Una muy justificada reacción en contra ha suscitado en la opinión pública la norma que entró en vigor este pasado 1 de agosto, mediante la cual la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), un organismo autónomo que se relaciona con el Ministerio de Hacienda, pone término al uso de la tarjeta de coordenadas que utiliza la banca chilena para validar transacciones financieras.
En efecto, si bien es pertinente, adecuado y razonable que las instituciones se preocupen y tomen medidas para cautelar la seguridad de las operaciones bancarias que realizamos, se requiere asegurar, a todo evento, que los sectores con más dificultades para interactuar con las tecnologías digitales, como es el caso de los adultos mayores, sean protegidos e integrados a las soluciones que se implementen. Este no ha sido el caso.
Con el término de la tarjeta de coordenadas, se convierte en papel mojado toda la retórica de la inclusión digital y se encienden alertas ante el uso intensivo de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, que gana protagonismo en cada vez más actividades productivas y de servicios, pero cuya incorporación augura mayor exclusión social si se sigue sin considerar su impacto.
Si la incorporación de herramientas digitales sofisticadas se realiza sin consenso social, vamos por muy mal camino. La modernización de los sistemas no puede seguir significando más discriminación y exclusión social en un país donde estas ya abundan.
Quienes hemos estado familiarizados con el uso de estas tecnologías sabemos que existen sectores sociales —jóvenes incluidos— que no pueden con las interfaces digitales, y comunidades sin acceso o con mal acceso a internet, como evidenció la pandemia.
Los adultos mayores, que ya habían hecho un esfuerzo por adaptarse a la tarjeta de coordenadas, ahora son nuevamente presionados, esta vez por una institución que decide reemplazarla sin considerar el contexto social. Asistimos a una decisión errónea, basada en consideraciones tecnocráticas, que transfiere toda la presión al usuario-cliente.
Cambiar un sistema de autenticación requiere una transición segura, clara y gradual. La comunicación pedagógica es clave, especialmente con adultos mayores y otros sectores que requieren apoyo.
La inclusión digital no se alcanza obligando a todos a lo mismo, sino ofreciendo caminos diversos para llegar a un destino razonable, accesible, seguro y compartido
Un despliegue escalonado, con soporte accesible y materiales sencillos, evita desconfianza, errores operativos o exclusión financiera. Sin embargo, no se visualizan medidas de transición entre sistemas, salvo un escuálido comunicado bancario. Fase piloto: no existe. Corrección de errores: tampoco. Despliegue escalonado: ausente.
Si lo digital ha de ser una opción de vida, no puede convertirse en una forma moderna de marginación. La inclusión no se logra forzando una única vía, sino ofreciendo caminos diversos hacia un destino común, accesible y seguro.
El camino es el de los sistemas híbridos, que representan respeto e inclusión para quienes optan por lo presencial o lo digital, permitiendo una coexistencia tecnológica real.
Respeto e inclusión que, en este caso, no ha existido.
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