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La basura domiciliaria se recoge en casi todo el país, sin embargo, el sistema es poco eficiente e incapaz de entregar ciudades y entornos limpios. Propongo tratar la gestión de residuos como un servicio público regulado: con tarifas ligadas a lo que se genera, subsidios focalizados y una institucionalidad técnica que asegure inversión, eficiencia y fiscalización, tal como ocurre con el agua y la electricidad.
La gestión de residuos sólidos domiciliarios en Chile es incapaz de garantizar ciudades limpias. En las zonas metropolitanas, la cobertura de recolección es alta, pero el modelo actual —desde el domicilio hasta el relleno sanitario— enfrenta dificultades crecientes. Los avances normativos (Ley REP y otros) son insuficientes y, en términos técnicos, presentan contradicciones relevantes para su implementación.
Cuando la recolección se realiza con camiones recolectores, el sistema opera con una ineficiencia elevada, dado que el costo del transporte representa el 80% del total debido a: las detenciones recurrentes, menor rendimiento energético y grandes distancias hasta los rellenos sanitarios.
En la Región Metropolitana se requeriría una red con un número suficiente de estaciones de transferencia para traspasar la carga de camiones pequeños a otros más grandes y eficientes, de menor consumo de energía por kilómetro. Según la normativa urbanística, en la RM, donde solo hay dos o tres estaciones de transferencia, se exigen más de 10. En el resto del país hay serios problemas con la ubicación de los rellenos; basta con recordar el caso de Chiloé.
Los gestores del transporte y de la disposición final dependen de las municipalidades, que licitan servicios donde pocas empresas pueden cumplir con los requisitos técnicos y financieros. Para la disposición final (rellenos sanitarios), la escala obliga a licitaciones asociativas, pues un municipio por sí solo no puede sostener la inversión y la calidad de las operaciones requeridas. En regiones y ciudades más pequeñas esto se vuelve más crítico: el costo por tonelada aumenta, precisamente, pues la escala es menor y la alternativa tecnológica es más limitada, sin alcanzar el óptimo económico.
Los sistemas de valorización y reciclaje generados por la Ley REP, si bien son necesarios y convenientes, frente al volumen de residuos que igual debe ir a relleno, han resultado insuficientes y no han sido capaces de superar un 10% de reciclaje. A su vez, cerca de un 50% de la basura doméstica es de origen alimenticio; sin embargo, por razones técnicas solo se logra valorizar la mitad de esa fracción. Dado el bajo nivel relativo del consumo nacional en cantidad y calidad por habitante de bienes durables, no podemos pretender reducir el volumen de los residuos a relleno sanitario —entre REP y compostaje— en más de un 30 a 40% (en el mejor de los casos, según la amplia literatura al respecto). En otras palabras: incluso con mejoras relevantes en valorización, el desempeño del sistema seguirá dependiendo de implementar una gestión eficiente de recolección, transferencia, transporte y disposición.
Por lo tanto, el problema de fondo no es solo operativo, sino que se requiere aplicar correctamente los principios ambientales. En buena parte del mundo se utiliza el principio de “quien contamina paga” (paga por el tratamiento de la basura contaminante que produce); el usuario paga en función de lo que genera, con mecanismos de apoyo para quienes no pueden costearlo, siguiendo el enfoque promovido desde la Cumbre ambiental de Río a principios de los 90. En Chile, en cambio, el financiamiento suele provenir de contribuciones y cobros municipales raramente vinculados al volumen generado, con una base de pago muy limitada y con criterios que rara vez premian la reducción en el origen, la separación en origen o el buen comportamiento ambiental. El principio señalado es un buen incentivo, pero por sí solo es insuficiente si no existe una institucionalidad capaz de diseñar tarifas, fiscalizar y asegurar inversión.
El resultado está a la vista: convivimos con calles, veredas, ciclovías, plazas y espacios públicos sucios; autopistas y caminos rurales en mal estado de limpieza. Eso afecta la higiene, la educación, la salud y la calidad de vida, y deteriora la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para asegurar estándares mínimos. Y, por cierto, a la economía nacional. Hay claramente un problema institucional.
Propongo tratar la gestión de residuos como un servicio público regulado: con tarifas ligadas a lo que se genera, subsidios focalizados y una institucionalidad técnica que asegure inversión, eficiencia y fiscalización
En Chile tenemos al menos dos servicios que sí funcionan bien: agua potable y la electricidad. En ambos, pagamos de manera transparente en función del consumo; si un hogar requiere más, paga más, y si no puede pagar, el Estado subsidia (de manera focalizada a los de menos ingresos) sin comprometer la sostenibilidad del sistema. Por otra parte, se define una “empresa modelo” que simula a la empresa real y, con información técnica, analiza costos eficientes de operación e inversión para determinar la tarifa. El procedimiento incentiva la eficiencia. La clave es que existen reglas estables, regulación técnica y fiscalización.
¿Por qué no ocurre lo mismo con los residuos que podríamos tratar como un servicio público regulado? Hoy el Estado entrega la responsabilidad a los municipios, que hacen lo posible con limitados instrumentos, mientras la operación queda sujeta a múltiples licitaciones, criterios dispares y capacidades técnicas muy distintas entre comunas. En agua y electricidad, en cambio, el regulador define una “empresa modelo” y, con información técnica periódica, calcula costos eficientes de operación e inversión. Eso permite tarifas claras y exigencias de desempeño, y la fiscalización recae en organismos especializados (superintendencias) con capacidad técnica y continuidad.
La propuesta es directa, democrática y moderna: mejorar la gestión de residuos bajo una institucionalidad similar —en su lógica— a la del agua y la electricidad. No se trata de “quitarle” todo a los municipios, sino de darles un marco que funcione: planificación de infraestructura (por ejemplo, estaciones de transferencia), estándares de servicio, información y fiscalización técnica; y un sistema tarifario que refleje lo que se genera, con subsidios bien diseñados para hogares vulnerables. Los municipios y/o gobiernos regionales pueden agruparse para actuar como contraparte competente, mientras la operación (recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición) puede seguir siendo pública y/o privada, pero bajo reglas claras y comparables.
De haber acuerdo en esta modernización, sería posible utilizar el sistema de concesiones del MOP, que, como bien se sabe, ha sido capaz de canalizar importantes inversiones en el país, dando seguridad a la población y superando muchas trabas territoriales.
Si queremos un “cambio real de calidad”, partamos por lo esencial: alinear incentivos y construir capacidad técnica estable. Aplicando principios y criterios técnicos adecuados, con un sistema regulado, se puede exigir eficiencia energética, reducir recorridos, planificar inversiones, aumentar competencia y asegurar limpieza urbana como resultado medible. El desafío pendiente es dotar al sector de una institucionalidad moderna, con regulación, fiscalización e implementación sostenidas en el tiempo. En definitiva, ser eficientes y disminuir el tan temido y excesivo gasto público.
Hernán Durán de la Fuente · Socio principal, Eco Ingeniería Sustentable SRL · Presidente Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros · Profesor de Gestión Ambiental, Universidad de Chile
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Gonzalo Vicuña
Hay una mafia ahí. La basura es un negociado, corre la coima. La gestión de basua de Chile está en manos de los Soprano. Tu propuesta es lógica, peeo el «empresario» que gestiona, jamás permitirá que le cambien el negocio.
hernan
Gracias por los comentarios. La nueva institucionalidad propuesta tiene herramientas con las cuales una vez definidas las ubicaciones se pueden instalar.
hernan
Los municipios y los privados no tiene por qué salir. Tal cual como ocurre con el agua y la electricidad. La diferencia es que todos tendrán que ser regulados y controlados con mejores herramientas. Aplicando los principios ambientales, tales como el precautorio.
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Werner Pieber J
Muy bueno el articulo con ideas claras y ordenadas en etapas de como proceder y organizar la solución al problema de residuos en las ciudades .Creo que cuando se habla de crear puntos de transferencia como solución importante es necesario ver donde debieran ubicarse y ver si realmente existen puntos posibles ,yo eso lo veo complicado¡ DONDE?