Ley de Rentas Municipales: Los Municipios son el corazón del Estado.

Hay algo profundamente contradictorio en la manera en que hablamos de descentralización en Chile, ya que cada cierto tiempo se multiplican los discursos sobre fortalecer los territorios, acercar el Estado a las personas y entregar mayores atribuciones a los gobiernos locales. Sin embargo, cuando llega el momento de discutir cómo se financian estas responsabilidades, el debate suele diluirse entre urgencias coyunturales y reformas inconclusas.

Nuestra realidad es sencilla: no existe autonomía local posible cuando los municipios deben enfrentar desafíos del siglo XXI con herramientas diseñadas para el Chile de los 2000. Cuando un vecino reclama porque la basura no fue retirada a tiempo, porque una plaza permanece deteriorada o porque un trámite municipal tarda semanas en resolverse, difícilmente piensa en la Ley de Rentas Municipales. Pero detrás de cada servicio que entrega una municipalidad existe una estructura de financiamiento que determina cuánto puede recaudar, de dónde provienen esos recursos y cuáles son los  márgenes de acción.

Pues aquí  aparece un problema que hace años se viene arrastrando sin solución estructural. La principal norma que regula los ingresos municipales sigue siendo el Decreto Ley N° 3.063 del año 1979, una legislación promulgada en dictadura, para un país que ya no existe. El comercio electrónico, las plataformas digitales, los servicios remotos, las aplicaciones de transporte, los modelos de negocio basados en datos y el teletrabajo transformaron la manera en que se genera riqueza. Sin embargo, buena parte del sistema de financiamiento municipal continúa descansando sobre una lógica territorial propia de otra época: una empresa debe tener un local, una oficina o un establecimiento físico claramente identificable dentro de la comuna.

Hoy, una parte significativa de la actividad económica opera sin necesidad de una vitrina, ni de una dirección comercial física y visible. Genera utilidades, utiliza infraestructura urbana, demanda servicios públicos y produce impactos en los territorios, pero muchas veces queda fuera de los mecanismos tradicionales de tributación municipal o genera disputas sobre dónde corresponde pagar.

La consecuencia es evidente: una ley pensada para un país analógico  intenta regular una economía digital. Frente a esa brecha, los tribunales de justicia y la Contraloría General de la República han debido intervenir una y otra vez para interpretar situaciones que el congreso nunca previó. La jurisprudencia administrativa ha terminado llenando espacios que deberían estar claramente regulados por la ley. El resultado es un sistema complejo, fragmentado y en muchas ocasiones, difícil de aplicar para los municipios que no cuentan con grandes equipos jurídicos o financieros. 

Sin embargo, sería un error confundir el mérito de este esfuerzo con la solución del problema de fondo. Chile necesita algo más que una mejor sistematización jurídica. Necesita una discusión seria sobre el financiamiento municipal y sobre el modelo de desarrollo territorial que quiere construir para las próximas décadas, pues no parece razonable que sigamos exigiendo más competencias, más servicios y mayores responsabilidades a los municipios mientras mantenemos intacta una estructura de ingresos diseñada hace casi cincuenta años.

La descentralización no puede seguir siendo una consigna. Debe transformarse en una política pública respaldada por recursos, atribuciones y herramientas modernas

Tampoco parece sostenible que la calidad de vida de la ciudadanía dependa, en gran medida, de las capacidades económicas desiguales de las comunas donde les tocó vivir.

La descentralización no puede seguir siendo una consigna. Debe transformarse en una política pública respaldada por recursos, atribuciones y herramientas modernas. Y para ello resulta indispensable revisar una legislación que, aunque ha sobrevivido mediante sucesivas modificaciones, hace ya bastante tiempo dejó de dialogar con la realidad económica, tecnológica y social del país y las 346 comunas de Chile.

Las municipalidades constituyen la primera puerta de entrada al Estado. Son la principal institución pública que resuelve los problemas más cotidianos de las personas y la que enfrenta, en primera línea, las demandas de una ciudadanía cada vez más exigente. Si realmente creemos en gobiernos locales más fuertes, eficientes y cercanos, entonces la modernización de la Ley de Rentas Municipales no debería seguir esperando en el escritorio de las reformas pendientes.

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Erick A. Astorga Arancibia

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