El aluvión de Las Condes: no fue la lluvia, fue falta de previsión

Como una cuestión previa tenemos el deber de señalar que la fundación Defendamos la Ciudad está denunciando públicamente el desorden en el manejo de la urbe, siempre proponiendo soluciones realistas, las que, sin embargo, nunca han sido implementadas. Pues bien, el reciente aluvión que golpeó a San Carlos de Apoquindo y la precordillera de Santiago dejó postales devastadoras: calles convertidas en ríos de barro, casas inundadas y el sector paralizado por un corto tiempo. La respuesta oficial suele repetirse como un libreto gastado: «un evento meteorológico inédito» o «la furia del clima». Nos están mintiendo. Lo ocurrido no es un accidente fortuito, sino el resultado predecible de un modelo urbano desregulado que prioriza la especulación inmobiliaria por sobre la seguridad humana y la ciencia. 

El origen del problema: 1979 y el abandono de la planificación 

Para entender por qué se construye en laderas inestables y quebradas peligrosas, hay que ir al origen de la tragedia: la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1979, plena dictadura. Fue en este hito histórico cuando el Estado chileno declaró que el suelo urbano dejaba de ser un bien común planificado para convertirse en una simple mercancía regida por la ley de la oferta y la demanda. 

Bajo la premisa de la «libertad de mercado», se desmantelaron los criterios de prevención y regulación, tal como se opera en los países civilizados del primer mundo. Desde entonces, el modelo ha funcionado con una lógica perversa: 

• Especulación con la cota de edificación: Terrenos precordilleranos catalogados como áreas rurales, de protección o de riesgo, son adquiridos por privados a bajo precio para, en unos años más, edificar a sus gustos y conveniencias. Lo anterior, mediante presiones políticas y modificaciones a los Planes Reguladores Comunales (PRC) y al propio PRMS, Así se cambia el uso del suelo, multiplicando su valor comercial y empujando la ciudad hacia la montaña. 

• Planes reguladores desbordados: Los instrumentos comunales tardan más de una década en actualizarse y cuando finalmente se intenta prohibir la edificación en una zona peligrosa, el astuto mercado ya la ha pavimentado. 

• Evaluación fragmentada: Se aprueban proyectos «lote a lote», evaluando el impacto de un edificio aislado e ignorando la dinámica hídrica de toda la cuenca. 

La anatomía del desastre: De la cabecera a la ciudad 

Un aluvión no nace en la calle; se incuba en la cabecera de la cuenca: 

1. La montaña desprotegida: El bosque esclerófilo nativo (quillayes, peumos, litres) actúa como una esponja natural. Sus raíces amarran la tierra y reducen la fuerza del agua. Cuando la vegetación se destruye por incendios, tala o loteos, la tierra pierde su capacidad de absorción y la lluvia genera obvios torrentes de alta energía. 

1. Pavimentar el cauce natural: Durante milenios, la naturaleza ha depositado sedimentos en los «abanicos aluviales». La desmedida e incontrolada expansión urbana ha cubierto de hormigón estas zonas de infiltración de las aguas lluvias ocasionando la ocurrencia de grandes caudales en pocas horas. 

1. Ingeniería insuficiente: Entubar quebradas o construir colectores para caudales promedio es una receta para el colapso. Ante flujos densos de barro, rocas y troncos, la infraestructura tradicional se bloquea en minutos. 

Captura regulatoria: Ganancias privadas, pérdidas públicas 

El conocimiento sobre riesgos geológicos en Chile existe desde hace décadas. Tras las tragedias de Antofagasta (1991) y Macul (1993), organismos técnicos como Sernageomin y las universidades mapearon en detalle las zonas de peligro. Sin embargo, este conocimiento choca sistemáticamente contra el poder económico local. 

Las Direcciones de Obras Municipales (DOM) han carecido de autonomía o capacidad técnica para enfrentarse a los grandes grupos económicos, autorizando construcciones en áreas no aptas. El resultado es una asimetría indignante: las inmobiliarias privatizan las ganancias vendiendo sus inmuebles en la montaña y, cuando la naturaleza reclama su cauce, las pérdidas se socializan. El Estado y las familias deben pagar las emergencias y las costosas reparaciones. 

La herramienta olvidada: Distritos de Conservación desde 1962 

Lo más trágico de esta crisis es que Chile no necesita reinventar la rueda. Hace más de 60 años, la Ley N° 15.020 de 1962, gobierno de Jorge Alessandri, impulsada junto a la cooperación técnica internacional, creó en su Artículo 55° la figura de los «Distritos de Conservación de Suelos, Bosques y Aguas». La disposición facultaba expresamente al Estado para declarar estas zonas en predios con riesgo inminente de erosión o deterioro hidrológico. Décadas más tarde, la Ley N° 18.378 mantiene vigente esta atribución.  

Lo ocurrido no es un accidente fortuito, sino el resultado predecible de un modelo urbano desregulado que prioriza la especulación inmobiliaria por sobre la seguridad humana y la ciencia

Sin embargo, esta figura legal es inoperante, en la práctica, por una omisión técnica: la falta de promulgación de un Reglamento específico que defina su aplicación operativa, sus mecanismos de delimitación y sus atribuciones fiscalizadoras. Entendemos que quienes ejercen el poder político no han tenido el tiempo suficiente para adentrarse en la materia. Al carecer de una reglamentación detallada, la herramienta ha permanecido como una mera declaración de principios en el papel, dejando desprotegidas las cabeceras de cuenca ante el vendaval desregulador que desde 1979 buscó no entorpecer el negocio inmobiliario en la precordillera. 

Soluciones de fondo para el territorio 

Para transformar de fondo esta realidad, debemos rescatar y actualizar estas soluciones estructurales: 

1. Dictar el mencionado Reglamento de Distritos de Conservación: Es urgente que la autoridad ambiental, forestal y agrícola dicte de una vez la reglamentación pendiente de los Distritos de Conservación de Suelos, Aguas y Bosques. Esto permitirá congelar de inmediato los cambios de uso de suelo en cabeceras de cuenca, exigir planes de manejo forestal obligatorio a predios privados y condicionar cualquier proyecto a un completo Estudio de Impacto Ambiental vinculante. 

1. Ordenamiento Territorial con Criterio de Cuenca: Los Planes Reguladores Comunales responden a límites políticos artificiales. Deben subordinarse por ley a los Distritos de Conservación y a Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas. Ningún municipio debe tener la facultad de cambiar el uso de suelo, si eso pone en riesgo a la ciudad aguas abajo. 

1. Intangibilidad absoluta de las zonas de riesgo: Modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) para prohibir de forma tajante e inalterable la edificación en abanicos aluviales y franjas de protección de cauces. 

1. Infraestructura y Restauración: Incorporar a la brevedad el manejo del bosque esclerófilo y la conservación de suelos como la primera línea de defensa hidráulica, complementando estas medidas con soluciones tales como mallas aluvionales dinámicas y parques inundables de retención. 

Exigencia pública y el deber ineludible del Estado 

Es el momento propicio para que nosotros le hablemos con absoluta claridad al país y le exijamos a nuestras autoridades para que, finalmente, se pongan serias y que eviten justificar la ocurrencia de este desastre, atribuyéndolo exclusivamente a fenómenos climáticos

El Estado tiene el deber constitucional insoslayable de garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, velar por el bien común y proteger la vida e integridad física de las personas. Las autoridades existen para servir verdaderamente al conjunto de los chilenos, no para congraciarse con los especuladores ni para refugiarse en “sesudos” diagnósticos complacientes. 

La solución no requiere milagros ni discursos vacíos; la herramienta legal existe desde hace 64 largos años y las actuales autoridades tienen la solución en sus manos. Convocar de inmediato al trabajo de los especialistas forestales, hidrólogos y ambientalistas del país para redactar y promulgar el Reglamento de los Distritos de Conservación de Suelos, Aguas y Bosques que dotará a Chile de una herramienta efectiva y de largo plazo.   

Saldar esta deuda histórica con una adecuada reglamentación de uso del suelo precordillerano y planificar nuestras ciudades con criterio de cuenca, es la única garantía para proteger la vida y el patrimonio de nuestras comunidades. 

Patricio Herman y Mauricio Montecinos

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