El Colegio de Abogados dio en el clavo

Con fecha 2 de julio pasado, en un medio de prensa tradicional, la asociación gremial de los abogados, a través de su presidente Ramiro Mendoza, publicó una carta dando cuenta pormenorizadamente de su veredicto sancionatorio aplicado al jurista Luis Hermosilla por sus temerarios y cuestionados comportamientos éticos, dados a conocer a la opinión pública por medios de investigación periodística. Recordemos que Hermosilla era especialista en hacer lobby, con algunos de sus colegas, a favor ciertos postulantes a ejercer cargos de jueces en los tribunales superiores de justicia y en su carta Mendoza decía que a este conocido penalista no se le pudo suspender el ejercicio de la profesión, pues la ley vigente lo impedía.   

En cuanto a las sanciones éticas a los abogados que se exceden en sus prácticas clientelares, en dicha publicación ese Colegio aludió a un proyecto de ley que tramita el gobierno respecto de la suspensión definitiva del ejercicio de la profesión, «pero solo para los no colegiados» (sic), con lo cual sorprendentemente los abogados colegiados estarían exentos de la drástica y necesaria cancelación de sus títulos profesionales. 

Por lo anterior, en la búsqueda de combatir la corrupción, nos gustó sobremanera que el Colegio de Abogados haya propuesto públicamente que el control de la honestidad de tales profesionales sea igual para todos, por ende, sin que haya distingos entre los adscritos a esa orden y los que no formen parte de la misma, lo cual es de toda lógica, dejándose en claro que el título se los entrega a todos ellos la Corte Suprema, instancia que estará de acuerdo con el planteamiento de dicho Colegio.

Sobre esta situación, el 30 de junio pasado el sociólogo, empresario y socio de la Corporación Costa Carrera, Andrés Gillmore, denunció, vía electrónica, al abogado Felipe Ward en el aludido Colegio, solicitándole su expulsión, es decir, lo mismo que hizo esa orden profesional con Hermosilla, pues el acusado en su calidad de ministro de Bienes Nacionales cometió una ilegalidad, incluso reconocida por él mismo en la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

Dicho ex ministro había admitido formalmente que se introdujera una actividad minera de una empresa extranjera en el Parque Nacional Patagonia en Coyhaique, ocupando más de 2.360 hectáreas protegidas por la institucionalidad. Esta denuncia no prosperó, pues el mismo día se le respondió a Gillmore que el abogado Ward no estaba inscrito en dicho Colegio.

El control de la honestidad de tales profesionales sea igual para todos, por ende, sin que haya distingos entre los adscritos a esa orden y los que no formen parte de la misma

Este columnista, que algo sabe de regulaciones territoriales, también deseaba denunciar al abogado Ward por su impropia conducta, como ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en el grotesco episodio del negocio inmobiliario Parque Capital en la comuna de Lampa, objetado por la respectiva Dirección de Obras Municipales (DOM). El representante del Grupo Patio, empresa propietaria de esa actividad mercantil, había reconocido que le pagó $ 400.000.000 a Hermosilla para que éste  «convenciera» a Ward, en orden a que su subordinado Seremi, Manuel José Errázuriz, aprobara los actos administrativos necesarios para que se realizara la intervención en Lampa, lo que finalmente sucedió.

Nuestra pretendida denuncia en contra de Ward se fundaba exclusivamente por haber aceptado una indebida presión ejercida por el reconocido abogado Hermosilla, estimando quien suscribe este opúsculo que dicho ministro no debió haber sido receptor de un porcentaje de la indicada comisión pagada por Álvaro Jalaff a Luis Hermosilla. Creemos que Ward, al igual que en el caso del Parque Nacional Patagonia, procedió incorrectamente por ser un funcionario débil de carácter. Por lo relatado queda en evidencia que nuestra denuncia en contra de Ward no ingresó en el Colegio de Abogados, debido a que él no es colegiado.  

Ahora esperamos, con los próximos cambios pertinentes propuestos por el Colegio de Abogados, que absolutamente todos los juristas que se aparten de la ética, después de los debidos procesos, nunca más puedan ejercer sus profesiones, lo cual será una excelente noticia para nuestro debilitado Estado de Derecho, suponiéndose que el díscolo Ward nunca más podrá ejercer cargos públicos.

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Patricio Herman

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