Ley de «incivilidades» y otras materias de interés público

Hemos sabido que el gobierno, para evitar los rayados en los edificios, las groserías a viva voz, los contactos carnales en los parques y los destrozos en el espacio público, propone una ley que crea un registro de personas condenadas por actos vandálicos que llama «incivilidades», con sanciones relacionadas con la pérdida de ciertos derechos sociales, como la gratuidad en la educación, subsidio de arriendo y otros, castigos que se justificarían pues lo que se busca es la recuperación de la paz social y la tranquilidad de las familias.

Expresamos nuestras sinceras dudas de que esta posible ley cumpla con su cometido y si se llegara a aprobar, tendría que complementarse con un registro de los pillos de cuello y corbata, quienes actúan con reprochables códigos de conducta, ejemplo de plena actualidad el caso Sartor, cuyos controladores engañaron a centenas de ahorrantes, cayendo incluso la rectora de la Universidad de Chile. A estos tipos se les deberían asignar otros tipos de sanciones que les incomoden sus estilos de vida. 

A modo de ejemplos, a estos mundanos patos malos se les podría prohibir que salieran del país por el plazo de 10 años y que, por el mismo período de tiempo, no pudieran circular en sus propios vehículos de alta gama. Asimismo se podría explorar que, si son mayores de 65 años, no puedan acogerse de por vida, a la exención en el pago del impuesto territorial de las magníficas viviendas en donde viven. Hay otros castigos que personas más imaginativas pueden proponer.   

A continuación trataremos otros asuntos de interés público, como por ejemplo, la suspensión indefinida determinada por el ministro Poduje, negando el financiamiento de la tercera etapa de la ciclovía Alameda, porque era muy cara (sic), materia ya comentada en columnas de opinión anteriores y como nadie objetó este antojo ministerial con acciones concretas, la fundación Defendamos la Ciudad se vio en la necesidad de denunciarlo, con fecha 08/05/2026, en la Contraloría General de la República, ente que, como era su deber, asumió su rol fiscalizador.

Con fecha 17/06/2026, después de haber analizado con sus profesionales expertos la denuncia en comento, la Contraloría se la envió al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a la Dirección de Presupuesto (Dipres), dependiente del Ministerio de Hacienda y al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, para que todos ellos emitieran sus juicios al respecto. Para tal propósito, les dio un plazo de 10 días con el fin de que contestaran. Se infiere, por lo tanto, que en el transcurso del mes de julio, la Contraloría emitirá un dictamen vinculante para dichos órganos públicos, visualizándose que operará el sentido común y por ende, prontamente se ejecutarán las obras de esta postergada tercera etapa de la ciclovía, para beneplácito directo de estudiantes y habitantes de la zona poniente de la ciudad que prefieren, en sus desplazamientos, no utilizar sus contaminantes vehículos motorizados. 

Debido a que el gobierno está simplificando los trámites administrativos para los proyectos de inversión, nos llamó la atención que se proponga que los Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), requeridos para la obtención de los permisos de edificación, se exijan solo para la recepción final de los proyectos, con lo cual se pierde el sentido de los mismos. Durante muchos años, la institucionalidad sostenía erróneamente que las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), ya sea para los Estudios o Declaraciones, se exigían para las recepciones finales de los proyectos, a pesar del mandato del artículo 8° de la Ley N° 19.300 del Medio Ambiente. Actualmente las municipalidades lo exigen para el inicio de las obras, luego respetando dicha ley.

Expresamos nuestras sinceras dudas de que esta posible ley cumpla con su cometido y, si se llegara a aprobar, tendría que complementarse con un registro de los pillos de cuello y corbata

Como una forma de reducir la recurrente corrupción que se observa en estos asuntos, teniéndose a la vista lo sucedido con los $ 400 millones que el dueño de Parque Capital le pagó al abogado Luis Hermosilla para que el Minvu le diera el visto bueno a ese objetado proyecto inmobiliario, sería conveniente que en las escrituras de compraventa de inmuebles que ingresan en los Conservadores de Bienes Raíces, se indique cuáles son las normas de uso de suelo y de edificación, en las fechas de los permisos, contenidas en los respectivos Planes Reguladores Comunales e Intercomunales para los terrenos en donde se emplazan esos proyectos.

Finalmente, como sigue la polémica en la prensa por la exención del pago de contribuciones de bienes raíces para los mayores de 65 años que residan en sus propias viviendas, dado que el monto de las mismas, que anualmente cobra el Servicio de Impuesto Internos (SII), teniéndose en cuenta que ese impuesto territorial se determina por el avalúo fiscal de la propiedad, el que es bastante más reducido que el respectivo avalúo comercial y como muchos reclaman que la suma cobrada es muy alta, para solucionar el impasse, sería razonable que tales personas soliciten formalmente al SII una reducción de la suma cobrada, exponiendo sus particulares puntos de vista, los que serían analizados por dicho servicio.

En la medida de que el SII no acepte los argumentos de quienes solicitan rebajas para ese impuesto, dicho servicio le debe contestar al reclamante que el Estado está dispuesto a comprar su vivienda, pagando el precio exacto del avalúo fiscal del inmueble y así cada dueño podrá decidir el camino a seguir y se acaba inmediatamente la polémica, ya que ninguno de ellos aceptará por su vivienda una suma de dinero sustantivamente menor a la que el mercado le asigna.

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Patricio Herman

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