La profesión docente frente al mercado de la inteligencia artificial

Existen declaraciones de una autoridad pública que pueden corregirse con una disculpa, pero algunas, incluso tras disculparse, dejan dudas que la sociedad tiene derecho a cuestionar. Las recientes declaraciones de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, se enmarcan en esta segunda categoría. En una charla sobre inteligencia artificial y el futuro de las profesiones humanistas, afirmó que los profesores podrían tener “muchas oportunidades” de convertirse en vendedores o agentes de atención al cliente en la industria tecnológica. Tras la reacción del Colegio de Profesores, la ministra reconoció que se había expresado mal, pidió disculpas y precisó que se refería a cargos especializados en tecnología, en los que habilidades como la comunicación, el pensamiento crítico y la comprensión del lenguaje podrían resultar útiles.

Las disculpas son importantes y deben considerarse, pero no resuelven por completo la cuestión de fondo, que no reside únicamente en las palabras empleadas, sino también en la concepción educativa que transmiten. Cuando una autoridad en políticas científicas y tecnológicas del país habla del futuro de una profesión, no lo hace desde una posición privada. Sus palabras, consciente o inconscientemente, reflejan una manera específica de entender la relación entre el conocimiento, el trabajo, la educación y la sociedad. Este es el asunto que requiere un diálogo.

No se cuestiona que un profesor destaque en otra área, ya que es natural que posea habilidades transferibles y, como cualquier profesional, busque explorar nuevas carreras. Tampoco se debe pasar por alto que la inteligencia artificial cambiará significativamente el mercado laboral, obligando a las personas a adquirir nuevas habilidades. La dificultad surge cuando la reconversión laboral se convierte en el criterio principal para evaluar la labor docente. Aunque un profesor pueda dedicarse a la venta de tecnología, no es correcto considerarlo una solución adecuada para el futuro de la educación.

Este enfoque particular de la educación considera el conocimiento como un recurso productivo y a los profesionales como portadores de habilidades transferibles según las necesidades del mercado. Desde esta perspectiva, si la inteligencia artificial cambia las demandas empresariales, es necesario ajustar a las personas para que se adapten a esa nueva estructura productiva. En este marco, la educación se concibe principalmente como un medio para facilitar el empleo; el profesor, como un instructor de habilidades específicas; y la universidad, como una institución encargada de formar capital humano capaz de responder a las transformaciones económicas.

Aunque esta idea no es nueva, la inteligencia artificial puede dar lugar a resultados especialmente problemáticos. Si el valor de un profesor depende de su capacidad para explicar una herramienta tecnológica a un cliente, ¿qué sucede con aquello que no se puede medir fácilmente en términos de productividad? ¿Qué valor tienen la formación ética, la educación ciudadana, la memoria histórica, la literatura, la filosofía o la capacidad de construir comunidad? ¿Son simplemente competencias adicionales que las empresas pueden utilizar cuando les conviene? ¿O constituyen dimensiones fundamentales de una sociedad democrática que no deberían estar subordinadas a la lógica del mercado?

La cuestión es especialmente relevante porque la inteligencia artificial no solo pone en riesgo ciertos empleos, sino que también nos desafía a reevaluar qué significa el conocimiento. Una máquina puede producir información, redactar textos, resolver problemas o resumir grandes cantidades de documentos. Sin embargo, la educación no consiste solo en transmitir datos. Se trata de desarrollar el juicio, aprender a distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo importante y lo secundario, lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo inconveniente. También requiere aprender a convivir con los demás y a comprender la complejidad y la responsabilidad de nuestras decisiones.

Por ello, se destaca la notable ausencia de una postura pública más firme por parte del Ministerio de Educación. Hasta ahora, ha sido principalmente el gremio docente quien ha defendido la dignidad de los maestros. El Colegio de Profesores consideró las declaraciones una falta de respeto y argumentó que reducir la labor docente a las ventas o al servicio al cliente es un error conceptual que menoscaba a quienes forman a las nuevas generaciones. La ministra de Ciencia posteriormente rectificó y afirmó que ninguna tecnología puede reemplazar el valor humano de la enseñanza. Sin embargo, persiste la duda: ¿por qué la defensa pública de ese valor ha dependido mayormente de los propios docentes?

La dificultad surge cuando la reconversión laboral se convierte en el criterio principal para evaluar la labor docente

No se trata de generar controversia entre las ministras ni de convertir un incidente desafortunado en una disputa política. Es más sencillo: cuando una autoridad estatal comparte su visión de futuro para los docentes, lo lógico es que también aclare cuál es la postura oficial del Estado respecto a esa profesión; callar puede ser una estrategia política prudente, una forma de evitar una disputa o simplemente de no intervenir. Sin embargo, sea cual sea la razón, también se envía un mensaje, especialmente cuando lo que está en juego es el reconocimiento social de una profesión fundamental para el país.

Este aspecto es especialmente importante en zonas rurales; por ejemplo, el rol de un profesor en una escuela de Maullín, San Juan de la Costa, en comunidades de Chiloé o en áreas aisladas de Palena no es exactamente el mismo que el de un profesional en una gran ciudad. En muchos territorios, la escuela sigue desempeñando un papel clave en la cohesión comunitaria. El profesor conoce a las familias, participa en la vida local, transmite cultura, conecta generaciones y, a menudo, es uno de los referentes profesionales estables de la comunidad. Limitar esta labor únicamente a habilidades transferibles al mercado tecnológico sería ignorar el valor territorial de la educación.

La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar el aprendizaje en zonas rurales, gestionar áreas remotas, fortalecer los sistemas sanitarios, optimizar procesos y facilitar el acceso a la información. Sin embargo, para lograrlo se requiere algo que ninguna tecnología puede ofrecer: entender cada territorio, incluidas sus desigualdades, su cultura, sus necesidades y sus aspiraciones. Por eso, más que preguntarnos si un docente puede convertirse en vendedor de IA, lo cual probablemente sí, o si la IA transformará la profesión docente, lo cual es inevitable, el cuestionamiento más profundo es si queremos una educación que solo atienda las demandas económicas o una que ayude a orientar la economía y la sociedad que queremos construir. Esa diferencia no se limita a las palabras: en el primer caso, preparamos personas para que se adapten a un futuro planificado por otros; en el segundo, fomentamos ciudadanos activos en esa construcción.

Quizás esa sea la temática que las declaraciones de la ministra nos invitan a confrontar. El valor del docente no está en que sus habilidades puedan ser explotadas por una empresa tecnológica, sino en que una sociedad que deja de formar personas capaces de pensar, discernir y convivir entrega a otros —y, en última instancia, a las tecnologías— la decisión sobre su propio rumbo. Más que una simple reconversión laboral, esa es la verdadera discusión que la inteligencia artificial nos exige afrontar.

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Carlos Delgado Álvarez

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