Antivacunas en Chile: cuando la desinformación se convierte en política de omisión

La tolerancia institucional frente a la desinformación sanitaria no es neutral: es una forma de abandono.

La escena se repite con una insistencia casi coreográfica. El Ministerio de Salud de Chile publica información oficial sobre campañas de vacunación, prevención de enfermedades respiratorias o refuerzos contra el COVID-19. Minutos después, la sección de comentarios se convierte en un vertedero de afirmaciones sin sustento: vacunas que “provocan cáncer”, niños “dañados irreversiblemente”, supuestas conspiraciones globales. Todo sin evidencia, todo sin control.

Lo preocupante no es solo la existencia de estos discursos —la desinformación siempre ha existido—, sino la pasividad con la que se permite su proliferación en canales oficiales del Estado.

La mentira repetida como estrategia

No se trata de una crítica legítima al poder farmacéutico ni de un debate informado sobre políticas sanitarias. Lo que se observa es algo más rudimentario y, al mismo tiempo, más peligroso: la instalación sistemática del miedo.

La lógica es simple. Repetir lo suficiente una mentira hasta que parezca plausible. Un caso anecdótico —real o inventado— se presenta como evidencia universal. Una correlación temporal se convierte, sin pruebas, en causalidad. Así, cualquier enfermedad posterior a una vacunación pasa a ser atribuida automáticamente a esta.

Es el mismo mecanismo que durante la pandemia amplificó teorías sin fundamento: microchips, esterilización masiva, “dictaduras sanitarias”. Discursos que encontraron eco en figuras políticas como José Antonio Kast y aliados como Johannes Kaiser, quienes cuestionaron medidas básicas como el uso de mascarillas o la legitimidad de las campañas sanitarias.

Cuando estas narrativas no solo circulan, sino que además quedan sin moderación en espacios oficiales, dejan de ser marginales. Se normalizan.

El origen de una desinformación persistente

El movimiento antivacunas contemporáneo no nace en redes sociales, pero sí se potencia en ellas. Uno de sus pilares modernos se remonta al ya desacreditado estudio de Andrew Wakefield, quien en 1998 vinculó falsamente la vacuna triple viral con el autismo. La investigación fue retirada, su autor perdió la licencia médica y múltiples estudios posteriores desmontaron sus conclusiones.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

La desinformación tiene una ventaja estructural sobre la verdad: no necesita pruebas, solo necesita repetición. Y en el ecosistema digital, esa repetición puede ser amplificada por redes coordinadas, perfiles falsos y comunidades ideologizadas.

Redes sociales: ¿neutralidad o negligencia?

Quienes trabajan en gestión digital saben que las plataformas ofrecen herramientas claras para moderar contenido. En el caso de Facebook, es posible ocultar comentarios, limitar interacciones o bloquear cuentas que difunden información dañina.

No hacerlo no es una limitación técnica: es una decisión.

Y esa decisión tiene consecuencias. Porque cuando una institución pública permite que su espacio oficial se llene de afirmaciones falsas sobre salud, está contribuyendo indirectamente a su legitimación. No es libertad de expresión; es abandono de responsabilidad.

La tolerancia institucional frente a la desinformación sanitaria no es neutral: es una forma de abandono

La diferencia es crucial. La libertad de expresión protege opiniones. No protege la difusión sistemática de falsedades que pueden poner en riesgo vidas.

El riesgo: salud pública capturada por el ruido

El problema no radica únicamente en quienes producen la desinformación, sino en quienes la consumen. En contextos de incertidumbre —como una pandemia o una crisis sanitaria estacional—, la repetición constante de mensajes alarmistas puede erosionar la confianza en la medicina y en las instituciones.

Y cuando esa confianza se quiebra, las consecuencias son tangibles: menores tasas de vacunación, reaparición de enfermedades prevenibles, presión innecesaria sobre sistemas de salud.

Lo que está en juego no es una discusión ideológica, sino la capacidad de una sociedad de protegerse a sí misma.

De la anécdota al patrón

No es casualidad que muchos de los perfiles que difunden estas narrativas compartan también otras creencias conspirativas: negacionismo científico, teorías sobre organismos internacionales, rechazo a consensos básicos de la ciencia.

Tampoco es casual su cercanía discursiva con sectores de extrema derecha que han hecho del rechazo a la institucionalidad y al conocimiento experto una bandera política.

En ese cruce —entre ignorancia, ideología y amplificación digital— se construye un fenómeno que ya no puede ser ignorado como marginal.

Responsabilidad institucional: el silencio también comunica

Permitir que la desinformación campee sin restricción en canales oficiales no es una postura neutral. Es, en la práctica, una renuncia al rol educativo del Estado.

Moderar no es censurar. Es establecer límites cuando lo que está en juego no es una opinión, sino la salud de millones.

Como advertía Umberto Eco, las redes sociales han dado voz a legiones de personas que antes no tenían el mismo alcance. Pero la responsabilidad no recae solo en quienes hablan, sino también en quienes administran los espacios donde esas voces se amplifican.

En el caso chileno, la pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto la inacción frente a la desinformación sanitaria es simplemente negligencia… y en qué momento comienza a parecer complicidad?

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Zarko Pinkas-Ramírez.

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