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Contracción de la economía chilena de un 15%, costo de la crisis de un 41% del PIB, desempleo de un 25%. Estas alarmantes cifras no son del Chile actual, sino de aquel de la crisis del año 1982. ¿Por qué lo menciono? Porque, entre otras causas, la magnitud y profundidad de la crisis provinieron de erradas decisiones de la autoridad. En este, como en otros temas técnicos, los mandamases de la junta de gobierno, que ejercían el control del país, contaron con diligentes asesores civiles. En el ámbito económico eran los conspicuos economistas de la UC y con posgrado en la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, los tristemente célebres “Chicago Boys”. Más de cuarenta años después, las mismas aves se escuchan trinar. La crisis del año 82 es materia de estudio en la academia; incluso en la UC la han enseñado algunos de sus protagonistas, con la benevolencia de la mala memoria colectiva y empoderados gracias al trato amable del poder.
Según el estudio “La crisis financiera chilena de los años ochenta” (Marshall, Enrique, 2009), elaborado por el consejero del Banco Central Enrique Marshall, dentro de las causas de la crisis de 1982 se pueden identificar, entre otras, el tipo de cambio fijo, que favoreció el endeudamiento en moneda extranjera y los descalces cambiarios. En este período se produjo un boom de consumo, facilitado por un dólar a 39 pesos, que produjo la irrupción de artículos de importación. En las casas de los trabajadores empezaron a verse electrodomésticos de todo tipo, facilitado por su bajo precio, pero también por la masificación del crédito.
Según Marshall, la autoridad económica no prestó atención a la masiva expansión del endeudamiento y el gasto privado. Asimismo, hubo deficiencias de regulación y supervisión:
En medidas que solo pueden entenderse desde una visión ideológica neoliberal extrema, junto con la facilitación de la creación de nuevos bancos, se restaron recursos y atribuciones a la Superintendencia de Bancos, debilitando la institución cuya finalidad es velar por el buen funcionamiento de la Ley de Bancos.
Una institucionalidad debilitada, con un tipo de fiscalización laxa, no pudo impedir la proliferación de toda clase de infracciones legales o reglamentarias, como traspasar los límites de crédito. No se prestó atención al descalce producido cuando clientes con flujo de ingresos en pesos se endeudaban en dólares.
Otro importante factor de la crisis fue que no se limitó el crédito entre empresas relacionadas. ¿Cómo operaba este sistema? Los propietarios de los que por ese entonces se denominaban “grupos económicos” controlaban al mismo tiempo bancos comerciales y empresas del sector productivo, fábricas, inmobiliarias o establecimientos comerciales. Aprovechando al máximo las ventajas que les brindaba una legislación creada a su medida, los bancos otorgaban créditos hasta el 50% e incluso más de la cartera total a las empresas del mismo grupo económico. Se evadían con facilidad y sin consecuencias los controles de riesgo de la banca tradicional.
Si las empresas del grupo tenían alguna dificultad para servir la deuda, el banco del grupo les otorgaba una renovación automática (conocida como rollover): se les daban nuevos créditos para que de este modo los préstamos originales figuraran al día.
Como advirtieron tardíamente los expertos, una vez que la crisis estalló, la falta de transparencia, al no existir balances consolidados, impidió a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) o al regulador detectar el alto nivel de insolvencia oculto.
Cuando en 1982 se abandona el tipo de cambio fijo, la crisis estalla y las empresas productivas entran en insolvencia, produciendo la caída de los bancos relacionados.
Dentro de las paradojas que se han dado en nuestra historia, esta es, sin lugar a dudas, una de las más grandes: el sector ultraneoliberal que propició las condiciones para la proliferación de bancos sin control alguno debió disponer medidas económicas para tomar el control estatal de la banca privada. A comienzos de 1983 se intervienen ocho instituciones, incluidas las dos más grandes del sistema.
La magnitud y profundidad de la crisis provinieron de erradas decisiones de la autoridad
Las instituciones viables permanecen en poder de la autoridad para su posterior reprivatización, mientras las no viables son liquidadas. En estos casos, los depositantes debieron compartir los costos de la debacle, recibiendo solo el 70% de sus fondos. Quizás el caso de los fondos mutuos refleja de mejor manera la traición a la confianza depositada en la institucionalidad: producida la crisis, los partícipes deben asumir las pérdidas.
Los principales dueños de los grupos económicos que protagonizaron la debacle que llevó a Chile a la crisis de 1982 fueron: Javier Vial Castillo (Grupo Vial, ligado al Banco de Chile y Banco Hipotecario) y Manuel Cruzat Infante (Grupo Cruzat-Larraín, ligado al Banco de Santiago y Banco Continental).
El tristemente célebre Banco de Talca tuvo por controladores al grupo Calaf-Danioni, Miguel Calaf Rocoso y Alberto Danioni, dueños del 65% de las acciones a través de sus empresas vinculadas. Para la historia quedó el dato de que tuvo como gerente general entre 1979 y 1980 a Sebastián Piñera Echenique, quien debió enfrentar procesos judiciales posteriores por infracciones a la Ley General de Bancos. El Banco de Talca no estuvo dentro de las entidades que el Estado rescató por considerarlas viables; el banco fue liquidado en abril de 1982 y no pagó deuda subordinada a largo plazo como otros bancos.
El proceso histórico de la deuda subordinada culminó el 30 de abril de 2019, cuando el Banco de Chile pagó el último remanente al Banco Central de Chile de los recursos públicos que se debieron invertir en su rescate.
La crisis del año 1982 la pagaron los trabajadores y trabajadoras de Chile, y a la sazón la pagó Moya a través del rescate a la banca. El alto desempleo se prolongó al menos hasta 1986, y los planes creados para absorber mano de obra, el PEM y el POJH, solo permitían a los trabajadores acceder a un ingreso inferior al ingreso mínimo. En este período se plantea, por el ministro de ODEPLAN, eliminar el ingreso mínimo, medida que se pretendía implementar para “echar a andar de nuevo la economía”. En la reunión de ministros de gabinete donde se decidiría esta medida, finalmente primó la opinión de José Piñera, quien advirtió al dictador Pinochet de los potenciales efectos sobre el descontento social. Semanas después se produciría el cambio de gabinete que marcó la salida de los Chicago Boys del control económico.
Este vistazo a la crisis de 1982 nos permite advertir los efectos y consecuencias de las decisiones erradas en la economía. Los riesgos de adoptar medidas de política económica en contra de la voz de los expertos e instituciones especializadas están a ojos vistas. Hoy estamos en democracia, con libertad de expresión, de prensa y de opinión, y además con una institución autónoma como es el Banco Central; y, sin embargo, no estamos inmunes a los efectos de las malas decisiones, adoptadas nuevamente desde una óptica neoliberal extrema.
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