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El 3 de noviembre de 2026, la Fundación para la Confianza publicó una declaración en diez láminas contra el proyecto que busca proteger a niños, niñas y adolescentes y prevenir y sancionar falsos informes y denuncias (Boletín N.º 18.326-18). Alega que desincentivaría las denuncias genuinas. Pero denunciar de buena fe, no conseguir acreditar los hechos y denunciar deliberadamente algo falso son conductas diferentes. Confundirlas transforma la persecución de una falsedad en supuesta persecución de quien denuncia.
La Fundación para la Confianza comienza descalificando el libro «Falsas denuncias», de Javier Rebolledo, porque su autor relata cómo comenzó explorando el fenómeno. Pero esa frase inicial describe el comienzo, no la investigación completa: el periodista seleccionó casos con sentencia judicial, entrevistó protagonistas, contrastó testimonios, peritajes y resoluciones, y solicitó antecedentes oficiales. No mide prevalencias, pero documenta casos que merecen estudio. La exploración es una etapa legítima de producción de conocimiento. Atrincherarse en la «cientificidad» para refutar a alguien es, esencialmente, poco científico.
La tercera lámina alega que faltan datos fiables sobre la frecuencia de las denuncias falsas. La ausencia de medición, sin embargo, no equivale a inexistencia. Recordemos la pregunta asociada a Berkeley: si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿hace ruido? Rebolledo se internó en ese bosque, escuchó caer algunos árboles, investigó sus caídas y las comunicó. Aún ignoramos cuántos han caído. Corresponde contarlos, no desoír su crujido. Estudios internacionales documentan el fenómeno y, sin que sus cifras sean directamente extrapolables a Chile, es razonable suponer por experiencia práctica que los chilenos también mentimos.
Los archivos provisionales tampoco demuestran falsedad, como destacan las láminas cuarta y quinta. Pero no demuestran verdad ni buena fe. El propio proyecto reconoce que «el solo archivo judicial no establece la falsedad de una denuncia» (p. 6). La Fundación para la Confianza presenta como una revelación contra la iniciativa algo que sus fundamentos ya dicen: un hombre de paja.
La sexta lámina resulta reveladora: 36 cuadrados representan las modificaciones del proyecto. La clasificación de Jennifer Alfaro, de Corporación Humanas, reproducida por la Fundación para la Confianza, asigna 23 a investigar o sancionar denunciantes, 11 a elevar exigencias de protección y solo dos a otras materias. No identifica, sin embargo, qué disposición corresponde a cada cuadrado ni el criterio de asignación.
Un examen individual del articulado permite distinguir diez categorías funcionales: derechos familiares, medidas cautelares, prueba, denuncias maliciosas, deberes de remisión, sanciones, cumplimiento de regímenes e interoperabilidad judicial, entre otras. Una representación gráfica considerablemente más variopinta refleja con mayor fidelidad la diversidad de funciones de esas modificaciones legales propuestas. Contar disposiciones no demuestra, por mayoría cromática, la orientación del proyecto.
La discusión tampoco puede reducirse a contraponer la seguridad de un niño y su derecho a conservar vínculos familiares. Una denuncia debe activar protección e investigación, no presumir automáticamente culpabilidad. El artículo 33 de la Ley N.º 21.675 obliga a adoptar medidas ante riesgo inminente incluso con el solo mérito de la denuncia. Precisamente por esa eficacia inmediata es imprescindible impedir su instrumentalización maliciosa, sin desproteger a las víctimas genuinas.
Proteger a las víctimas genuinas y perseguir las denuncias fabricadas son objetivos compatibles
En Chile, las causas de violencia intrafamiliar ingresadas a tribunales de familia aumentaron cerca de 70 % entre 2018 y 2025. Las derivaciones al sistema de protección especializada pasaron de 76.515 a 156.792 entre 2020 y 2024. Ambos registros muestran una creciente demanda institucional. Ciertamente ese crecimiento puede coexistir con abusos aún no denunciados, sin embargo, tampoco sabemos qué proporción de las denuncias presentadas son deliberadamente falsas: precisamente por eso debemos investigarlo.
Incluso si esa proporción fuera pequeña, «los derechos humanos no se defienden por mayoría estadística», como sostuvo Rebolledo ante la Comisión de Familia el 2 de noviembre. Proteger a las víctimas genuinas y perseguir las denuncias fabricadas son objetivos compatibles.
José Andrés Murillo escribió en «Confianza lúcida» que exigir confianza ciega abre un espacio propicio para el abuso. Ese principio debe aplicarse también a los daños aún no medidos. Una denuncia fabricada para separar injustificadamente a un niño de uno de sus progenitores constituye, también, abuso contra ese niño.
Porque no basta con combatir el abuso que sabemos identificar: también debemos estar dispuestos a reconocer aquel cuyo sonido, hasta ahora, no habíamos sabido —o querido— escuchar en el oscuro bosque judicial chileno.
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Victor Gutierrez
Es necesario intervenir desde la denuncia en la pdi hasta los momentos culmines en los PRM, en todas las instituciones se ha instaurado una mirada feminista extrema que no permite desarrollar los procesos con normalidad y sin duda para que se discuta en las camaras del congreso hay que visibilizar de forma clara un caso tras otro , atreverse, se necesitan mas testimonios que empujen a la discusión