Tres fallos viciados de la Corte Suprema

La opinión pública ya conoce sobradamente lo que sucedió en la 3a Sala Constitucional de la Corte Suprema, con los impúdicos casos de la empresa Movitec, conocida como la «muñeca bielorrusa» y de la empresa Fundamenta, con su polémico proyecto inmobiliario en la comuna de Ñuñoa, las que se vieron favorecidas en sus pleitos que tenían con Codelco y con organizaciones ciudadanas, respectivamente, ello gracias a las injerencias indebidas de abogados de la plaza muy amigos de la ex jueza Ángela Vivanco, eficiente articuladora de dicha sala. 

En esta ocasión, damos a conocer un tercer caso similar, conforme a lo informado en el reciente reportaje de Reportea.cl firmado por los periodistas de investigación, Nicolás Sepúlveda y Gabriela Pizarro, sobre pagos provenientes de empresas inmobiliarias que terminaron en la cuenta bancaria del archiconocido Gonzalo Migueles, entonces pareja de la aludida Vivanco. Leímos esa nota que revela antecedentes que deberían escandalizar a cualquiera que todavía confíe en la independencia de nuestros tribunales de justicia.

Y lo más inquietante es que uno de los casos investigados corresponde al proyecto Barrio Foresta, de Inmobiliaria Argenta, que consulta 19 edificios con 435 departamentos en el sector del Bosque de Reñaca, en Viña del Mar. Entre los socios de esa inmobiliaria aparecen nombres conocidos: Luis Fischer, actual Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar; Eduardo Dib Maluk y Eduardo Rossi Soffia. No estamos hablando precisamente de modestos ciudadanos enfrentados a la burocracia estatal, sino de empresarios y profesionales con recursos suficientes para defender sus negocios por las vías legales.

El problema es que los antecedentes conocidos plantean preguntas bastante incómodas, difíciles de responder y por ello, según Reportea.cl, la Fiscalía de Valparaíso investiga pagos que, mediante la intervención del notario de San Miguel, Rodrigo Ortúzar, terminaron en manos del inefable Gonzalo Migueles durante marzo de 2021, cuando la Corte Suprema debía pronunciarse sobre el litigio ambiental del proyecto Barrio Foresta y en un mensajes de WhatsApp se identifica a Ortúzar como un abogado contratado para efectuar gestiones de lobby ante ministros del máximo tribunal. ¿Será verdad que un circunspecto notario ejerza labores de cabildeo ante la Justicia? 

¿Es normal que elegantes ejecutivos de una inmobiliaria hablen de contratar a alguien para acercarse a jueces que deben resolver una causa de sus intereses? ¿Es aceptable que existan pagos cuya justificación y recorrido financiero sean objeto de una investigación penal? ¿No merecemos los ciudadanos de a pie una explicación completa y verificable?

El propio Ortúzar, según la investigación periodística, declaró que no realizó trabajos para la inmobiliaria, mientras su colega, Luis Fischer, habría sostenido ante la Fiscalía una versión distinta, afirmando que sí se contrataron servicios profesionales. Otra pregunta pertinente: ¿A esta fecha, ambas versiones ya han sido contrastadas por el severo Ministerio Público?

El 6 de abril de 2021, la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada entre otros por Ángela Vivanco, resolvió desfavorablemente para los defensores del territorio Bosque de Reñaca, siendo el fallo unánime. En la defensa de este territorio Bosque de Reñaca participó la Fundación Yarur Bascuñán, representada jurídicamente por el abogado ambientalista Gabriel Muñoz, quien litigó honesta y transparentemente, presentando antecedentes técnicos, argumentos jurídicos y utilizando los procedimientos establecidos por la ley.

Muñoz ha expresado una preocupación que compartimos: sería gravísimo que se llegara a comprobar que el poder económico fue utilizado para intentar influir indebidamente en decisiones judiciales relacionadas con la protección ambiental. Y resultaría todavía más preocupante que hechos semejantes pudieran aparecer en otras causas relevantes. Por cierto, no tenemos antecedentes para afirmar que aquello haya ocurrido en otros litigios, pero tampoco podemos fingir que los hechos descritos por Reportea.cl son una anécdota sin importancia.

La Fiscalía tiene el deber de investigar hasta el final, sin proteger apellidos, cargos públicos, ni fortunas recién adquiridas

Aquí surge una pregunta elemental: ¿qué posibilidad real tiene una organización ambiental de enfrentar a grandes intereses inmobiliarios si, además de las conocidas asimetrías económicas, llegara a acreditarse que algunos litigantes utilizaron mecanismos indebidos para influir en la justicia? El reportaje también menciona a Inmobiliaria Alta Vista Pucón, entre cuyos accionistas figuraban Fabio Traverso, Paul Fontaine y Rafael Araneda. Según la investigación, otros $12 millones provenientes de esa empresa llegaron a las manos del famoso Migueles, mediante transferencias en las que intervinieron Ortúzar y el notario Fernando Martel, cuando existía otra controversia judicial de interés para la inmobiliaria.

La condición de accionista de una empresa, desde luego, no demuestra conocimiento ni participación en eventuales irregularidades. Pero la identidad de las sociedades, el origen de los fondos, las razones de los pagos y las actuaciones de quienes los dispusieron deben esclarecerse pronto y por ello el Ministerio Público tiene una tarea ineludible. Debe determinar si los movimientos de dinero correspondieron a operaciones lícitas o ilícitas y debe hacerlo, cualquiera sea la posición económica, profesional o social de las personas involucradas.

Fischer, Migueles, Ortúzar y quienes participaron en las operaciones descritas tienen derecho a entregar sus explicaciones y a que se respeten sus presunciones de inocencia, pero ese sagrado derecho no impide que se aclaren los antecedentes publicados por ese excelente medio de prensa. Lo verdaderamente peligroso sería que estas investigaciones terminaran diluyéndose, como habitualmente sucede en nuestro querido país. 

Desde la fundación Defendamos la Ciudad llevamos años denunciando las malas prácticas urbanísticas y medioambientales, razón más que suficiente para que este episodio que recién conocemos se resuelva correctamente. Los empresarios tienen que defender sus intereses con buenos abogados y otra muy distinta sería que alguien pretendiera obtener ventajas mediante contactos o pagos indebidos. Lo primero es legítimo y lo segundo, si se acredita, exige las correspondientes sanciones y en tal sentido la Fundación Yarur Bascuñán hace bien en evaluar las acciones judiciales que puedan corresponderle. No basta con leer ese reportaje, indignarse durante unos días y luego esperar que todo se olvide.

La Fiscalía tiene el deber de investigar hasta el final, sin proteger apellidos, cargos públicos, ni fortunas recién adquiridas, pues los tribunales existen para impartir justicia conforme a derecho, no para que su independencia pueda quedar bajo sospecha cada vez que aparecen pagos inexplicados en torno a litigios millonarios.

Y una última reflexión: los bosques, humedales y campos dunares no tienen empresarios influyentes que los representen en los círculos de los poderes políticos y económicos, solamente las organizaciones ciudadanas, con sus pocos abogados, recurren a la ley para defenderlos en los tribunales. Queda en evidencia que este caso es similar al de la muñeca bielorrusa y al de Fundamenta y por ello, de oficio, la Corte Suprema tendrá que adoptar decisiones sobre estos 3 incidentes y si no lo hace, será mejor sonreir.

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Patricio Herman

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