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Culminada la dictadura cívico-militar en marzo de 1990, chile intento dar respuesta a la exigencia colectiva de verdad y justicia que en los primeros tiempos estuvieron marcadas por constantes y masivas movilizaciones. Para ello, durante el primer gobierno transicional del fallecido presidente Patricio Aylwin Azocar se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que tras casi nueve meses de recopilación e investigación culminó con la entrega del conocido “Informe Rettig”, en el cual concluyó que entre 1973 a 1990 hubo 2.279 personas que perdieron la vida, de las cuales 164 fueron víctimas de violencia política de la época y 2.115 producto de violaciones a los derechos fundamentales.
Con el transcurso del tiempo y de los procesos judiciales se fueron ampliando las respuestas desde el Estado, así nacieron, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, la Comisión Valech I y II, todos intentos loables de dar contestación al deseo de verdad y justicia y por consiguiente las necesarias medidas reparatorias a los miles de víctimas del terrorismo de Estado ejercido en los 17 años de la dictadura cívico-militar.
A más de tres décadas de finalizada formalmente dicho período se fue instalando una “justicia en la medida de lo posible” y una impunidad a todo evento, con lo cual continúa pendiente la anhelada justicia y las garantías de no repetición.
Al presente, chile prolonga un modelo político, social y económico asentado en el neoliberalismo, el cual fue heredado y negociado con el régimen de facto de Pinochet Ugarte que significo en lo medular no tocar a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. Como asimismo, a su vez diversos amarres constitucionales que han generado una enorme y profunda desigualdad social, problemas de endeudamiento a todo nivel, principalmente en educación, salud y vivienda, como del mismo modo, bajos sueldos y con el tiempo, una profunda crisis institucional de carácter estructural.
Estos elementos señalados no siendo los únicos formaron la ebullición del viernes 18 de octubre del 2019, transformándose en diversas manifestaciones y protestas en todo chile, la respuesta estatal fue una rápida represión enérgica, masiva y sistemática especialmente durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, que incluso llevó a la militarización y copamiento de la zona de Plaza Italia también conocida como Plaza Dignidad en la subjetividad popular y combativa de esos meses.
Durante esos meses en los cuales se extendieron las manifestaciones la represión efectuada por las fuerzas de Carabineros de Chile vulneraron de forma sistemática los derechos de la ciudadanía con diversas formas y técnicas de abuso en el uso de la fuerza. Entre las más graves, el uso de perdigones y cartuchos de lacrimógenas que han causado secuelas severas como el trauma ocular, además del empleo indiscriminado de carros lanza aguas y lanza gases como formas de disuasión y de producir daños.
Como dato no menor, por la cuantía en el informe de octubre del año en curso, la Defensoría de la Niñez afirma, “en el contexto de estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019, se vulneraron grave y sistemáticamente los derechos de niños, niñas y adolescentes. A cinco años, se advierten escasos avances y un estancamiento en la agenda estatal en las materias de verdad, justicia y reparación con garantías de no repetición, hacia las víctimas del actuar estatal, quienes, a la fecha, en su mayoría son jóvenes y adultos”… y agrega, “pese a las declaraciones del Gobierno que aseguran el compromiso con el respeto de los derechos humanos, las víctimas denuncian no haber obtenido verdad, justicia y reparación frente a lo vivido. Lo que ha significado una invisibilización, falta de reconocimiento y una nueva vulneración para las personas directamente afectadas y sus familias”.
El ordenamiento como sistema de justicia en chile no está capacitado para afrontar violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, lo vivimos durante 17 años. En esa perspectiva, también se hace ineludible la refundación del poder judicial para contar con jueces defensores y promotores de los Derechos Humanos
Para mayor abundamiento en el estudio “Evaluación del sistema de justicia de Chile ante las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la protesta social”, en sus conclusiones expresa “se advierte un incumplimiento generalizado de los principios de oficiosidad, oportunidad y exhaustividad en las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos. Si bien se han reportado algunos ejemplos de fiscales y Fiscalías Regionales que están llevando adelante la investigación y persecución penal de estos casos conforme a los estándares internacionales, esta situación es bastante excepcional” (139:2020).
Ya el Poder Judicial fue cuestionado por el Informe Rettig, en cuanto a la actuación de los tribunales y el incumplimiento de sus obligaciones, y los aludidos indicaron en mayo de 1991 que, “La Corte Suprema de Justicia no puede aceptar como válido el enjuiciamiento de los Tribunales por una entidad que carece totalmente de la más insignificante facultad para hacerlo, pero que en su afán de divulgar una absurda crítica no trepida en violentar el ámbito de sus atribuciones”.
El ordenamiento como sistema de justicia en chile no está capacitado para afrontar violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, lo vivimos durante 17 años. En esa perspectiva, también se hace ineludible la refundación del poder judicial para contar con jueces defensores y promotores de los Derechos Humanos. Ciertamente, habrá que seguir bregando por Justicia en otros espacios internacionales al constatarse que en Chile no están dadas las condiciones ni garantías objetivas para la restauración y reparación de los derechos conculcados, ni los de ayer, ni los de hoy e indudablemente los de mañana.
Una consideración latente la negación y la nula justicia es un fenómeno que lleva a la impunidad. Concluyo, “La impunidad es, en lo inmediato, la renuncia a la sanción penal a los violadores de los derechos humanos, y sus consecuencias afectan a la sociedad en su conjunto. Es la institucionalización de la injusticia por quienes están llamados a hacer justicia (1996).
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Anti zurdos terroristas
Si quieren reparaciones en dinero para los terroristas del octubrismo debieran cobrárselo a los cien mil falsos exonerados políticos haciendo que devuelvan ese dinero para que vaya en ayuda de las reparaciones necesarias. También, de este dinero, debieran mandarle algo a los terroristas venezolanos y cubanos que tanto ayudaron a los terroristas comunistas chilenos a quemar todo lo que encontraban a su paso, incluso a Carabineros vivos…