La vida que les conviene

Quienes patrocinan el proyecto “Escucha su Corazón” dicen defender la vida. Pero basta revisar cómo legislan cuando esa vida ya nació para comprender que su protección tiene límites bastante convenientes.

Soy Matrona, llevo dieciséis años acompañando embarazos, partos, pérdidas reproductivas y decisiones que ninguna mujer toma con liviandad. Sé distinguir entre informar y presionar; entre acompañar y utilizar una consulta médica para producir culpa o remordimientos.

El proyecto, patrocinado por Chiara Barchiesi, Catalina Del Real, Álvaro Jofré, Claudia Reyes y Cristóbal Urruticoechea, establece que una mujer puede rechazar escuchar la actividad cardiaca embrionaria, pero que, si lo hace, el médico deberá negarse a realizar la interrupción del embarazo. Una libertad castigada con la denegación de una prestación sanitaria no es libertad. Es coerción emocional convertida en ley.

Y la incoherencia vuelve a aparecer cuando esos niños ya nacieron.

En junio de 2026, Barchiesi, Del Real, Jofré y Reyes apoyaron solicitar urgencia para una iniciativa que pretende rebajar de catorce a trece años la responsabilidad penal adolescente y permitir, bajo determinadas condiciones, que jóvenes de dieciséis y diecisiete años ingresen al régimen penitenciario común. Urruticoechea no registró voto en esa oportunidad.

No aprobaron todavía esa ley, pero sí respaldaron acelerar su tramitación.

Antes de nacer son niños indefensos. A los trece años ya pueden ser tratados como amenazas penales y ya no son niños.

No es el único antecedente. Catalina Del Real patrocinó además una iniciativa destinada a endurecer la respuesta sancionatoria frente a delitos cometidos por adolescentes. Durante su discusión, organismos especializados advirtieron que la respuesta no podía reducirse al aumento de penas y que era necesario fortalecer prevención, reinserción y políticas sociales.

No encontré un recorte presupuestario específico a la rehabilitación juvenil que pueda atribuirse responsablemente a estos parlamentarios, y no me corresponde inventarlo. Lo que sí está documentado es una opción política: cuando el adolescente entra en conflicto con la ley, el énfasis vuelve rápidamente al castigo.

Dentro del útero, protección absoluta. Fuera de él, sanción. y la contradicción continúa con la maternidad real. La que necesita tiempo, cuidados, trabajo y corresponsabilidad.

En mayo de 2026, al votarse una indicación concreta destinada a establecer Sala Cuna Universal, Barchiesi, Del Real, Jofré y Urruticoechea rechazaron su contenido. Claudia Reyes votó a favor.

Cuando el embrión está dentro del cuerpo de una mujer, exigen escuchar, detenerse y reconsiderar. Cuando ese niño nace y necesita cuidados para que su madre pueda conservar su trabajo y la calidad de vida de ese niño, cuatro de cinco votan en contra.

Eso no es una defensa universal de la vida, sino una jerarquización conveniente de las vidas

También resulta revelador que, en la primera votación destinada a establecer los dieciocho años como edad mínima para contraer matrimonio, Chiara Barchiesi votara en contra y Cristóbal Urruticoechea se abstuviera. Barchiesi respaldó posteriormente la versión final, precisión necesaria para no falsear el antecedente. Pero la pregunta permanece: ¿por qué los reflejos de protección absoluta que hoy exhiben frente a un embrión no aparecieron con la misma fuerza cuando se trataba de proteger a niñas y adolescentes de vínculos atravesados por profundas desigualdades de edad y poder?

Esta agenda tampoco comenzó al llegar al Congreso.

Antes de asumir como diputada, Barchiesi ya defendía una Constitución “provida y profamilia” que protegiera la vida desde la concepción. Del Real por su parte, calificó la legislación de aborto en tres causales como una “muy mala ley”. Acá no estamos frente a una preocupación sanitaria reciente, estamos frente a una definición ideológica sostenida en el tiempo.

El caso más extremo es el de Cristóbal Urruticoechea. En 2022 presentó un proyecto para eliminar la regulación del aborto en tres causales y aumentar las penas, incluyendo cárcel para la mujer que causara o consintiera su aborto. También proponía mayores sanciones para quienes intervinieran desde el ámbito sanitario. Sobre una mujer embarazada producto de una violación declaró que abortar no la “desviola” física ni moralmente una frase brutal, pero también muy reveladora, porque allí desaparece la mujer. Desaparecen el trauma, la integridad psíquica, la dignidad, la autonomía y el proyecto de vida. Solo permanece el mandato de continuar el embarazo.

Para una mujer violada: obligación, culpa y castigo, pero también vemos que el argumento se suaviza para quienes cumplen condenas por crímenes de lesa humanidad, en estos casos en cambio, aparece otro lenguaje. Urruticoechea afirmó en la Cámara, que en Punta Peuco había personas que habían “salvado” al país del comunismo y que merecían respeto y cuidado. En junio de 2026, Barchiesi, Jofré, Reyes y el propio Urruticoechea votaron contra un acuerdo que advertía sobre el riesgo de restituir privilegios en ese penal.

La humanidad que se niega a una niña embarazada producto de una violación reaparece para condenados por secuestros, torturas y desapariciones, y este contraste no es menor. El embrión merece protección absoluta mientras habita el cuerpo de una mujer. Después del nacimiento, la madre puede seguir esperando cuidados; el adolescente puede recibir cárcel; la niña puede ver relativizada en su protección y dignidad; y el victimario, sin embargo, puede merecer indulgencia.

Eso no es una defensa universal de la vida sino una jerarquización conveniente de las vidas.

No legislan con coherencia sobre la vida. Legislan sobre obediencia.

Una verdadera defensa de la vida exige mucho más: educación sexual, anticoncepción, salud pública de calidad, sala cuna, protección laboral, prevención, reinserción juvenil, políticas de cuidado, memoria y justicia. Porque la vida no puede importar únicamente mientras cabe dentro de un útero.Y los derechos humanos no pueden depender de la conveniencia política de quien los invoca.

Nicole Suazo Barriga
Matrona con 16 años de experiencia en salud pública y dirigenta sindical nacional de Confedeprus.

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