Violencia escolar en Chile: tensiones entre control punitivo y abordaje psicosocial

La violencia en los establecimientos y espacios educativos en Chile se ha consolidado como una preocupación central en la agenda pública, principalmente tras el retorno a la presencialidad postpandemia. Sin embargo, reducir este fenómeno a un problema de orden o disciplina constituye una simplificación que obstaculiza su comprensión. Lo que hoy se observa en las escuelas no es solo un aumento de conductas disruptivas, sino la expresión de tensiones sociales, familiares e institucionales más profundas.

Desde una perspectiva psicosocial, la violencia escolar se configura como un fenómeno multicausal. A nivel individual, numerosos estudiantes presentan dificultades en la regulación emocional, baja tolerancia a la frustración y limitadas herramientas para la resolución de conflictos. Estas características, lejos de ser aisladas, suelen vincularse a trayectorias o curso de vida marcados por experiencias adversas, vulneraciones de derechos o contextos de inestabilidad de larga data. En este sentido, la conducta violenta no puede entenderse únicamente como transgresión normativa, sino también como una forma de expresión de malestar.

El espacio familiar, por su parte, continúa siendo un factor determinante. Dinámicas de crianza inconsistentes, presencia de negligencia, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias y desgaste parental inciden en la configuración de modelos relacionales basados en la desregulación, el control coercitivo o el distanciamiento afectivo. A ello se suma, en algunos casos, un cierto hermetismo en la construcción de lo familiar, que dificulta la apertura a redes de apoyo y a procesos de intervención.

En el ámbito escolar, las instituciones enfrentan limitaciones estructurales relevantes. No todos los establecimientos cuentan con recursos técnicos ni equipos especializados suficientes para abordar y afrontar escenarios de alta complejidad. Se observan, en ocasiones, marcos normativos difusos, respuestas tardías y una sobrecarga sostenida en los equipos docentes. Este escenario se ha visto intensificado por el impacto de la pandemia, que dejó como saldo un deterioro en la salud mental de niños, niñas y adolescentes, así como retrocesos en habilidades socioemocionales clave para la convivencia social.

En este contexto actual, las respuestas han tendido a enfatizar el fortalecimiento del control y la sanción como mecanismos privilegiados de intervención. La apelación a la autoridad, la vigilancia y el endurecimiento de medidas disciplinarias responde, en parte, a una demanda social legítima por mayor seguridad en los espacios escolares. Sin embargo, cuando este enfoque se instala como eje predominante, corre el riesgo de reducir una problemática compleja a una lógica de orden público.

El énfasis punitivo puede resultar eficaz en la contención inmediata de ciertas conductas, pero presenta limitaciones incuestionables en el mediano y largo plazo. Al centrarse en la sanción, se interviene sobre la manifestación del problema, pero no sobre sus causas. Más aún, existe el riesgo de profundizar procesos de exclusión, fundamentalmente en estudiantes que ya arrastran trayectorias de vulnerabilidad, reforzando así los mismos circuitos que se busca interrumpir.

La tensión entre control punitivo y abordaje psicosocial no debiera resolverse en términos excluyentes, pero sí exige una toma de posición clara respecto de las prioridades. Un sistema educativo que aspire a ser formativo no puede limitarse a administrar sanciones; requiere generar condiciones para el desarrollo integral de sus estudiantes. Esto implica fortalecer programas de educación socioemocional, promover intervenciones tempranas, trabajar activamente con las familias y consolidar equipos psicosociales al interior de las comunidades educativas.

La violencia escolar no puede ser abordada exclusivamente desde una lógica de control

Del mismo modo, es necesario ampliar la mirada hacia el entorno sociocomunitario. Factores como la desigualdad, la segregación y la normalización de la violencia continúan operando como telón de fondo. A esto se suma el impacto del entorno digital, donde el ciberacoso extiende los conflictos más allá del aula y complejiza las formas de intervención.

En definitiva, la violencia escolar no puede ser abordada exclusivamente desde una lógica de control. Si bien el establecimiento de normas claras y consecuencias convenientes es imprescindible, ello resulta insuficiente sin una estrategia que apunte a transformar las condiciones que originan dichas conductas. Persistir en un enfoque preferente punitivo puede ofrecer respuestas rápidas, pero difícilmente producirá cambios sostenibles.

El desafío, entonces, no es solo restablecer el orden, sino reconstruir las bases de la convivencia. Esto implica reconocer que la escuela no es un espacio aislado, sino un reflejo de la sociedad que la contiene. Abordar la violencia escolar, en consecuencia, requiere algo más que vigilancia: exige comprensión, intervención y compromiso estructural.

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Andres Vera Quiroz

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