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La paradoja de la «mano dura»

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El gobierno de José Antonio Kast (JAK), por intermedio de su ministro de justicia y DDHH, Fernando Rabat, resolvió, por sí y ante sí, firmar decretos que conceden la rebaja de penas a 56 condenados por delitos de abuso sexual y violación de menores.

Es primera vez que un ministro de justicia adopta una decisión de este tenor. Ningún otro se ha atrevido a tamaña osadía. Lo paradójico es que contraviene la filosofía, el pensamiento, la oferta, con que JAK y sus adherentes ganó las elecciones.

En efecto, no olvidemos que JAK, durante su campaña presidencial, insistió, en la necesidad de aplicar mano dura y tolerancia cero, muy particularmente cuando se trataba de delitos de connotación sexual. Sostenía que los condenados por delitos graves y de alta connotación social (como es el caso de abusos sexuales y violaciones) debían cumplir sus condenas de manera efectiva e íntegra en prisión.

No solo eso, se opuso reiteradamente a la concesión de beneficios carcelarios, salidas dominicales o rebajas administrativas de penas para agresores sexuales. Además, promovió iniciativas legales destinadas a endurecer el castigo a pederastas y violadores, proponiendo incluso la castración química voluntaria u obligatoria para abusadores reincidentes como medida de inhabilitación hormonal para prevenir la reincidencia, y mantener el registro público e inhabilitación perpetua para trabajar con menores.

Y como broche de oro, se abrió a debatir el restablecimiento de la pena de muerte para los delitos más aberrantes, incluyendo la violación seguida de homicidio de niños o menores de edad. ¿Qué pasó con todo esto?

Para remate, esto viene en paralelo con la reducción de penas a dos exagentes uniformados recluidos en Punta Peuco. Uno de ellos, condenado por delitos de torturas y secuestros cometidos en tiempos del innombrable; el otro, por secuestro calificado y posterior ejecución de un joven de 18 años. La razón invocada: “buen comportamiento”.

Cualquier mal pensado diría que el gobierno de JAK estaría queriendo pasar gatos por liebre, al aplicar al mismo tiempo la rebaja de penas por casos de connotación sexual con los de violación a los DDHH.

Estamos frente a un gobierno que empleó una retórica agresiva —un país que se cae a pedazos, un gobierno de emergencia, un país que demanda mano dura— para alcanzar el poder político, que, a la hora de la verdad, está desarrollando acciones que contradicen ese discurso

Estamos frente a un gobierno que empleó una retórica agresiva -un país que se cae a pedazos, un gobierno de emergencia, un país que demanda mano dura- para alcanzar el poder político, que, a la hora de la verdad, está desarrollando acciones que contradicen ese discurso. Lo expuesto no hace sino desenmascararlo. Por la boca muere el pez.

Volvamos a los hechos. El ministro aduce que no tenía margen legal de rechazo voluntario ni facultad discrecional para denegar la rebaja. Estas no son más que vueltas de carnero insostenibles. Nadie está obligado a lo imposible. Nadie está obligado a hacer aquello con lo que no se está de acuerdo. Si realmente estuvo obligado ¿por qué no adoptaron similar decisión los anteriores ministros de justicia? ¿por qué no renunció?

En algún minuto Rabat afirma que quizás le faltó una “mirada política”, lo que demuestra que sí tenía la opción de rechazar las peticiones de reducción de penas por parte de los condenados. Quizás le sobró una “mirada económica” pensando en ahorrarse unos pesos al evitarse embarcarse en demandas por parte de abogados de los condenados. Hay que ser bien caído del catre para tener esta mirada mientras se rebaja la tributación a las grandes fortunas.

En resumen, Rabat tiene los días, o las horas contadas. Su permanencia es insostenible. JAK tendrá que dejarlo caer y mientras más se demore, peor será para él mismo.

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