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Chiguayante: La ciudad joven con problemas de longevidad

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La comuna del Gran Concepción enfrenta la paradoja del desarrollo urbano del siglo XXI: torres de departamentos que se elevan sobre calles con tuberías y conexiones de otra época

En Chiguayante, en casi cada esquina disponible del radio urbano, alguna inmobiliaria ha plantado un cartel prometiendo «vida moderna con vista al Biobío». Los edificios suben, los precios suben, la densidad poblacional aumenta. Pero hay algo que no sube: la infraestructura que debería sostener el peso de esa prometida modernidad.

Chiguayante, comuna de poco más de 90.000 habitantes encajada entre el río Biobío y el cerro Manquimavida, lleva décadas funcionando como la ciudad dormitorio elegante del Gran Concepción. Su geografía la dotó de atractivos innegables: naturaleza, proximidad a la capital regional, un cierto aire de barrio tranquilo que el caos de Concepción nunca del todo logró. Ese prestigio la convirtió en un imán para el desarrollo inmobiliario. Y ahí, precisamente, radica su dilema más urgente.

Los datos hablan con claridad. En diciembre de 2024, Chiguayante registró 25.890 metros cuadrados de construcción autorizada, de los cuales 25.556 correspondieron a uso habitacional, convirtiéndola en la segunda comuna con mayor actividad inmobiliaria de la provincia de Concepción, sólo detrás de San Pedro de la Paz.

El modelo constructivo que se impone es conocido: edificios modernos, con departamentos de  entre 40 y 55 metros cuadrados, orientados a jóvenes profesionales y pequeños inversionistas que buscan rentabilidad.

Pareo las calles del Chiguayante cuentan otra historia. Pavimentos que no soportaron el invierno del Biobío. Cañerías de agua que datan de décadas pasadas, sobredimensionadas para la población de entonces, completamente insuficientes para la que existe hoy. Redes de alcantarillado que colapsan bajo el peso de los nuevos edificios conectados a ellas sin que las tuberías matrices hayan sido renovadas y conexiones eléctricas que permanentemente generan más una preocupación vecinal.

El problema no es nuevo ni menor. Cada invierno, se evidencia lo que la urbanización acelerada ha intentado ignorar:  Chiguayante construyó su presente sobre una infraestructura diseñada para su pasado.

Mientras tanto, los vecinos de Villa Mirador del Río, Villa Leonera y los sectores de O’Higgins Oriente conviven con una realidad que ningún cartel inmobiliario menciona: calles donde el tráfico colapsa en hora punta porque hay una sola vía de entrada y salida, presión de agua que baja a un hilo cuando todos los departamentos nuevos abren sus llaves, y conexiones eléctricas que no dan abasto a los nuevos niveles de consumo.

Lo que ocurre en Chiguayante no es un fenómeno aislado ni una mala gestión puntual. Es la expresión local de una contradicción que recorre el urbanismo chileno: los permisos de edificación se otorgan, pero las inversiones en infraestructura de base no los acompañan con la misma velocidad ni con los mismos recursos.

El mecanismo es perverso en su simpleza. Una inmobiliaria obtiene permiso para construir un edificio de 120 departamentos en un terreno donde antes había una casa con tres habitantes. El edificio se conecta a la red de agua existente, al alcantarillado existente, a la calzada existente. Multiplica la demanda sobre esos sistemas por un factor de 40 o 50. Las empresas sanitarias —en este caso ESSBIO para la región del Biobío— deben, en teoría, garantizar la continuidad del servicio. El municipio, en teoría, debe velar por la vialidad.

Pero los tiempos de actualización de redes y los tiempos de autorización de construcción no corren en paralelo. La infraestructura siempre va atrás.

Chiguayante enfrenta en realidad dos deudas simultáneas: la infraestructura que ya no aguanta lo que tiene, y la que necesitará para lo que viene.

Pero los tiempos de actualización de redes y los tiempos de autorización de construcción no corren en paralelo. La infraestructura siempre va atrás

En el primer frente, el déficit es visible y cotidiano. Calles que se abren por tuberías viejas que revientan. Barrios donde el alcantarillado no tiene capacidad para las nuevas cargas. Cortes de agua que se prolongan porque las redes de distribución no fueron diseñadas para la densidad actual.

En el segundo frente, las cifras del crecimiento proyectado deberían encender alarmas. Si Chiguayante sigue autorizando construcciones al ritmo de 2024, en cinco años habrá incorporado una cantidad de habitantes equivalente a una ciudad mediana, sobre la misma red de tuberías, las mismas calles, los mismos colectores de aguas lluvia que ya colapsan con los inviernos actuales.

La ampliación de la Costanera resolverá parcialmente la congestión en el eje ribereño. Pero los puntos críticos que los propios vecinos señalan están en Manuel Rodríguez, en 8 Oriente, en O’Higgins: arterias internas donde ninguna costanera llega y donde el embotellamiento matutino y vespertino se ha vuelto un dato estructural de la vida en la comuna.

La pregunta incómoda que nadie en el mundo inmobiliario responde con precisión es: ¿quién financia la actualización de la infraestructura que el negocio privado está exigiendo?

Las contribuciones que pagan los propietarios de los nuevos edificios van mayoritariamente a los gobiernos regionales y al fondo municipal común. Los permisos de edificación generan ingresos municipales, pero insuficientes para financiar obras de envergadura. El Estado central invierte mediante proyectos sectoriales —vialidad, salud, educación— pero sin la velocidad ni la coordinación que requeriría un crecimiento tan acelerado. Y las empresas inmobiliarias, una vez vendido el último departamento, han cobrado y se han ido.

El resultado es que son los vecinos quienes pagan la cuenta: con su tiempo atrapados en el tráfico, con su comodidad afectada por la baja presión de agua, con su seguridad comprometida cuando las quebradas se desbordan sobre barrios que el Plan Regulador jamás debió haber permitido densificar sin antes resolver los riesgos.

Chiguayante tiene todo para ser lo que sus folletos inmobiliarios prometen: una ciudad verde, conectada, con calidad de vida excepcional. Su río, sus cerros, su escala humana, su posición en el corazón del Gran Concepción, son activos reales, no inventados por el marketing.

Pero una ciudad no se construye sólo hacia arriba. Se construye también hacia abajo: en las tuberías que nadie ve, en los cables que nadie ve,  en los colectores que nadie fotografía, en los pavimentos que sostienen los pasos cotidianos de sus habitantes.

Una torre de departamentos de última generación conectada a una red de alcantarillado de los años 70 no es modernidad: es una promesa que tarde o temprano la realidad cobrará, con intereses.

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