Hace 7 años, el 15 de noviembre de 2019, dirigentes políticos de diversos sectores de Chile suscribieron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Reunidos en horas de la noche, tras largas deliberaciones, se acordó un texto que sintetizaba la aspiración del mundo político por encauzar institucionalmente las demandas expresadas en el estallido social iniciado el 18 de octubre de ese año.
El fracaso de los dos procesos constitucionales que se intentó después, hace olvidar que lo ocurrido aquella noche del 15 de noviembre, es lo que permitió construir una salida pacífica a la mayor explosión social de los últimos cien años en Chile. En otras palabras, la decepción generalizada producida por el fracaso constituyente, hace olvidar que lo que impidió un desenlace sangriento de la crisis social y política, fue ese momento poco conocido, y poco valorado en que un grupo amplio de políticos, se reunió para salvar la institucionalidad. Con toda seguridad, había otras alternativas, como que se insistiera con la acusación constitucional en contra del presidente de la república, lo que habría puesto término anticipadamente al mandato del presidente Piñera. Un hipotético caso como ese, no consideraba la reacción del resto de los poderes del Estado, ni tampoco de los poderosos intereses económicos.
Para la historia queda la firme oposición de la senadora Isabel Allende, que, con el recuerdo de su padre, el presidente mártir, sostuvo que en democracia los presidentes debían concluir su período. Algunos años más tarde, la ultra derecha le pagó ese acto de hidalguía, con una acusación ante el TC que la privó de su cargo para el cual fue electa democráticamente, y fue expulsada oprobiosamente del Senado de la república.
En ese no tan distante año 2019, una asonada popular que no dejara títere con cabeza, fue una idea que rondó por las cabezas de moros y cristianos. Un sector de la derecha instaba al presidente Piñera a instalar el estado de sitio en todo el país, y reprimir con fuerza a los manifestantes. Eso estaba encima de la mesa la noche del 15 de noviembre. A su lado estaba el conjunto de demandas sociales de diversa naturaleza, que impulsaba la ciudadanía en forma transversal, en cada rincón del país, de Arica a Magallanes. El reclamo en contra de los abusos de bancos, Farmacias, supermercados; el reclamo en contra de la desigualdad, y la exigencia de una mejor distribución de la riqueza y el mayor acceso a derechos sociales.
El fracaso de los dos procesos constituyentes, le ha quitado visibilidad y valoración al acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Por cierto, en esa noche los sectores más extremos del espectro político no participaron del acuerdo. No estuvo el PC, tampoco estuvieron los partidos de lo que hoy se conoce como FA. Ya que el por ese entonces diputado Gabriel Boric, lo hizo a título personal, ganándose después las recriminaciones y amenazas de sanción en su partido. También se manifestó contrario a este acuerdo el diputado Kast, quien lideraba el partido republicano, que se encontraba en formación, y eran partidarios de conservar la constitución sin modificaciones.
Entre las cosas insólitas de nuestra historia reciente, con seguridad el premio se lo lleva la situación que se produjo en los dos procesos constituyentes. Dos procesos liderados por sectores de izquierdas y derechas, realizados en forma consecutiva, dieron como resultado dos sonados rechazos ciudadanos. Un verdadero remake electoral sucedió después en las elecciones presidenciales. En 2021 se impuso una alianza de partidos de izquierda liderados por el ex diputado Boric, quien asumió con la promesa de dar respuesta a las demandas sociales expresadas por la ciudadanía en 2019. El resultado de esta experiencia no fue la de proyectar el programa de transformaciones sociales en otro mandato presidencial. Por el contrario, y repitiendo el movimiento pendular que se ha cumplido cada 4 años, desde 2010, el trompo volvió a girar, y en 2025 fue electo el líder de la ultraderecha, el ex diputado JAK.
Los cambios electorales, no han calado en el tejido social. Los últimos estudios de opinión dan cuenta que la ciudadanía ve que las causas que motivaron el estallido social, se mantienen. Paradójicamente, al día de hoy se identifica al estallido social como una respuesta a los abusos, la injusticia, la mala distribución de la riqueza, se esgrimen como fundamento del estallido. Hoy la ciudadanía, ajena a la propaganda financiada por las AFP y las grandes fortunas, no sólo justifica el estallido, sino que tiene una imagen positiva del mismo.
Lo anterior es un contraste evidente con la opinión que sostiene la coalición gobernante. Lo que pareciera indicar la pérdida de ese “sentido común” del que se sentía la voz hegemónica. El rechazo a las medidas económicas adoptadas en el primer mes de mandato, como por ejemplo el traspaso íntegro del alza del precio de los combustibles a los consumidores, hunden la aprobación de ejecutivo en torno al 20%. El sentido común ciudadano, como siempre ha sido, está ligado a sus condiciones materiales de vida. El año pasado con el país recuperándose al ritmo de un crecimiento de 2,5 anual, con inflación controlada en torno al 3%, y a la baja, se avizoraba el inicio de una baja en las tasas de interés por el Banco Central. El desempleo cerca del 8% también en tendencia a la baja. Pero eso no era suficiente para la población, había descontento, insatisfacción. En ese terreno hallaron campo fértil los anuncios de campaña, las promesas, de que el país estaba en el suelo, y que, con el cambio de ciclo electoral, “todo va a estar mejor”.
El sentido común ciudadano, como siempre ha sido, está ligado a sus condiciones materiales de vida
El cúmulo de expectativas de un electorado ansioso e impaciente, rebota ahora cuando las promesas de campaña se han comprobado ineficaces, erróneas o derechamente falsas. Como máxima expresión y síntesis de cómo empeoró la situación en un breve lapso, están las declaraciones del ministro de Hacienda, donde ha reconocido, lo que todos los economistas de progresismo y de centro derecha adelantaron, Chile está en recesión. Es primera vez que Chile entra en una recesión, que no es provocada por una recesión mundial. Según datos del FMI, el mundo crecerá un 3% este año. Latinoamérica crecerá un 2,3%, mientras Chile terminará 2026 con crecimiento cero.
Otra de las materias sobre las que más se discurseó en campaña, es el desempleo. Hoy el desempleo está rompiendo todos los récords anteriores, está rosando los dos dígitos, superando el millón de personas. La inflación que estaba en 2025 por llegar al rango meta del Banco Central de 3,0%, hoy llega a 4,5 %. La alta inflación impide al Banco Central bajar la tasa de política monetaria, lo que priva a la economía del impulso al crédito y la inversión, que gatilla el crecimiento. El termómetro de la economía es el consumo de los hogares, como efecto del “bencinazo” y con los precios de la canasta de alimentos al alza, el consumo privado se ha reducido nuevamente. Un efecto que lo han notado hasta los feriantes, pero que en las finas oficinas de Hacienda en Teatinos 120 no se oye padre.
Mantener una decisión de política económica errónea, no es liderazgo o señal de carácter, persistir en un camino equivocado contra toda evidencia, es señal de obstinación, de rigidez, incompatible con los atributos de cercanía, confianza, credibilidad y empatía, que son los atributos en que la ciudadanía reprueba con más fuerza al ejecutivo.
Una decisión de última hora, forzada por una movilización de gremios regionales de dueños de camiones, llevó al ministro de hacienda a revertir su decisión de liberar a su suerte el precio de los combustibles. El MEPCO que en marzo era malo, pésimo, ahora parece que no sólo es bueno y se repone, sino que se presenta un proyecto de ley, para inyectar más recursos para subsidiar el precio de los combustibles a un costo cercano a los mil millones de dólares entre 2026 y 2027. Esto como respuesta al gremio que se atrevió a desafiar al gobierno en las calles y rutas.
Como soy optimista, espero que esta mini señal de flexibilidad, se replique también en otros ámbitos. Aunque el rostro del ministro Quiroz en el punto de prensa que anunció el acuerdo con los camioneros lo decía todo. Apurados por el viaje del presidente a Asia, terminaron firmando un acuerdo que desmiente todos los argumentos esgrimidos desde marzo. El discurso oficialista es que su programa y sus medidas de política económica, fueron apoyadas mayoritariamente en las elecciones, por lo que no se cede ni negocia, y se deben aceptar sus términos. La señal de apertura al dialogo y negociar, bajo la presión de un paro que alteró el tránsito de personas y mercaderías, se presta para diversas interpretaciones. La interpretación más positiva, es que por fin se dieron cuenta de cómo había afectado a la economía la pésima decisión del bencinazo. Otra interpretación es que sólo negocian con quienes sostienen una estrategia de negociación agresiva. Ojalá que no sea el caso, porque sería la puerta de entrada para entrar de lleno en el conflicto social.
Actuar imbuido de certezas absolutas en políticas públicas, pone al oficialismo en riesgo de chocar contra la realidad, que es diversa y cambiante. Lo que en diciembre de 2025 fue un apoyo rotundo y mayoritario, hoy se ha esfumado, y tratar de recuperarlo va a requerir un grado de flexibilidad mayor a la que ha demostrado el elenco ministerial que acompaña al presidente. El país necesita de una conducción económica que recupere los índices de crecimiento, inflación y desempleo, no al año 2030, sino al año 2027. Hacer los cambios para conseguirlo es plena responsabilidad del presidente.
Los contenidos publicados en elquintopoder.cl son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores.
Te invitamos a conocer nuestras Reglas de Comunidad