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El proyecto del gobierno Kast sobre el llamado Registro de Vándalos e Incivilidades revela con bastante nitidez su manera de pensar la seguridad. Allí donde hay un problema real el gobierno prefiere levantar una propuesta vistosa antes que construir una política eficaz. Por supuesto que rayados, destrucción de mobiliario público, daños a monumentos, violencia contra buses, consumo de alcohol o drogas en la vía pública, es aceptable ni justificable, nada de eso debe minimizarse. Sería absurdo que la oposición democrática apareciera defendiendo la fealdad, el destrozo o la apropiación matonesca del espacio común. Pero una cosa es no hacerse los lesos ante las incivilidades, y otra muy distinta es legislar con la ligereza del resentimiento social.
Según lo anunciado, el registro permitiría privar de beneficios sociales a quienes cometan determinadas conductas, desde gratuidad educacional hasta subsidios o incluso la PGU, dependiendo del caso. El proyecto apunta a instalar la idea de que el que rompe, raya o agrede debe pagar no solo con las penas ya previstas para el delito o la falta, sino también con una suerte de marca administrativa que lo acompañe en el acceso futuro a derechos o prestaciones estatales. El problema es que se confunde la responsabilidad personal del joven con escarmiento social. Puede estar bien para satisfacer a la galería, pero no corrige conductas.
El asunto debe mirarse desde los dos extremos de la llamada carrera delictual. En un extremo está el adolescente o joven que incurre en actos de vandalismo (fechorías, en el lenguaje criminológico), a veces por rabia, por imitación, por pertenencia grupal, por abandono familiar o por simple estupidez juvenil, que también existe y no conviene romantizar. En el otro extremo está la persona adulta que, después de cumplir una pena, intenta volver a una vida normal. La mala ley del gobierno Kast falla en ambos extremos: no previene bien al comienzo y dificulta la rehabilitación al final. Es decir, llega tarde cuando debería llegar temprano, y castiga de nuevo cuando debería ayudar a cerrar el ciclo. Es la típica cultura del castigo como vía principal para combatir el delito.
En el caso juvenil, el vandalismo rara vez se resuelve con una ficha infamante. Un joven que raya una plaza, destruye un paradero o participa en daños a un colegio no necesita impunidad. Necesita una consecuencia inmediata, proporcional y reparadora, limpiando lo que ensució, reparando lo que rompió y mirando a la cara al vecino, al chofer o al profesor afectado. La sanción, para ser pedagógica, debe reconectar al infractor con el daño causado. Una sanción lejana (la pensión dentro de 40 años), burocrática y acumulativa solo produce indiferencia o, peor aún, más rabia y sensación de impunidad.
Otros países han aprendido algo de esto. Nueva Zelandia, por ejemplo, utiliza desde hace décadas las conferencias familiares en justicia juvenil; así, el joven infractor, su familia, la víctima y profesionales del sistema buscan una solución que combine responsabilidad, reparación y prevención de nuevas conductas. No es buenismo, es una forma más exigente de justicia. En Irlanda del Norte, las conferencias juveniles incorporan principios restaurativos, con participación de la víctima cuando esta lo desea, y con planes concretos para reparar el daño y evitar la reincidencia. En Noruega, la mediación víctima-ofensor y los servicios de mediación comunitaria se han usado especialmente en delitos menores y conflictos locales. Costa Rica tiene una política pública de justicia juvenil restaurativa orientada a adolescentes en conflicto penal, con énfasis en reparación, prevención de violencia, articulación institucional y reinserción familiar y social.
La lección comparada no es que Chile deba copiar mecánicamente modelos ajenos, pero enseña que ante el vandalismo juvenil la respuesta más inteligente suele estar cerca del territorio, de la escuela, de la familia, del municipio, de la víctima y de la reparación directa. No tiene el atractivo marcial de la mano dura, sin embargo, funciona mejor que la simple amenaza de perder un beneficio dentro quizás cuántos años.
El segundo extremo es todavía más delicado: la salida de la pena. Una sociedad responsable debe preguntarse qué quiere hacer con quien ya fue sancionado. Si la respuesta es impedirle estudiar, dificultarle arrendar, negarle apoyos o recordarle cada mañana que sigue marcado, entonces estamos produciendo reincidencia. La rehabilitación no es una indulgencia progresista o de almas blandas, es una política de seguridad. El que sale de prisión sin oportunidades, sin redes y con puertas cerradas tiene muchas más posibilidades de volver al circuito delictual. La cárcel o la sanción pueden castigar; solo la reinserción puede cortar el retorno al delito.
La mala ley del gobierno Kast falla en ambos extremos: no previene bien al comienzo y dificulta la rehabilitación al final
El proyecto comentado muestra más de una torpeza. La gratuidad en la educación superior, por ejemplo, es un derecho ya adquirido, pero puede ser justamente una vía de reinserción social del joven vándalo. El Estado no debería operar como un padre ofendido que retira favores, sino como una institucionalidad que sanciona proporcionalmente y, al mismo tiempo, empuja a la persona fuera del delito.
Además, hay un problema de igualdad evidente. Una multa o la pérdida de un beneficio no pesan igual para todos. Para una familia acomodada, la amenaza de perder gratuidad puede ser irrelevante, porque nunca dependió de ella. Para un joven pobre, puede ser la diferencia entre tener o no una profesión. De este modo, la sanción termina cayendo con más fuerza sobre quienes tienen menos recursos. La ley, que debería corregir desigualdades, termina aumentándolas con el rostro de la severidad.
Tampoco se entiende bien la mezcla de conductas. No es lo mismo rayar una muralla, dañar un monumento, quemar un bus, agredir a un funcionario público o consumir alcohol en la calle. Meter todo en un mismo catálogo de “incivilidades” puede ser útil para la propaganda, pero es pésimo para legislar, pues cuando todo se mete en un solo saco, la ley pierde precisión y la autoridad pierde credibilidad.
Una política sensata contra el vandalismo debería tener tres fases. Primero, prevención territorial, recuperar espacios públicos, intervenir barrios, fortalecer escuelas, clubes, cultura, y redes comunitarias. Segundo, sanción restaurativa y proporcional, reparación del daño, trabajo comunitario, mediación con víctimas, seguimiento familiar y escolar, tratamiento de adicciones cuando corresponda. Tercero, reinserción, o sea eliminar barreras inútiles para estudiar, trabajar y volver a una vida normal después de cumplida la sanción. Esa trilogía de medidas agrupada en una sola política pública, será es menos vistosa que un registro nacional de infractores, pero bastante más eficaz.
Porque al final el dilema es simple: podemos convertir cada acto vandálico en la punición administrativa de privar beneficios, haciendo de cada joven infractor un expediente que huele a castigo permanente; o bien podemos construir una política que haga algo más difícil pero más útil, previniendo antes, sancionando mejor y reinsertando después. El gobierno ha escogido el aplauso inmediato de la dureza administrativa antes que el trabajo largo de mejorar la convivencia civil. En seguridad, como en tantas otras cosas, gobernar no consiste en hacer sonar fuerte la amenaza del castigo, sino en evitar que tantos jóvenes entren por la puerta del delito y en permitir que quienes ya pagaron puedan salir de verdad.
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