario, una vida más segura es una preocupación y una necesidad de todas las personas. Creer que solo un sector se preocupa y ocupa de ella mientras que el otro “solo busca defender delincuentes” es un error garrafal. La diferencia está en que hay quienes luchamos por que las decisiones se basen en evidencia y se enmarquen en los acuerdos en materia de derechos humanos que ha adquirido el Estado.
Precisamente es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien reconoce que la inseguridad generada por la criminalidad y la violencia amenazan la vigencia de los derechos humanos y que la construcción de una política sobre seguridad ciudadana debe incorporar los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado.
No existe evidencia de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio en la prevención de los delitos, más aún, esta pena es el mayor ejemplo de crueldad, inhumanidad y degradación
Ya en el 2009, en su Informe Sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, la Comisión afirmaba que «la construcción de una política sustentable sobre seguridad ciudadana enfrenta obstáculos a partir de la manipulación de la inseguridad subjetiva con objetivos exclusivamente político‐partidarios, escenario que se advierte claramente durante los períodos electorales”.
Por otro lado, la relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, advirtió sobre la preocupante proliferación de autoritarismos que normalizan las restricciones a las libertades fundamentales y analiza el uso de narrativas deshumanizantes en torno a la seguridad, el orden público o la defensa de valores tradicionales para justificar la supresión de los derechos civiles.
Que quede claro: los compromisos en derechos humanos obligan al Estado a definir y llevar adelante las medidas necesarias para garantizar los derechos más vulnerables frente a contextos críticos de de violencia y criminalidad, pero los avances en seguridad no se conseguirán profundizando la violencia sino a través del fortalecimiento de las instituciones, la prevención, la garantía de otros derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda, etc., y con el respeto irrestricto a los acuerdos y a las normas.
Pero no solo el Estado tiene un rol que cumplir. Como ciudadanía debemos evitar a toda costa ser cómplices de la deshumanización y de la escalada de violencia, que convierte la política en un espectáculo donde gana quien grita más fuerte, no quien tiene las mejores propuestas, reforzando la discriminación y erosionando la democracia. Como votantes, no podemos premiar estos discursos con nuestra atención ni con nuestro voto.
Desde Amnistía Internacional exigimos responsabilidad a las autoridades, especialmente a quienes aspiran a gobernar el país. También exigimos debates serios, basados en los derechos fundamentales y en la evidencia, donde primen la sensatez y la inteligencia.
No podemos normalizar el odio y la violencia. El futuro de nuestra democracia depende de ello.
Por Rodrigo Bustos Bottai, director de Amnistía Internacional Chile.
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He preparado una presentación especial de poder civil punto ce ele para el Congreso Nacional. Esta es una propuesta que solicito al Congreso evaluar y presentar como moción de Ley.
Es un discurso para Chile que está basado en ideas de progreso para la nación y de mejores derechos humanos cumplidos para sus ciudadanos.
Usa el 1% del Presupuesto Nacional como parte de su estrategia para mejorar la democracia, desarrollar las comunas y crear empresas que serán de todos los chilenos, tal como un Banco-AFP que financiará de aquí a 25 años todos los créditos que se cursan en Chile con capitales de todos los chilenos, y que nos permitirá acumular la riqueza suficiente para financiar todos los proyectos que se ejecutan en el país con capitales de todos los chilenos también, valga la redundancia, acercándonos teóricamente a ser dueños soberanos de nuestros recursos estratégicos.
La idea de poder civil es mejorar los sistemas chilenos, darle estabilidad política a la nación y una dirección clara que procura enriquecer a los chilenos y engrandecer al país con una estrategia innovadora que pone hincapié en un buen uso del Presupuesto Nacional, ya que la ejecución de la estrategia de poder civil le mostrará al Congreso Nacional una mejor forma de usar el 99% restante del Presupuesto Nacional, usando blockchain y siendo asistido con inteligencia artificial entrenada con el modelo de poder civil para generar operaciones inteligentes que realizar en nuestra nación, con la incorporación de las buenas ideas del pueblo chileno que podrían provenir de una Cámara Ciudadana Digital, especializada en el tratamiento de la exposición de ideas para lograr conclusiones y oficios que indicar o hacer llegar a los demás poderes del Estado y especialmente al Congreso, sobre lo que desea la ciudadanía luego de un proceso de debate de sus ideas…
Estas ideas le dan el palo al gato para vernos como una mejor nación, siendo una mejor nación, con más esperanza de buena prosperidad y han sido presentadas a esta comunidad, así como espero presentárselas a cada integrante del Congreso Nacional y del Senado de Chile…
No le envío estas ideas a la Presidencia, porque las ideas de poder civil le harán bien a Chile y el Presidente ha declarado públicamente estar en contra del neoliberalismo de Chile, por lo que lo considero un enemigo del progreso que necesita nuestra nación y como tal solo estará en contra de la idea, ya que entre otras cosas, evaluará que una fuerza política nefasta para el país, de estas que endeudan al país y suben los impuestos a los ciudadanos para pagarles sueldos fabulosos a sus compañeros y compañeras y compañeres contratados por ellos, nunca más volvería a acceder al poder en Chile…