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El diseño de un Estado refleja sus traumas, urgencias y los equilibrios surgidos de debates inconclusos y renuncias pragmáticas. Mientras América Latina internalizó en las décadas de 1980 y 1990 la matriz del Ombudsman o Defensor del Pueblo para fiscalizar la burocracia estatal, Chile optó por un camino singular. Tras un largo debate legislativo, el país descartó la magistratura unipersonal y dio vida en 2009 al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Esta decisión revela cómo la memoria de la postdictadura y las concesiones moldearon una arquitectura que hoy afronta una reforma radical.
Para entender esta opción, es imperativo confrontar una tensión de origen que la historiografía institucional suele soslayar. Durante la dictadura civil-militar y los albores de la recuperación democrática, el eje central de la reclamación popular apuntaba a la creación de un Defensor del Pueblo, figura comprometida en el programa original de la Concertación en 1989. Por ello, la posterior exclusión del Ombudsman ha sido leída como una claudicación ante los cerrojos de la Constitución de 1980. Bajo este prisma, un Defensor fuerte y con facultades transversales resultaba demasiado amenazante para una democracia tutelada; al mutar el diseño hacia un órgano de nicho, el poder político encapsuló la agenda de derechos humanos, dejando al ciudadano común desprotegido ante los abusos cotidianos.
A esta lectura se acopla la falta de diligencia de la clase política. Durante los gobiernos de Aylwin, Frei Ruiz-Tagle y Lagos, múltiples proyectos para un «Defensor del Ciudadano» encallaron constantemente en el Congreso debido al recelo de sectores que temían una excesiva fiscalización. Cuando en definitiva se promulgó la Ley Nº 20.405 en 2009, no se hizo desde una planificación óptima, sino bajo una lógica de resignación ante el cansancio legislativo, optando por «lo políticamente viable y en la medida de lo posible»: un órgano que no alterara esencialmente la matriz constitucional.
A diferencia del Ombudsman clásico, enfocado en la legalidad administrativa, las instituciones bajo este marco nacen con blindaje de autonomía frente al poder político y vocación técnico-promocional. El INDH se concibió como una corporación autónoma dirigida por un consejo plural de once miembros. Este diseño colegiado resolvió la desconfianza mutua de la postdictadura, agregando una herramienta inusual: la capacidad de litigar mediante querellas por violaciones graves a los derechos fundamentales. Sin embargo, esta fisonomía híbrida —que combinó estándares globales con persecución penal— situó al INDH en el centro de una profunda polarización doctrinaria y política.
El reciente proyecto de ley ingresado al Congreso por la administración del presidente José Antonio Kast expone las consecuencias de arrastrar un diseño nacido del compromiso. La iniciativa gubernamental (Mensaje N° 174-374) propone un drástico replanteamiento: eliminar la facultad del INDH para interponer querellas criminales, reemplazándola por una mera «denuncia institucional» penal ante la Fiscalía. Si bien el instituto conservaría la potestad de deducir acciones constitucionales de amparo y protección, e incorporaría formalmente la figura de amicus curiae (amigo de la corte), la reforma descompone de raíz su gobernanza interna al reducir el Consejo Directivo de once a cinco miembros.
El nuevo esquema distribuye estos cupos de forma paritaria entre el Senado (dos integrantes) y la Cámara de Diputados (dos integrantes) —ambos requiriendo quórums de cuatro séptimos—, dejando el último cupo en manos de los decanos de las facultades de Derecho. De la misma forma, la conducción operativa se externaliza mediante la creación de un Director Ejecutivo seleccionado por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
El actual escenario evidencia que cuando una sociedad no resuelve de qué y cómo proteger a sus ciudadanos, la arquitectura estatal queda eternamente expuesta a los vaivenes de sus ciclos ideológicos
Esta reingeniería tiene un impacto directo sobre la estructura y el presupuesto público. Según el informe de la Dirección de Presupuestos, el rediseño proyecta una drástica reorganización territorial que elimina las sedes fuera de Santiago, lo que implica reducir la dotación de trabajadores, profesionales y abogados. Para el Ejecutivo, estas medidas apuntan a fortalecer el rol consultivo y especializado del organismo internacional, evitando duplicidades funcionales con el Ministerio Público y generando un ahorro aproximado de $ 3.720 millones de pesos.
Esta encrucijada demuestra que las omisiones del pasado terminan por pasar factura. Al despojar al INDH de la musculatura judicial que lo distanció del Ombudsman, la propuesta arriesga dejar al ciudadano ante un doble vacío institucional: sin una entidad con dientes jurídicos para enfrentar la violencia de Estado y, simultáneamente, huérfano del Defensor del Pueblo histórico que la transición postergó.
El actual escenario evidencia que cuando una sociedad no resuelve de qué y cómo proteger a sus ciudadanos, la arquitectura estatal queda eternamente expuesta a los vaivenes de sus ciclos ideológicos.
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