Las memorias y la trampa del presupuesto

La reciente discusión sobre la Ley de Presupuestos en Chile ha reencendido un debate que, bajo el velo de las cifras macroeconómicas, esconde una pugna filosófica sobre la propiedad del pasado. Ante los severos recortes propuestos para las partidas de derechos humanos y sitios de memoria, la Red Nacional de Sitios de Memoria y agrupaciones han alzado la voz bajo una consigna: “La memoria histórica no puede quedar subordinada al ajuste fiscal”. El reclamo, legítimo y urgente desde la perspectiva de la gestión cultural, instala una alerta sobre la supervivencia material de los espacios que resguardan las huellas de la violencia estatal. Sin embargo, el conflicto presupuestario abre una grieta más profunda que nos obliga a mirar más allá de la coyuntura: ¿qué ocurre cuando el rescate del pasado depende del mismo Estado que lo fracturó?

Es imperativo analizar con respeto y rigurosidad la postura de las organizaciones que hoy exigen financiamiento. Sostener la infraestructura de los sitios de memoria no es un capricho estético ni un gasto superfluo. Hablamos de bienes que requieren mantenimiento, de archivos físicos que demandan condiciones técnicas específicas para no convertirse en polvo, y de trabajadores que consagran su vida a la pedagogía de la no repetición. Para estas entidades, la reparación simbólica y la conservación de la verdad jurídica son obligaciones estatales irrenunciables, consagradas en tratados internacionales que ningún gobierno debería relativizar por fluctuaciones económicas o virajes de la agenda política. Desde este prisma, el financiamiento público no es una subvención generosa, sino un deber democrático mínimo para asegurar que las pruebas materiales de la historia permanezcan accesibles al público.

Sin embargo, al encasillar el debate en la lógica de las glosas y la asignación fiscal, corremos el riesgo de caer en una trampa conceptual. Cuando la memoria histórica se supedita de forma absoluta al flujo de dinero del Estado, se institucionaliza de manera inevitable. Se transforma en museografía formal, en burocracia, en monumentos solemnes y en discursos oficiales que el poder de turno decide dosificar, validar o, como ocurre hoy, recortar. Al volverse un apéndice del erario público, el recuerdo corre el riesgo latente de perder su filo crítico, su capacidad de incomodar y de ser domesticado bajo el ropaje del «patrimonio nacional». Una memoria financiada verticalmente tiende a convertirse en una narrativa de consenso que el propio poder político considera digerible para su estabilidad.

Aquí es donde urge rescatar la idea primigenia que dio origen a la resistencia histórica: el rescate de la memoria no oficial, aquella que pertenece al bajo pueblo, al sujeto anónimo, al poblador, al obrero y a las comunidades. La historia oficial suele construirse desde las alturas, celebrando grandes nombres y gestas institucionales. En contraste, la memoria subalterna es, por definición, plebeya, dispersa y conflictiva. No habita en la solemnidad de un mármol estatal, sino en los relatos orales de las ollas comunes, en los archivos comunitarios guardados en cajas de cartón en una sede vecinal, en la música de protesta y en las cicatrices y huellas colectivas de los territorios que sufrieron la exclusión y la represión en el anonimato cotidiano.

Esta mirada nos obliga a cuestionar la excesiva dependencia del aparato estatal. ¿Puede una memoria subsistir si sus llaves, sus luces y sus salarios dependen del timbre de un ministerio? La respuesta nos sitúa en una encrucijada incómoda pero indispensable. La obsesión por la institucionalización física de la memoria puede terminar asfixiando su potencia viva. La preservación de la verdad histórica no debería ser un rehén permanente de los ciclos políticos ni de las doctrinas de austeridad fiscal del gobierno de turno. Si el relato del bajo pueblo necesita pedir permiso o financiamiento para existir en el espacio público, ya ha sido colonizado por la lógica del poder.

La preservación de la verdad histórica no debería ser un rehén permanente de los ciclos políticos ni de las doctrinas de austeridad fiscal del gobierno de turno

El verdadero desafío no consiste en ganar la batalla por la glosa del presupuesto —lo cual es necesario para la urgencia material del resguardo de evidencias—, sino en descentralizar el recuerdo. Es fundamental transitar hacia modelos donde la memoria sea tratada como un bien común administrado directamente por las comunidades, explorando la autogestión, las redes de solidaridad transnacionales y la digitalización universal y descentralizada de los archivos para que la evidencia sea incorruptible ante cualquier decreto gubernamental.

En definitiva, la encrucijada actual revela la incompatibilidad ontológica entre la memoria subalterna y el aparato burocrático del Estado. Mientras la institucionalidad requiere fijar el pasado en hitos estáticos y presupuestos auditables, el recuerdo del bajo pueblo opera como un dispositivo de resistencia cuya legitimidad no emana de la validación soberana, sino de su propia autonomía material y simbólica.

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Andres Vera Quiroz

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