Un sistema tarifario justo para reducir a la mitad los residuos que van a relleno

Separo mis residuos entre orgánicos y reciclables, tal como esperaríamos que lo hagan todos los ciudadanos del país. Los orgánicos para transformarlos en compost y, después de algunos meses, vuelven a la tierra. Los reciclables los deposito en un contenedor que un camión recuperador retira cada dos semanas. El resto queda para el camión de basura, que en mi caso pasa una vez a la semana. Suficiente.

Realizo este esfuerzo porque considero fundamental combatir el cambio climático y reducir el exceso de residuos que terminan en rellenos sanitarios. Al gestionar los orgánicos, reduzco entre el 30 y 50% el volumen total de mis residuos. Al separar los reciclables, elimino otro 20% adicional. En términos simples: solo entre 30 y 50 % de lo que genero llega finalmente a disposición final. Además, disminuyo la producción de lixiviados y la presencia de vectores sanitarios en los alrededores de los rellenos, como moscas y roedores.

Lo hago porque quiero contribuir. Porque creo en la responsabilidad ambiental. Y porque, en lo humano, existe una satisfacción profunda al saber que mis acciones tienen sentido.

Pero aquí aparece el problema: aunque se habla del principio “quien contamina paga”, propio de la gestión ambiental, en la práctica el sistema de cobro no premia a quien reduce, separa y recicla. En Chile, las tarifas por retiro de residuos se definen mediante estructuras complejas entre municipalidades y el sistema público. Para las familias, el costo muchas veces depende de factores que no reflejan cuánto residuo se genera realmente ni cuánto se logra recuperar. En este esquema, solo alrededor del 20% de los hogares paga por algo ajeno; el resto está exento por no pagar contribuciones.

Si yo reduzco y reciclo, debería pagar menos. Si el objetivo es que el sistema funcione, los incentivos deben estar alineados

Dicho directamente: si yo reduzco y reciclo, debería pagar menos. Si el objetivo es que el sistema funcione, los incentivos deben estar alineados. Si cada persona pagara según lo que efectivamente entrega para disposición final, el sistema sería más justo y eficiente. Reciclar dejaría de ser solo una buena acción y pasaría a ser una conducta que también tiene un sentido y beneficio económico. Además, el costo familiar sería bastante bajo, mucho menos que cualquier otro servicio público.

Según mis propias estimaciones, si el sistema tarifario se ajustara para cobrar según la cantidad real de residuos que cada hogar entrega a disposición final, se podría reducir a la mitad los rellenos sanitarios actuales. Podríamos reducir en al menos un 50% lo que hoy termina en rellenos sanitarios. Las cuentas son simples: si miles de hogares replicaran la separación y valorización básica —orgánicos y reciclables— los impactos ambientales disminuirían de manera inmediata y significativa. Menos volumen, menos lixiviados, menos emisiones, menos presión sobre la infraestructura pública y un entorno limpio.

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Hernán Durán

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