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Hay algo profundamente contradictorio en la manera en que hablamos de descentralización en Chile, ya que cada cierto tiempo se multiplican los discursos sobre fortalecer los territorios, acercar el Estado a las personas y entregar mayores atribuciones a los gobiernos locales. Sin embargo, cuando llega el momento de discutir cómo se financian estas responsabilidades, el debate suele diluirse entre urgencias coyunturales y reformas inconclusas.
Nuestra realidad es sencilla: no existe autonomía local posible cuando los municipios deben enfrentar desafíos del siglo XXI con herramientas diseñadas para el Chile de los 2000. Cuando un vecino reclama porque la basura no fue retirada a tiempo, porque una plaza permanece deteriorada o porque un trámite municipal tarda semanas en resolverse, difícilmente piensa en la Ley de Rentas Municipales. Pero detrás de cada servicio que entrega una municipalidad existe una estructura de financiamiento que determina cuánto puede recaudar, de dónde provienen esos recursos y cuáles son los márgenes de acción.
Pues aquí aparece un problema que hace años se viene arrastrando sin solución estructural. La principal norma que regula los ingresos municipales sigue siendo el Decreto Ley N° 3.063 del año 1979, una legislación promulgada en dictadura, para un país que ya no existe. El comercio electrónico, las plataformas digitales, los servicios remotos, las aplicaciones de transporte, los modelos de negocio basados en datos y el teletrabajo transformaron la manera en que se genera riqueza. Sin embargo, buena parte del sistema de financiamiento municipal continúa descansando sobre una lógica territorial propia de otra época: una empresa debe tener un local, una oficina o un establecimiento físico claramente identificable dentro de la comuna.
Hoy, una parte significativa de la actividad económica opera sin necesidad de una vitrina, ni de una dirección comercial física y visible. Genera utilidades, utiliza infraestructura urbana, demanda servicios públicos y produce impactos en los territorios, pero muchas veces queda fuera de los mecanismos tradicionales de tributación municipal o genera disputas sobre dónde corresponde pagar.
La consecuencia es evidente: una ley pensada para un país analógico intenta regular una economía digital. Frente a esa brecha, los tribunales de justicia y la Contraloría General de la República han debido intervenir una y otra vez para interpretar situaciones que el congreso nunca previó. La jurisprudencia administrativa ha terminado llenando espacios que deberían estar claramente regulados por la ley. El resultado es un sistema complejo, fragmentado y en muchas ocasiones, difícil de aplicar para los municipios que no cuentan con grandes equipos jurídicos o financieros.
Sin embargo, sería un error confundir el mérito de este esfuerzo con la solución del problema de fondo. Chile necesita algo más que una mejor sistematización jurídica. Necesita una discusión seria sobre el financiamiento municipal y sobre el modelo de desarrollo territorial que quiere construir para las próximas décadas, pues no parece razonable que sigamos exigiendo más competencias, más servicios y mayores responsabilidades a los municipios mientras mantenemos intacta una estructura de ingresos diseñada hace casi cincuenta años.
La descentralización no puede seguir siendo una consigna. Debe transformarse en una política pública respaldada por recursos, atribuciones y herramientas modernas
Tampoco parece sostenible que la calidad de vida de la ciudadanía dependa, en gran medida, de las capacidades económicas desiguales de las comunas donde les tocó vivir.
La descentralización no puede seguir siendo una consigna. Debe transformarse en una política pública respaldada por recursos, atribuciones y herramientas modernas. Y para ello resulta indispensable revisar una legislación que, aunque ha sobrevivido mediante sucesivas modificaciones, hace ya bastante tiempo dejó de dialogar con la realidad económica, tecnológica y social del país y las 346 comunas de Chile.
Las municipalidades constituyen la primera puerta de entrada al Estado. Son la principal institución pública que resuelve los problemas más cotidianos de las personas y la que enfrenta, en primera línea, las demandas de una ciudadanía cada vez más exigente. Si realmente creemos en gobiernos locales más fuertes, eficientes y cercanos, entonces la modernización de la Ley de Rentas Municipales no debería seguir esperando en el escritorio de las reformas pendientes.
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Hejeiekkwow
Según Kaiser, las municipalidades pueden hacer lo que hacen solo con un tercio de los recursos que utilizan (más o menos esa fue la cifra…) EL RESTO, es todo choreo, amigo-cuoteos, chanchullos, obras culturales sobre cómo poner el poto para que al fleto del lado le parezca más atractivo…
LAPIDARIO ese diagnóstico… Entonces, cuando un zurdín ladronín quiere más plata para las municipalidades, lo que quiere es más dinero de donde robar…
Por ejemplo, el autor de la columna, dónde trabaja y cómo se beneficiaría de algo como lo que promueve?
Gato encerrado detrás de toda acción del lado de la maphia zurda, COMO LA APERTURA DEL SECRETO BANCARIO, que lo desean para saber a quien robar, a quien cobrarle nuevos impuestos…
En Argentina, por ej., esa enfermedad terminó cobrando impuesto hasta por transferir 1 millón de pesos (chilenos en equivalencia monetaria) y a aquellos ricos que pretendían cobrarle impuestos, se fueron del país, y dejaron los impuestos para personas comunes o casi…
Aumentó la informalidad, nadie quiere aparecer con ventas…
Por ello, REinsisto, si tenemos a un zudaca zurdo promoviendo lo que sea, choripanes, por ej., esos choripanes estarían envenenados… Todo lo que promueve la izquierda es dinero para zurdos, como las pensiones a los terroristas de la desgracia, los falsos exonerados inventados por los políticos terroristo-desfalcadores, etcétera…
El zurderío es sinónimo de hambre, miseria, pobreza, desfalco al Estado, delincuencia desatada, muertes en las calles peor que en una dictablanda, rumbo a cualquier cosa que se parezca a lo que dejaron los ladrones en Venezuela, o en Cuba, o donde sea que haya pasado un zurdo mal parido hijo de la chingada terrorista…
abechtold
Buenas don Rolando.
En este tema en particular, no sería tajante respecto a si la ideología del que gobierna es TAN relevante, respecto a actuar con probidad. Vea usted como en comunas con amplia recaudación, como Vitacura o Las Condes, se cometieron tremendos desfalcos; curiosamente , tambien siendo comunas que tienen areas de auditoría interna, por lo que mas deja claro que los sistemas completos se corrompen, sea quien sea el que gobierna.
Una vez conversé con un empresario, tiempo ya, que tenía un negocio de vender los pasajes de metro; eran los tiempos del dinero no electrónico. Me comentaba lo dificil que era para el que las ventas de pasajes llegaran a la bolsa de recaudación, pues , en sus palabras «las monedas, por el bolsillo que pasan, quieren quedarse»; eufemísticamente, casi todos los que veían pasar frente a ellos flujos de dinero tenían la tentación de sacar un poco; y, ya sea porque creen hacer justicia con su sueldo de esa forma, porque consideran que es poco o porque no le subieron cuando lo pidió; o porque piensan que si sacan un poco no es relevante respecto al flujo total, o sencillamente porque piensan que no los van a pillar (el cerebro humano tiende a creer que las probabilidades de ocurrencia de lo que les interesa es mas alta/baja que la realidad).
Por lo mismo, las municipalidades son fuente de discrecionalidad tremenda. Y, en el mismo sentido anterior, muchos administradores sienten que si ellos hacen una buena pega (por ejemplo una pavimentación o arreglar un colector de agua), no está mal un pequeño «premio» por tan buena gestión. De alguna forma logran ser juez y parte de la evaluación de desempeño. Y, así, en el aparataje público hay muchos casos de la misma forma. Y, mas encima, el sistema de control que existe (contraloría, etc) tiene que evaluar las acciones con muchas pruebas, etc, lo que lo hace muy complejo, por lo que finalmente hay mucho espacio para posibles martingalas e ineficiencias. Contra mas tiempo exista la misma gente administrando esos recursos, esa gente detecta las falencias descritas, y no es raro que genere su propio negocio ; esto, de cualquier color político.
El problema, si político, es cuando un grupo aboga por dar mas y mas recursos, pero no mejorar realmente la probidad CON ANTERIORIDAD. El Estado necesita realmente una reforma, que se puede hacer, en la que hayan plataformas centralizadas que detecten los fraudes, y solo en ese caso, eliminando las ineficiencias ya existentes, proceder a entregar mas recursos.
Saludos
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abechtold
Es correcto. No debiera suceder que los municipios cobraran a las empresas que están en el. Esto debiese verse en forma centralizada, y repartir recursos según algún criterio distinto (por ejemplo, asignar mas a comunas con mas necesidades). Por lo mismo, evitar que los municipios cobren separadamente del Estado Central, de forma que se pueda medir la carga tributaria adecuada y acordada; a todas las micropymes, que en muchos lugares no pagan nada, y en otras las persiguen. La discrecionalidad municipal da para abusos, es anacrónica.