#Sociedad

Derechos Humanos: ¿a dónde van?

Compartir

“Vivimos tiempos oscuros, en los que los peores han perdido el miedo y los mejores, la esperanza.”
(Hannah Arendt).

Ya cumplido un nuevo aniversario del golpe cívico-militar, persisten los desafíos para conseguir una justicia efectiva y plena. Los pilares fundamentales de esta —la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición— siguen siendo débiles en forma y fondo, como quedó demostrado durante la revuelta de octubre de 2019.

Si bien el Estado (represor) ha impulsado medidas para reconocer a las víctimas de la dictadura, los resultados siguen siendo insuficientes. El acceso a la justicia continúa estando limitado, con condenas mínimas para responsables y perpetradores. Una posible explicación radica en el debilitamiento y pérdida de legitimidad de la institucionalidad democrática, cuestionada hace más de una década, así como en los discursos negacionistas y revisionistas que intentan equiparar el golpe militar con las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.

A mi juicio, los Derechos Humanos atraviesan una profunda crisis: de identidad, de contenidos, de propuestas y de organización. No han logrado innovar en la agenda pública, reduciéndose a un espacio institucional controlado, sin incidencia práctica. Así, el campo de los DD.HH. ha sido cooptado por el recambio neoliberal, que desde los gobiernos civiles ha buscado administrar y neutralizar las luchas sociales. Esto se ha manifestado con claridad en los últimos cuatro años.

Hoy se vuelve urgente una nueva política de Derechos Humanos, sustentada en un proyecto democrático y popular, capaz de asumir y proyectar las luchas sociales y reivindicativas del pueblo.

En el Chile post estallido y pandemia, se ha impuesto un discurso centrado en la disciplina, la obediencia debida y el control como pilares del orden. Con ello, se desplaza la discusión sobre derechos básicos como la educación, la salud y la seguridad social. El miedo, el encarcelamiento y la militarización se presentan como soluciones definitivas a problemas estructurales.

Hoy se vuelve urgente una nueva política de Derechos Humanos, sustentada en un proyecto democrático y popular, capaz de asumir y proyectar las luchas sociales y reivindicativas del pueblo

Esa visión punitiva desecha las raíces de la violencia y la exclusión: la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la precariedad de los servicios estatales. En lugar de abordar las causas de fondo, se opta por condenar sus consecuencias. El Gobierno ha sustituido el diálogo y la acción colectiva por un modelo de disciplina y obediencia, mientras los Derechos Humanos han guardado un silencio cómodo y funcional.

Existen, al menos, diez cuestiones pendientes que explican esta crisis:

  1. Justicia y reparación “en la medida de lo posible”: tanto para los delitos de la dictadura como para los cometidos en la revuelta popular. La reparación integral se ha reducido a “pensiones simbólicas” como menciono Lagos Escobar, y como actos de beneficencia. Ejemplo de ello es la Pensión Garantizada Universal, que excluye a sobrevivientes de tortura por recibir “otra pensión”.
  2. Normalización de la violencia estatal: bajo el concepto de “control del orden público”, sin cumplir la promesa de refundar Carabineros, aumentando año a año su presupuesto institucional.
  3. Debate estancado de las memorias: reducido al pasado como si fuera un museo, mientras el negacionismo y la impunidad progresan. Una memoria anquilosada asociada al dolor y la derrota que a las resistencias.
  4. Organizaciones de DD.HH. burocratizadas: ancladas en el pasado, con escaso acompañamiento a las luchas sociales actuales y sin propuestas transformadoras, limitadas a una vida administrativa.
  5. Plena Vigencia del Decreto Supremo N° 1086 (1983): que restringe el derecho a reunión en espacios públicos, al exigir autorización previa.
  6. Militarización en La Araucanía: que plantea la interrogante de si los estados de excepción protegen la democracia o la ponen en riesgo.
  7. Privilegios para agentes del Estado: que han permitido rebajas de penas o absoluciones en casos de abusos sexuales, apremios ilegítimos y disparos contra personas inmovilizadas en el marco de la Ley Naín Retamal.
  8. Ausencia de una ley de sitios de memoria y archivos: sin presupuesto a mediano y largo plazo, ni funciones claras para el Plan Nacional de Búsqueda, reduciendo la reparación a placas simbólicas.
  9. Abandono de demandas sociales: como el fin de las AFP, la educación gratuita y de calidad, el fin del CAE y una nueva Constitución. Estas se han diluido en los consensos neoliberales y el continuismo.
  10. Uso y abuso de la Ley Aula Segura: en 2019 se registraron 694 casos; en 2024, más de 2.400. Se ha triplicado el número de expulsiones y cancelaciones de matrícula de NNA vinculados a protestas sociales.

En último lugar, la crisis de octubre de 2019 es además la continuidad de la derrota de los Derechos Humanos: Negacionismo, Impunidad, Paquización Social y la Justicia tardía avanzan en una institucionalidad débil y sin legitimidad. En esa espera sempiterna, se queda con nosotros, David Isaías Gómez Valenzuela.

1
169

Los contenidos publicados en elquintopoder.cl son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores.
Te invitamos a conocer nuestras Reglas de Comunidad

Comenta este artículo

Datos obligatorios*

1 Comentario

Hdjdjdkd

Insufrible… ¿Por qué las columnas de gente de izquierda tienen tantas imprecisiones que rayan la mentira? ¿Cuándo se normalizó la mentira, el engaño y el tramullo como medio para conseguir un fin?

Ya me estoy preguntando quién ese personaje de cuentos llamado “Los Derechos Humanos” al que se le atribuyen prácticamente características de personificación…

Discrepo con algunas cosas, ya que hoy está tan de moda discrepar… El “golpe cívico militar”, no fue precisamente un golpe, fue una acción promovida por el Congreso, y diría que ordenada por él prácticamente, y pedida por la ciudadanía, porque estábamos en presencia de una crisis donde se había perdido el orden democrático e institucional, producto de la tiranía del tirano desquiciado que estaba en el poder y que cometía toda clase de atrocidades y estupideces fuera de la Ley y la Constitución y nos enfrentábamos a un escenario de una inminente guerra civil…

Luego, “el estallido social y la crisis del 2019” es otro mal nombre asignado a lo que realmente fue un intento de golpe de Estado, donde talentosos como el generador de mala educación y candidato neanderthal Artés había prometido un golpe de Estado, prácticamente, antes de que sucediera, así como lo promete alocadamente hoy, todo en un ambiente fuera de la Ley y la Constitución que la misma justicia no ha juzgado como debiera… Ese “estallido” no tiene como tal a personas que reparar, sino que a personas que enjuiciar, partiendo desde sus ideólogos hasta sus ejecutores, porque atentaron contra la Constitución que, en su segundo intento fallido de refundarla, toda la izquierda unida pedía ratificar con sus “panfletos de amamos la Constitución de Pinochet”, por lo que si alguien debe pagar daños sufridos a gente de sus propias filas, durante los hechos terroristas del golpe de Estado a Piñera, no es el Estado, sino que los orcos que ocasionaron el intento de golpe de Estado…

El concepto del “estallido social” o golpe de estado a Piñera no sucedió por “pobreza, desigualdad, falta de oportunidades o precariedad de los servicios estatales” como afirma falsamente el columnista, ya que hoy hay un millón de pobres más y así más desigualdad, se han destruido cientos de miles de empleos y hay menos oportunidades de ellos, y los servicios estatales son más precarios que cuando gobernó Piñera [los fallecimientos en listas de espera y casas sin reconstruir lo confirman], por lo que nos preguntamos ¿dónde están los “estallidos sociales” correspondientes a esa nueva realidad, peor que aquella, que dieron origen a ese pasado “estallido” por esas supuestas causas?…

Doña Florencia Lagos, en Venezuela, ante sus apadrinadores de estallidos, y una numerosa asamblea, dijo que Sebastián Piñera era un dictador, pero, ¿cómo es posible que dijera eso, si no era un dictador, sino que un Presidente democráticamente electo que le hacía bien al país? Al mismo tiempo, Florencia negaba que no hubiera organización de ese “estallido”, sino que por el contrario, afirmaba que todas esas bandas de golpistas estaban asociados y organizados en la mal llamada Mesa de Unidad Social, es decir, actuaron confabuladamente para cometer actos criminales contra Carabineros atentando contra la Constitución, los bienes privados, públicos y el derecho a vivir en paz de millones de personas…

Si ponemos en la balanza los “supuestos derechos o condiciones insatisfechas” que motivaron el golpe de Estado de la mesa de destrucción social —para reparar esas falsas supuestas condiciones que pudieron ocasionarlo— y los comparamos con los derechos de todas las demás personas del país que se vieron afectado por la turba de terroristas antisociales y antidemócratas que realizaron el golpe de Estado a Piñera, vemos que todos los chilenos eran muchas más personas que aquellos pocos que lanzaron piedras, quemaron, balearon, asaltaron, saquearon, etcétera, pero, a éstos últimos, que son los más, nadie los ha defendido, ni tampoco el Estado se ha querellado contra esos terroristas delincuentes golpistas antidemócratas que violaron la Constitución, tal como debió suceder, buscando proteger el derecho a vivir en paz de todos los chilenos, el hacer cumplir la Constitución y preservar los bienes públicos y privados…

Luego, afirmaciones tan antojadizas como “compromisos para reformar a Carabineros” resultan barbáricas, en circunstancias tales que no hay garantías de que los orcos de izquierda no cometerán otro golpe de Estado, sin embargo ellos tienen la desfachatez de pedir también garantías de que la ciudadanía, el Congreso y el Ejército de su lado, no derrocarían a otro desquiciado de izquierda que esté cometiendo delitos en contra de la Constitución, lo que es un atentado a los derechos del pueblo a seguir el camino que mejor preserve sus derechos a vivir libres de tiranías y en paz…

Ahora, solo por curiosidad y siguiendo la corriente a la exposición del columnista, quiero preguntarle ¿con cuántos miles de millones de dólares crees tú que estarían reparados todos los supuestos derechos que aseveras que están insatisfechos y, además, cuántos millones de dólares crees tú que te dejarían conforme a ti?

En resumen, este intento que tiene la izquierda de mantener vivas supuestas atenciones reparadoras de dudosos fines a unos pocos chilenos, tienen un origen que genera una profunda controversia de la legalidad de los mismos y se ve claramente que son una palanca para sostener un discurso de la izquierda que los hace a ellos ver o aparecer como afectados, en circunstancias que ellos han afectado el patrimonio y bienestar del resto de todos los chilenos y, en medio de ello, cada vez que pueden, usufructúan con engaños la justicia reparatoria que por condescendencia más que por derecho les pudiera corresponder, y un buen ejemplo de ello son los cien mil falsos exonerados políticos que han vivido a costillas del resto de todos los chilenos, auspiciados por parlamentarios de izquierda que se han prestado dolosamente para ese desfalco…

Todo esto no habla bien de la izquierda y una vez más confirma lo tramposos que son, lo mentirosos y falsos que son y cuán dispuestos están a hacerle daño al país…