Indulto y amnistía: cheque en blanco para abusos e impunidad

El indulto a uniformados condenados por graves violaciones de derechos humanos, tanto de la dictadura como del estallido social, fue una promesa que Kast instaló desde su campaña presidencial. A ella se suma ahora una iniciativa de amnistía para el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública por su actuación durante octubre de 2019.

Primero, es importante entender la diferencia entre indultar y amnistiar. El indulto es por naturaleza particular, es decir, se debe revisar caso a caso y en Chile es una facultad exclusiva del presidente de la República; la amnistía, en cambio, es general, se establece en base a un grupo de casos que tienen características comunes durante un periodo determinado de tiempo. Concederla es una facultad del Congreso Nacional.

En ambos casos, indulto o amnistía, se trata de una decisión que contravendría las exhaustivas investigaciones realizadas por la Fiscalía y las sentencias definitivas de los tribunales que consideraron culpables a dichos uniformados. Otorgarlos significaría la disolución de cualquier responsabilidad penal ante los hechos cometidos, por más graves que sean.

Quienes impulsan estas iniciativas argumentan que buscan respaldar a policías y militares en el cumplimiento de su deber. Pero los hechos por los que fueron condenados son exactamente lo contrario: su incumplimiento más grave. Hablamos de homicidios, torturas, tratos crueles, mutilaciones y violencia sexual, crímenes que no representan el ejercicio de la función policial o militar, sino su traición absoluta.

Dicho sin eufemismos: los posibles beneficiarios de estas iniciativas no son víctimas de una justicia arbitraria. Son funcionarios condenados por crímenes gravísimos —probados ante los tribunales— que ningún reglamento permite, ninguna institución ni autoridad seria debiera defender y ningún Estado debiera amnistiar.

Las cifras no mienten, de las 11.506 denuncias realizadas ante el Ministerio Público por violaciones a los derechos humanos durante el periodo del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020, apenas el 1,9% han resultado en condena*, configurando un escenario de  impunidad estructural.

Conceder la amnistía o el indulto en alguno de estos casos, sería como entregar un cheque en blanco a las policías y fuerzas armadas para usar la fuerza sin consecuencias ni limitaciones. Nadie debiera discutir que quienes cometen delitos graves deben simplemente cumplir sus condenas, especialmente si ha hablado de “mano dura” y ha instrumentalizado la crisis de seguridad para obtener réditos políticos. No puede haber espacio para  indultos o amnistía si lo que está en juego la justicia y los derechos humanos

Por otra parte, Chile tiene obligaciones claras –tanto en virtud de su Constitución como del derecho internacional– de prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar las graves violaciones de derechos humanos. Estas obligaciones no son meramente políticas: derivan de tratados internacionales ratificados por Chile y de la jurisprudencia de tribunales internacionales.

Además, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos deja muy claro que hay cierto tipo de hechos como los crímenes de lesa humanidad o las graves violaciones de derechos humanos que no pueden ser indultadas o amnistiadas. 

Conceder la amnistía o el indulto en alguno de estos casos, sería como entregar un cheque en blanco a las policías y fuerzas armadas para usar la fuerza sin consecuencias ni limitaciones

Si el indulto o la amnistía se aprobaran, el Estado de Chile estaría incumpliendo sus compromisos y otorgándose a sí mismo un “perdonazo” por la repetición de sus errores. Esto iría absolutamente en contra de los estándares internacionales de derechos humanos e incluso de la Constitución de la República. ¿Acaso no hemos aprendido nada de uno de los periodos más oscuros y crueles de Chile? 

A las propuestas mencionadas se suman otras como la creación de una “mesa de reparación policial”, lo cual sería del todo improcedente ya que quienes están condenados no son “víctimas” sino  autores de graves violaciones de derechos humanos. Quienes sí necesitan reparación y llevan años a la espera son las familias de personas detenidas desaparecidas y las cientos de víctimas de trauma ocular y de abusos en el marco del estallido social.

Ahora bien, es indiscutible que Carabineros de Chile necesita todo el apoyo necesario para tener claridad sobre las normas del uso de la fuerza, también mejores condiciones laborales y formación específica en derechos humanos así como las medidas necesarias que aseguren la adhesión irrestricta a los derechos humanos. De hecho, es algo que llevamos recomendando desde nuestro informe ‘Ojos sobre Chile’. Pero esto no puede significar inventar reglas que funcionen sólo para algunos: las sentencias condenatorias a exuniformados son la decisión final de un tribunal, cancelarla afectaría directamente al sistema de justicia del país sembrando impunidad e indignación.

Desde Amnistía Internacional esperamos que ni las propuestas de indultos ni  la de amnistía  prosperen, ya que supondría una clara señal de retroceso e impunidad que ni el presidente ni otros poderes del Estado deberían llevar a cabo. Esto sólo cultivaría mayor indignación para las víctimas, familiares y para toda la ciudadanía, además de un terreno fértil para el negacionismo y el olvido. Un país que no tiene memoria tiende a repetir la historia. 

*Cifras entregadas por la Fiscalía Nacional de Chile, octubre de 2025. 

Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

0

3

Contenido enviado por

Amnistía Internacional Chile

Ver perfil completo

Otros contenidos del autor

Indulto y amnistía: cheque en blanco para abusos e impunidad Tarjeta roja para la democracia en el mundo Presidente Kast: gobernar es garantizar una vida digna, no glorificar la precariedad Frente al autoritarismo, la humanidad debe vencer Nuevo gobierno, mismas obligaciones en derechos humanos