¿Qué tipo de ciudadano busca construir el Estado?

La propuesta de crear un registro nacional de vándalos ha creado un debate público. Mientras sus defensores lo presentan como una herramienta para enfrentar el deterioro del espacio público y fortalecer la responsabilidad ciudadana, sus detractores advierten riesgos asociados a la estigmatización y la vulneración de derechos.

Las ciencias sociales han mostrado que las políticas públicas nunca son neutras. Además de responder a problemas concretos, expresan determinadas visiones sobre cómo debe organizarse la vida colectiva y qué comportamientos son considerados legítimos o deseables.

Desde la perspectiva de Michel Foucault, el Registro Nacional de Vándalos puede interpretarse como una tecnología de gobierno característica de las sociedades contemporáneas. En su obra Vigilar y Castigar, el filósofo describe cómo el poder moderno dejó de operar principalmente a través de castigos visibles para hacerlo mediante mecanismos de vigilancia, clasificación y normalización. El objetivo ya no consiste únicamente en sancionar una conducta, sino también en producir sujetos que internalicen determinadas normas y regulen su comportamiento en función de ellas.

Bajo esta mirada, el registro no sería solamente una herramienta destinada a identificar infractores. También constituiría un mecanismo que clasifica individuos, establece categorías y define fronteras entre quienes se ajustan a las normas de convivencia y quienes son considerados transgresores. La pregunta relevante no es si las conductas vandálicas deben ser sancionadas —sobre ello existe amplio consenso—, sino qué efectos genera la creación de dispositivos que extienden la capacidad estatal de identificar, registrar y diferenciar ciudadanos.

Sin embargo, el aporte de Foucault resulta insuficiente si no se complementa con otra cuestión. Acá Pierre Bourdieu adquiere especial relevancia. Para este autor, el Estado no solo posee el monopolio de la fuerza legítima, sino también una enorme capacidad para producir categorías de percepción social. Es decir, tiene el poder de definir cuáles son los problemas que deben preocupar a la sociedad y cuáles son los comportamientos que merecen atención pública.

Desde esta perspectiva, la discusión sobre el registro permite preguntarse por qué ciertas formas de transgresión ocupan un lugar central en la agenda pública mientras otras expresiones de daño social permanecen relativamente invisibles. No se trata de relativizar la gravedad del vandalismo ni de justificar conductas que afectan bienes comunes. Se trata de reconocer que toda sociedad escoge determinados fenómenos como prioritarios y que esa selección nunca es completamente neutral.

Bourdieu nos invita a observar cómo el poder político contribuye a construir una determinada representación de los problemas sociales. En este caso, el foco parece situarse en conductas visibles asociadas al desorden urbano y al deterioro del espacio público. La pregunta que surge entonces es qué imagen de ciudadanía emerge de esta forma de comprender la convivencia.

Una invitación para el debate democrático: preguntarnos no solo cómo corregimos ciertas conductas, sino también qué sociedad estamos construyendo cuando decidimos cuáles son las conductas que merecen ser corregidas

La respuesta parece apuntar hacia una ciudadanía definida principalmente por la adhesión a normas de comportamiento y por la responsabilidad individual frente al espacio común. Sin duda, estos elementos son importantes para la vida democrática. No obstante, cabe preguntarse si la convivencia puede explicarse únicamente a partir de decisiones individuales o si también requiere considerar factores estructurales como la desigualdad, la exclusión social, la segregación urbana o el debilitamiento de los vínculos comunitarios.

Este punto resulta relevante, la experiencia acumulada muestra que los conflictos sociales rara vez responden a una sola causa. Las conductas que afectan la convivencia deben ser abordadas y sancionadas cuando corresponde, pero también es necesario comprender las condiciones sociales que las hacen posibles. De lo contrario, existe el riesgo de reducir problemas complejos a explicaciones centradas exclusivamente en la responsabilidad individual.

La seguridad es una demanda legítima de la ciudadanía y el Estado tiene la obligación de proteger los espacios públicos y garantizar condiciones de convivencia. Sin embargo, una democracia se determina no solo por su capacidad para sancionar las transgresiones, sino también por su disposición a reflexionar críticamente sobre las herramientas que utiliza para hacerlo.

La pregunta es: ¿qué tipo de ciudadanía buscamos promover y qué papel debe desempeñar el Estado en esa tarea?

Foucault nos recuerda que toda forma de gobierno implica mecanismos de vigilancia y normalización. Bourdieu nos enseña que toda definición de un problema social supone también una disputa por el poder de nombrar la realidad. Entre ambas miradas emerge una invitación para el debate democrático: preguntarnos no solo cómo corregimos ciertas conductas, sino también qué sociedad estamos construyendo cuando decidimos cuáles son las conductas que merecen ser corregidas.

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Andres Vera Quiroz

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