Crisis docente y gremial: la otra cara del Día del Profesor

En estas fechas celebramos el Día del Profesor y la Profesora. Sin embargo, lo hacemos en un contexto especialmente desolador: amenazas de recortes en el presupuesto de 2027, la eventual eliminación de miles de puestos docentes, restricciones para la contratación de reemplazos y la posible supresión del programa Yo Elijo mi PC, lo que dejaría sin computador a miles de estudiantes que probablemente no tendrían otra forma de acceder a uno. Y la lista continúa.

En medio de este escenario, resulta necesario preguntarse por el papel que han desempeñado los gremios y sindicatos de la educación. No basta con denunciar las consecuencias de las decisiones gubernamentales si, al mismo tiempo, las organizaciones llamadas a representar a las y los trabajadores se encuentran debilitadas, desmovilizadas o cada vez más alejadas de sus bases.

Próximamente se realizarán las elecciones del Colegio de Profesores, en las que Mario Aguilar busca un cuarto período como presidente nacional, después de casi treinta años como dirigente gremial. Durante los últimos años, la colegiatura habría disminuido en más de un 10 %, con cerca de cinco mil docentes que dejaron de pertenecer a una asociación que alguna vez fue la más grande de Chile y uno de los pilares de organizaciones como la CUT.

A esta pérdida de afiliados se suman cuestionamientos relacionados con la vida democrática interna, las remuneraciones de los dirigentes nacionales, el funcionamiento del comité de ética y la escasa capacidad de movilización del gremio. Más allá de las diferencias políticas que legítimamente puedan existir, el resultado es una organización que hoy parece tener menos influencia, participación y conexión con las necesidades cotidianas del profesorado.

Quinta Normal, la comuna a la que pertenezco y en la que trabajo, no está ajena a esta realidad. Los últimos períodos de conducción comunal, vinculados políticamente al “aguilarismo”, reproducen varios de estos problemas: disminución de colegiados, escasas instancias democráticas de participación, apenas una asamblea comunal en tres años y un consejo de delegados que mantiene una relación asimétrica con las bases y las escuelas. En vez de actuar como un espacio efectivo de deliberación y representación, este consejo parece haberse convertido en una prolongación de las decisiones adoptadas por el directorio comunal.

Una consideración especial merecen los sindicatos de trabajadores de la educación, actualmente inmersos en un proceso de transformación en asociaciones de funcionarios públicos como consecuencia del traspaso de los establecimientos de Quinta Normal y Renca al SLEP Los Parques.

En un contexto similar al del Colegio de Profesores, la gestión del Sindicato de Trabajadores de la Educación Profesora Marta Ugarte Román ha sido objeto de serios cuestionamientos durante los últimos años. Entre ellos se encuentran la falta de constitución de la comisión revisora de cuentas durante dos períodos, pese a que su Estatuto contempla esta instancia; las denuncias sobre el silenciamiento de voces disidentes; la expulsión de socios sin que se respetaran adecuadamente el debido proceso y el derecho a defensa; y otras prácticas que deberían ser aclaradas por la propia organización.

En Quinta Normal, la ausencia de contrapesos frente a las dirigencias alcanza niveles especialmente preocupantes. La expulsión del Sindicato de Trabajadores de la Educación Profesora Marta Ugarte Román de una socia que se desempeñaba como directora de un establecimiento educacional de la comuna, sin haber tenido la oportunidad de defenderse dentro de un procedimiento que respetara garantías mínimas, es una expresión concreta de un problema mucho más profundo. Cuando quien denuncia, solicita antecedentes, exige conocer las bases de una decisión o los estatutos, fiscaliza la actuación de sus representantes o simplemente manifiesta una opinión distinta queda expuesto a represalias, se instala una cultura del silencio y del miedo. El mensaje hacia los asociados es evidente: disentir puede tener consecuencias. En esas condiciones, la organización deja de funcionar democráticamente y comienza a adquirir rasgos propios de una dictadura interna, donde la obediencia sustituye a la participación y la directiva termina hablando en nombre de trabajadores cuyo verdadero sentir ya no necesariamente representa.

Resulta lamentable que un sindicato nacido en 2017 con la intención de contrarrestar la deficiente gestión de la asociación gremial, y que en sus inicios fue incluso perseguido por ella, termine reproduciendo prácticas similares. También preocupa que se haya sumado al inmovilismo que caracteriza a otras organizaciones sindicales y que mantenga una relación excesivamente condescendiente con el empleador, mediante negociaciones desarrolladas a puertas cerradas y sin incorporar realmente las necesidades y demandas de las y los trabajadores de la educación.

No basta con denunciar las consecuencias de las decisiones gubernamentales si, al mismo tiempo, las organizaciones llamadas a representar a las y los trabajadores se encuentran debilitadas, desmovilizadas o cada vez más alejadas de sus bases

Hoy nos encontramos frente a un sindicalismo predominantemente corporativista y asistencialista. No se trata solo de una realidad de Quinta Normal, sino de un fenómeno de alcance nacional. El nivel de sindicalización en Chile continúa siendo bajo, cercano al 20 % según cifras oficiales, y una parte importante de quienes integran estas organizaciones limita su participación a demandas de carácter exclusivamente económico.

Es necesario recordar que, décadas atrás, los dirigentes sindicales chilenos constituían una voz determinante y una referencia para el conjunto de la sociedad. Las demandas políticas y sociales formaban parte de las luchas reivindicativas de los trabajadores. Esa dimensión transformadora hoy se encuentra considerablemente debilitada.

El gremio docente y las organizaciones de trabajadores de la educación, tanto en Quinta Normal como en el resto del país, necesitan un urgente cambio de rumbo. A siete años de la revuelta popular del 18 de octubre, también corresponde analizar el papel que cumplieron estas organizaciones y preguntarse por qué el proceso constituyente de 2022 terminó en un fracaso tan profundo.

¿Han sido capaces las organizaciones sindicales de transmitir a sus integrantes la dimensión política de sus demandas? ¿Cómo se puede transformar la educación pública sin modificar estructuralmente su sistema de financiamiento? ¿Cómo recuperar la titularidad sindical y fortalecer el poder de negociación de las asociaciones de funcionarios públicos?

Los gremios y sindicatos deberían encabezar un nuevo período de organización y movilización frente al escenario actual. Sin embargo, sus conducciones no parecen haber estado a la altura de las circunstancias. Si no se produce una renovación democrática, política y organizativa, cuando decidan reaccionar puede ser demasiado tarde.

Leonardo Candia Neira. Profesor de Quinta Normal y consejero de la CUT Zonal Poniente