Cuando la reconstrucción debilita las reglas: certeza para el capital e incertidumbre para la democracia

En el debate sobre el desarrollo, se suele afirmar que solo los expertos en economía tienen legitimidad para guiar las decisiones públicas; sin embargo, esta idea resulta incompleta en un contexto democrático, ya que la experiencia cotidiana de las personas, su conocimiento local y sus vivencias respecto a los efectos de las políticas económicas son formas de saber igualmente valiosas, aunque diferentes. Aunque la ciudadanía no experta no debate con modelos abstractos, sino que se basa en impactos concretos en su vida, su comunidad y su entorno, lo que le confiere una racionalidad práctica que no debe ignorarse pero que es fundamental valorar su voz en la discusión pública y exigir mayor transparencia a los líderes políticos, pues no basta con votar en silencio o confiar únicamente en argumentos técnicos, sino que estos deben comunicar de manera clara sus decisiones, intereses y riesgos asumidos; solo así se puede garantizar una deliberación genuina y democrática, en la que las decisiones colectivas surjan de la participación activa de la ciudadanía y beneficien al país.

El proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”, recientemente presentado por el gobierno como el proyecto emblema de su primer tiempo, propone un cambio fundamental en el modelo de desarrollo chileno, basado en la idea de que la reactivación económica requiere reducir las cargas regulatorias, mejorar los incentivos a la inversión y modificar el rol del Estado en la economía. Sin embargo, un análisis completo de sus disposiciones muestra que esta reorientación no es solo técnica, sino que también tiene importantes implicaciones en la gobernanza democrática, el equilibrio institucional y el desarrollo territorial, especialmente en regiones periféricas como Los Lagos y, aun más, en el archipiélago de Chiloé.

Desde una perspectiva institucional, uno de los mayores desafíos del proyecto es transformar el sistema de evaluación ambiental mediante la propuesta de medidas que buscan reducir las iteraciones técnicas (como disminuir las adendas), limitar la invalidez administrativa de las resoluciones de calificación ambiental y acortar la duración de las medidas cautelares judiciales, que, en conjunto, representan una pérdida significativa de la capacidad estatal para controlar tanto antes como después los proyectos de inversión. Esta reestructuración, presentada como una búsqueda de “certeza jurídica”, en la práctica desplaza el foco de protección del interés público hacia la seguridad del inversionista, debilitando principios clave del derecho ambiental actual, como la prevención, la precaución y la participación informada de las comunidades.

En lugares como Chiloé, donde existen numerosos conflictos socioambientales y actividades productivas en ecosistemas delicados, esta transformación es especialmente crucial, ya que la reducción de espacios institucionales para la deliberación y el control limita la capacidad de las comunidades locales para influir en decisiones que afectan su calidad de vida al aumentar el riesgo de que se intensifiquen externalidades negativas acumulativas, particularmente en sectores como la acuicultura, ya que el proyecto realiza cambios significativos en el régimen de concesiones acuícolas, eliminando la obligación de realizar evaluaciones ambientales para algunas relocalizaciones y reemplazando la caducidad por el no uso con incentivos económicos, medidas que apuntan a dinamizar el sector a corto plazo, favoreciendo la continuidad operativa de las empresas en lugar de priorizar la sostenibilidad del ecosistema, en un contexto en el que la industria salmonera ha sido constantemente cuestionada por sus impactos ambientales. La flexibilización regulatoria, por lo tanto, no solo reduce costos administrativos, sino que también modifica las demandas ambientales en áreas especialmente vulnerables.

Esta propuesta también aborda una dimensión fiscal y tributaria que genera tensiones importantes desde una perspectiva democrática porque la idea de establecer un régimen de invariabilidad tributaria de veinticinco años para las grandes inversiones implica una restricción significativa de la capacidad de las futuras mayorías políticas para modificar las reglas del sistema impositivo. Aunque estos dispositivos buscan ofrecer estabilidad a la inversión, también generan una especie de “rigidez institucional” que desafía el principio democrático de la revisibilidad de las decisiones públicas, peor aun cuando la reducción de la carga tributaria para las empresas, la eliminación de impuestos sobre las ganancias de capital y la reconfiguración del sistema fiscal orientan el esquema hacia incentivos al capital, sin que el proyecto proponga mecanismos equivalentes de redistribución.

La reducción de espacios institucionales para la deliberación y el control limita la capacidad de las comunidades locales para influir en decisiones que afectan su calidad de vida.

En el desarrollo territorial, estas definiciones resultan especialmente complejas, aunque es razonable prever un incremento de la inversión y de la actividad económica en regiones como Los Lagos; el proyecto se debilita al no contar con mecanismos efectivos que garanticen un encadenamiento productivo local adecuado ni una distribución equitativa de los beneficios del crecimiento, y la ausencia de estos mecanismos puede llevar a la formación de economías de enclave, es decir, sistemas productivos muy integrados en circuitos globales, pero con poca conexión con el territorio. En Chiloé, esto podría profundizar la brecha entre el crecimiento económico general y el bienestar real de su población; más aún, cuando las modificaciones en la gestión del patrimonio cultural y en la estructura del Consejo de Monumentos Nacionales introducen criterios para simplificar la administración, con el objetivo de evitar paralizaciones innecesarias de proyectos, ello podría reducir la protección de los bienes culturales y arqueológicos, y en un territorio donde la identidad cultural es esencial para el tejido social y un recurso importante para el turismo, relajar estos mecanismos de protección genera dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo del desarrollo propuesto.

Por último, el proyecto incluye medidas para limitar el gasto público en áreas sensibles, como la educación superior, mediante la suspensión temporal de la incorporación de nuevas instituciones al régimen de gratuidad y la redefinición de los criterios para su expansión. Aunque estas acciones buscan mejorar la sostenibilidad fiscal, en realidad afectan la igualdad de acceso a los derechos sociales, especialmente en regiones con oferta educativa limitada, donde las instituciones locales son fundamentales para la movilidad social y el desarrollo territorial, como es el caso de Chiloé.

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Carlos Delgado Álvarez

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