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Para nadie ha sido sorpresa cómo se ha desplomado la adhesión al gobierno de ultra derecha. Semana a semana, los estudios de opinión arrojan resultados adversos en su aprobación. Una curva descendente que incluso en CADEM ha bajado la barrera del 30%, situándose en torno al 27%, básicamente la administración se sostiene en su voto duro, aquel que en teoría le será fiel hasta el final. No es un dato que dé para celebraciones al progresismo.
El avance legislativo de la mega reforma, implica un golpe demoledor al estado de bienestar. Un sistema que, con falencias, con dificultades, logró consolidarse gracias al consenso político básico de los 30 años. El mejoramiento de las condiciones materiales de vida de millones de personas, fue fruto de las realizaciones de los gobiernos progresistas, pese a la oposición encarnizada de la derecha dura y neoliberal. Los mismos que hoy idolatran a los presidentes Aylwin y Ricardo Lagos, se opusieron tenazmente a toda reforma, y defendieron a ultranza los privilegios y granjerías otorgados en dictadura a los más ricos del país.
La anunciada emergencia, muletilla de campaña que se repitió como un mantra, desde marzo, se amplificó, con miles de altos cargos del ejecutivo repitiéndolo sin pausa. En un giro drástico de los acontecimientos, una emergencia ficticia, usada como elemento aglutinador, infundiendo el temor en la población, se transformó en realidad en diversos ámbitos. Una economía que hasta el año 2025 crecía a 2,5%, hoy se hunde con un magro crecimiento de cero%, que incluso podría estar en cifras negativas para el crecimiento anual. La inflación que estaba contenida y se proyectaba llegaría a la meta de 3% en el primer trimestre de este año, ahora ya suma 4% y sigue en alza. El desempleo que ya estaba alto el año pasado en torno al 8%, hoy supera el 9,6%, y ya superó los dos dígitos en mujeres. Los discursos catastrofistas que fueron muy exitosos para instalar la idea de un país quebrado, a partir de marzo fueron replicados estando en control del ejecutivo, y fueron justificación para llevar a cabo una restauración conservadora que echara por tierra los consensos de décadas anteriores.
Una cosa era cierta de lo que el candidato Kast dijo en campaña, se intenta llevar a cabo un cambio radical en Chile. Como una especia de dejavú del proceso constitucional donde fue mayoría el partido del presidente, se intenta instalar un proyecto ideológico totalmente ajeno a la vida social, económica y política de nuestra democracia.
El predominio de los intereses de los sectores más favorecidos en la agenda gubernamental es innegable. En medio de un clima de gran inestabilidad externa producto de la guerra en Irán, desde el núcleo de decisiones del ejecutivo, se llevó a cabo una reforma que le rebaja el impuesto de primera categoría a las empresas y personas de más altos ingresos. Y se persiste en un discurso que instala un clima de inestabilidad. Difícil no recordar al tristemente célebre De Polo ex embajador en Brasil, cuando ofrecía “meterle inestabilidad a la economía”. Todos los economistas ajenos al oficialismo han criticado las medidas adoptadas por el ejecutivo, que tienen al país en una virtual “Estanflación”, ósea una economía con alta inflación y nulo crecimiento. Las promesas de que todo va a estar bien en el futuro, no satisfacen a los actores económicos, porque si hay algo a lo que los inversionistas tienen aversión es a la incertidumbre. El riesgo es un elemento que está siempre presente en toda actividad humana, y cuando se trata de inversiones al nivel de riesgo se puede asignar un valor mediante cálculo de probabilidades. Eso es lo que viabiliza inversiones al futuro. Un caso distinto es cuando, como en el escenario económico actual, este está marcado por la incertidumbre, por variables que no se pueden predecir, ni asignarles un valor.
Economistas del progresismo aconsejan tomar medidas para cambiar en el corto plazo el estado actual, como por ejemplo suspender la entrada en vigencia de la rebaja tributaria, para que el ejecutivo cuente con recursos frescos para potenciar la alicaída inversión pública. Pero hasta ahora, no se oye padre.
Para mala fortuna del gobierno, la apuesta para completar los quórums de aprobación legislativa, en base al pirquineo, parece haber llegado a su fin. Por una parte, votaciones adversas de diputados del PDG en la cámara, por otra, el desafuero del senador Calixto, y la salida de la comisión de constitución del senador Araya, alejan la posibilidad de que el oficialismo pueda saltarse el dialogo con la oposición.
Está en juego el tipo de sociedad en la que queremos vivir
Profundizando más la sensación de que el gobierno no tiene control sobre la agenda, y va cuesta abajo en la rodada, esta semana se cometieron errores garrafales en el ministerio de justicia. El escándalo estalló cuando se supo de que el ministro Rabat firmó, nada menos que 56 decretos concediendo rebajas de condenas a sujetos condenados por crímenes deleznables en contra de menores de edad. Estamos hablando de sujetos que cumplían largas condenas de cárcel por abuso y violación de niños y niñas. Algo repugnante de sólo mencionarlo. En este caso, ni la ley aprobada en el gobierno anterior, obligaba a otorgarle beneficios a estos condenados, ni tampoco existe una jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema que obligara al ministro a firmar tales decretos. La propia presidenta del máximo tribunal del país, se encargó de aclarar que ninguno de esos casos había sido revisado en la Corte, y que quien firma el decreto es el ministro de justicia. Prácticamente todos los ex ministros y ex ministras de justicia, salieron a desmentir el bulo que se trató de instalar, de que siempre se había hecho del mismo modo, y de que el ministro estaba obligado a actuar de tal manera.
En un hecho que claramente se trató de disimular, sin éxito, lo que le otorga mayor gravedad aún. Se incluyó entre los decretos que concedieron rebajas de condena, a criminales condenados por crímenes de lesa humanidad que cumplen su pena en Punta Peuco. Se trata de dos criminales ex miembros de la siniestra CNI, autores de secuestro, tortura y desaparición de cinco jóvenes que combatían la dictadura, en septiembre de 1987. Para que estos valientes jóvenes sean recordados con honor y gloria, dejo plasmados sus nombres:
Políticos de ultra derecha han reaccionado indignados, porque “cómo pueden pretender que una buena persona como el ministro de justicia tuviera la intención de liberar a estos criminales”. El hecho es que no se califica aquí si el ministro es una buena o mala persona, sino la consecuencia de su acción. La firma de los mencionados decretos produjo un bien o un mal, esa es la interrogante, y tiene una única respuesta. No se puede justificar lo injustificable, y toca ahora a la máxima autoridad del país que se pronuncie sobre estos delicados hechos.
Está en juego el tipo de sociedad en la que queremos vivir, independiente del gobierno de turno, porque hay valores que son anteriores y superiores al Estado, como la justicia, la paz, la solidaridad, y el respeto de los derechos fundamentales, y dentro de estos el respeto y protección de los niños y niñas, están dentro de aquellos que en Chile tenemos más firmemente incorporados.
Al igual que muchos de quienes leen o escuchan esta columna, creo que esta es una oportunidad para que la empatía, la compasión, la solidaridad, vuelvan a estar en el centro de la acción política. Es el único camino para que quienes están en la actividad política demuestren que trabajan por el bien común, por el interés general de la nación y no por mezquinos intereses de grupo.
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