Por cada elección presidencial qué atraviesan los países de occidente propios de democracias liberales, suele plantearse una pregunta fundamental: ¿quién gobernará los próximos años? En el Perú actual, sin embargo, la interrogante parece ser otra: ¿podrá alguien gobernar realmente?
La segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ha concentrado la atención política de las últimas semanas en el cono sur. Los resultados preliminares muestran una competencia extremadamente estrecha, marcada por la polarización, la fragmentación y la incertidumbre. Pero más allá de quién termine ocupando el Palacio de Gobierno, el proceso electoral deja en evidencia una realidad mucho más profunda y preocupante: la persistente crisis del sistema político peruano.
Los números hablan por sí solos. Fujimori obtuvo apenas un 17,1% de los votos en primera vuelta, mientras que Sánchez alcanzó un 12,04%. Ninguno de los dos logró convocar siquiera a una quinta parte del electorado nacional peruano. Al mismo tiempo, los votos blancos y nulos superaron el 17% del total, reflejando un nivel significativo de desafección ciudadana frente a la oferta política existente.
En otras palabras, quienes disputan la presidencia no llegan a esta instancia impulsados por grandes mayorías sociales, sino como los sobrevivientes de un sistema profundamente atomizado.
La fragmentación no es una novedad en Perú. Durante años, el país ha experimentado una creciente debilidad de los partidos políticos, una crisis de representación y el auge de discursos anti-establishment que cuestionan tanto a las élites tradicionales como a las instituciones democráticas. La proliferación de más de cuarenta partidos compitiendo simultáneamente en esta elección no es una señal de vitalidad democrática, sino un síntoma de la incapacidad del sistema para construir proyectos políticos estables y duraderos.
La consecuencia de esta dinámica es conocida por los peruanos y observada con preocupación desde el resto de Latinoamérica. En los nueve últimos años, Perú se ha convertido en uno de los países políticamente más inestables de la región. Entre renuncias, vacancias presidenciales, destituciones, sucesiones constitucionales y gobiernos transitorios, el país ha tenido alrededor de diez mandatarios o jefes de Estado en apenas ocho años.
Ninguna democracia puede aspirar a construir políticas públicas consistentes cuando cambia de liderazgo con la frecuencia con que otros países cambian de gabinete ministerial. La inestabilidad dejó de ser una excepción para transformarse en una característica estructural del sistema político peruano. Lo preocupante es que esta dinámica ha comenzado a normalizarse. Cada nueva crisis institucional parece ser absorbida por el sistema sin resolver las causas que la originan.
La tensión permanente entre el Ejecutivo y el Congreso, la ausencia de coaliciones sólidas, la fragilidad de los partidos y la falta de confianza ciudadana han generado un círculo vicioso que termina debilitando a cualquier gobierno, independientemente de su signo ideológico.
La actual elección ocurre precisamente bajo ese contexto. Las controversias relacionadas con el proceso electoral, los retrasos en los escrutinios y los cuestionamientos sobre algunas actas han vuelto a alimentar un clima de desconfianza que amenaza con extenderse más allá de la jornada electoral. Cuando las instituciones pierden legitimidad ante los ojos de la ciudadanía, incluso los resultados democráticos más transparentes pueden terminar siendo objeto de disputa.
El principal desafío del próximo presidente no será necesariamente implementar su programa de gobierno, sino lograr que el país vuelva a ser gobernable
Por supuesto, existen diferencias sustantivas entre las propuestas de Fujimori y Sánchez. La primera representa una visión orientada hacia el libre mercado, la seguridad basada en el fortalecimiento del control estatal y una agenda de modernización institucional. El segundo propone una mayor intervención del Estado en la economía, reformas constitucionales y un fortalecimiento de las políticas sociales. Son proyectos distintos y legítimamente contrapuestos.
Sin embargo, el principal desafío del próximo presidente no será necesariamente implementar su programa de gobierno, sino lograr que el país vuelva a ser gobernable.
Esa es la verdadera paradoja peruana. Mientras gran parte del debate público se concentra en quién ganará la elección, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿cómo reconstruir un sistema político capaz de generar estabilidad, representación y confianza?
Porque el problema del Perú no parece ser únicamente electoral, sino qué, es institucional, es estructural. Y mientras esa discusión permanezca pendiente, cada elección presidencial seguirá apareciendo como una oportunidad de cambio que termina chocando contra los mismos obstáculos de siempre.
El próximo gobierno peruano enfrentará un Congreso sumamente fragmentado, una ciudadanía desconfiada y un sistema político que lleva años mostrando signos de agotamiento. La construcción de acuerdos políticos, más que una virtud deseable, será una condición indispensable para la supervivencia política del próximo gobierno.
Al final, con resultados de una segunda vuelta estrecha, la elección entre Fujimori y Sánchez podría definir quién ocupará la presidencia. Pero la verdadera elección que enfrenta Perú es mucho más compleja: gane quien gane ninguno de los dos candidatos electos tendrá mayoría en el congreso peruano, por lo qué el ganador o ganadora deberá decidir si seguirá administrando la inestabilidad o si finalmente emprenderá las reformas políticas e institucionales necesarias para recuperar la gobernabilidad que ha perdido durante la última década.
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